Profesionales de la administración pública realizaron este viernes un ‘ruidazo’ en el marco del plan de lucha que llevan adelante para reclamar que el Gobierno reabra las paritarias y dé respuesta a los numerosos reclamos del sector. En lo que va del año, los salarios acumulan un atraso de 30 puntos frente a la inflación.
La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) repudia la falta de convocatoria a paritarias por parte del Ejecutivo provincial y el congelamiento de los sueldos del sector. Nicolás Fernández, secretario general del sindicato, explicó a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que el reclamo principal es una recomposición salarial que iguale al aumento del costo de vida. «Tenemos la paritaria congelada en el 53,4%, cuando la inflación en Jujuy alcanza el 87%», precisó.
«Ni siquiera en el año de la pandemia perdimos tanto poder adquisitivo como ahora. Estamos más de 30 puntos por debajo de la inflación», agregó.
Si bien la cuestión salarial está en el centro del reclamo, hay otros temas pendientes. El Gobierno se había comprometido a no descontar los días de huelga, algo que no cumplió. Además, están pendientes el blanqueo de los módulos de desempeño y la corrección en la liquidación de la disponibilidad permanente.
La protesta de este viernes se concentró en el Ministerio de Salud «porque hay un sinnúmero de dificultades que no están siendo abordadas ni resueltas», indicó Fernández, y reveló que desde el sindicato presentaron hace tres meses 16 propuestas «para comenzar a corregir la difícil y crítica situación del sector salud, y no hay respuestas».
Sobre la situación salarial de los trabajadores de la sanidad, el sindicalista detalló que el Gobierno aplicó desde hace tres meses un congelamiento de los sueldos que superan los 300 mil pesos de bruto, unos 280 mil de bolsillo, y planea extenderlo hasta diciembre. «Para los que cobran menos que eso, otorgó esa suma miserable de 20 mil pesos en dos tramos que dio a todos los estatales», completó.
Además, está la cuestión del blanqueo. «Nosotros somos uno de los sectores más atrasados en ese sentido. En el mejor de los casos, el profesional tiene solo un 25% de su sueldo en blanco. El resto lo cobramos o en gris, que es remunerativo no bonificable, o íntegramente en negro, que es no remunerativo no bonificable, que no aporta a la jubilación. Y hay quienes superan ese porcentaje de salario en negro», detalló Fernández.
El titular de Apuap recordó que el 2014, «cuando fue la represión en la Dirección Provincial de Rentas», se conquistó una ley de blanqueo progresivo para todos los que están en los últimos diez años de aportes jubilatorios, de manera de llegar a la jubilación con el 100% del salario en blanco. «El problema es para los que todavía no estamos en edad jubilatoria, porque la mayoría de nuestro salario es no bonificable, es decir, que no impacta en los adicionales de carrera», indicó.
Por otro lado, esta situación desfinancia al propio sindicato, la obra social, los seguros de sepelio y de vida, además de otros aspectos que dependen del porcentaje del salario en blanco.
«Es una contradicción inmensa que el estado, que debe combatir el trabajo en negro, sea el principal pagador en negro de la provincia», concluyó.
Para Fernández, la solución de estos problemas requiere de una decisión política que, a su entender, este Gobierno no asume. «Cuando asumió esta gestión, dijo que venía a profesionalizar y jerarquizar la administración pública. Pero eso no ha sucedido. Seguimos siendo menos del 5% de lo que es la masa de estatales en general», reveló.
En este sentido, precisó que de los más de 100 mil trabajadores estatales que hay en la provincia, apenas 5450 son profesionales. De estos, unos 3000, más del 50%, se desempeñan en el sector salud. De este modo, comentó, «es imposible que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a una salud pública oportuna y de calidad».
Este contexto es el que explica en buena parte la falta de recurso humano en salud. «Es muy poco apetecible para cualquier profesional venir a residir y trabajar a una provincia donde el salario está por debajo de la canasta básica total», indicó Fernández.