Segunda audiencia: la locura de unas malditas marcas

En la audiencia de hoy del segundo juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy, se escucharon dos testimonios desgarradores. La hija de Dominga Álvarez de Scurta revivió el día que fue secuestrada junto a su  madre, a quien no volvió a ver nunca, y Heriberto López recordó su detención, entre 1975 y 1982, y la de su pareja, Juana Torres Cabrera, que sigue en situación de desaparecida.

El juicio, que comenzó ayer, recorre los hechos que rodearon a las detenciones de Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Gregorio Giribaldi, Jaime Rafael Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Ernesto Turk Llapur. Salvo la docente Dominga, cuyos restos fueron hallados en 1982 en el cementerio de Yala, todos los demás permanecen como desaparecidos. En total son cuatro causas acumuladas por los delitos de secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura cívico militar.

Tanto Dominga Álvarez de Scurta como Juana Torres Cabrera fueron militantes del brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Los procesados son el entonces interventor del Servicio Penitenciario, Antonio Orlando Vargas, y los guardiacárceles Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz, quienes formaron parte de los grupos represivos en el penal de Villa Gorriti, que funcionó como Centro Clandestino de Detención.

Antonio Vargas sigue las instancias del juicio desde el Penal de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, donde cumple la condena de 25 de prisión que le fue dictada hace pocos meses al finalizar el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy.

También está procesado Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, que fue apartado del juicio por exceso de causas, ya que está procesado en tantos juicios por delitos de lesa humanidad que no tiene días libres, según explicó la presidenta del Tribunal.

“Liberar algo muy profundo”

La jornada se inició con el conmovedor relato de Claudia Scurta, hija de la docente y militante del ERP, quien relató al Tribunal Oral Federal en lo Criminal N.° 1 de Jujuy, que preside Fátima Ruíz López y los vocales Daniel Morín y Federico Díaz, que fue secuestrada junto a su madre por la fuerza policial local, en su casa ubicada en la avenida Fascio, en horas de tarde-noche del 26 de mayo de 1976.

En el momento del secuestro, Claudia Scurta tenía 15 años. En la sala de audiencias del Colegio de Abogados afirmó que al frente del grupo de tareas que allanó su domicilio y la secuestró junto a su madre estaba temible represor Ernesto Haig, el entonces jefe de la policía provincial. “Golpeó con violencia la puerta de entrada y me obligó a llevarlo al dormitorio de mi madre”.

Dos horas permanecieron los uniformados en su hogar. “Dieron vuelta la casa y encontraron libros y documentos, pero era evidente que no conocían a mi madre”, dijo la mujer, y recordó que la policía hizo entrar al bioquímico Sleibe Rahe –que ayer brindó su testimonio– para que oficiara de testigo. “Mi madre llegó después de las 17.00 a la casa y le dijo a Haig ‘es a mí, a quien buscan’”, evocó Scurta.

Más adelante relató que su madre pidió permiso para ir al baño. “Yo la acompañé, le acerqué un frasco con pastillas y ella tomó todos los comprimidos, lo que me pareció una locura”, relató.

Sobre el momento de la salida de la casa, recordó que las llevaron por separado en sendos patrulleros al Hospital Pablo Soria, donde le hicieron un lavaje de estómago. “Mientras estaba esperando por ella tuve una sensación espantosa, porque yo deseaba que muriera”, contó con lágrimas en los ojos, conmoviendo incluso a la presidenta del Tribunal, quien no pudo disimular un sollozo.

Madre e hija fueron luego trasladadas, siempre por separado, a dependencias del Comando Radioeléctrico, en el Departamento Central de Policía, donde funcionaba un Centro Clandestino de Detención (CCD). Claudia fue liberada a la mañana siguiente. Al llegar a su casa, encontró todo dado vuelta: “Como mi vida hasta ahora, que recién puedo liberar algo que tenía muy profundo”, dijo.

Dos días después pudo ver a su madre y notar las huellas en su cuerpo, producto de golpes y castigos. Una semana más tarde Dominga fue trasladada al penal de Villa Gorriti, donde también tuvo oportunidad de visitarla. “Estaba muy golpeada, le pedí que aguantara y ella me dijo que ya no podía más”, recordó Claudia.

Después de un mes, supo que su madre había sido asesinada. El cadáver fue encontrado por un baqueano en Alto Padilla, una zona rural de jurisdicción del Ejército en esta capital. En 1984, cuando el cuerpo de Dominga fue exhumado en el cementerio de Yala, tenía puesto el abrigo que Claudia vio colgado en la oficina policial.

“El penal se tiñó de verde”

El segundo testimonio de la jornada fue el de Heriberto López, quien fue pareja de Juana Torres Cabrera, detenida también en mayo de 1976 y que permanece como desaparecida. López militaba en el ERP junto a su mujer, a sus dos cuñadas –Lucía, quien presenció el testimonio de su cuñado, e Hilda, madre de Victoria Montenegro– y a su suegra, Brígida Torres Cabrera.

El hombre relató que fue detenido en la ciudad de San Pedro de Jujuy el 13 de junio de 1975, y tres días después, trasladado al Departamento Central de policía. Allí, el entonces jefe, de apellido Calderari, le dijo que era “tiempo de hablar” para que no le pasara lo mismo que a su hermano, Luis López, también militante del ERP, que había sido fusilado un año antes en la provincia de Catamarca.

Al otro día lo sacaron de allí, encapuchado. “Una hora después, por el ruido de mis pisadas y el viento que corría, me di cuenta de que estaba cerca de un río y había piedras; me tiraron contra ellas y comenzaron a golpearme”, contó López.

Poco después fue llevado a la cárcel provincial y alojado en el pabellón 3, que era para menores de edad. “En noviembre de 1975 ya nos dimos cuenta de que se había instalado el golpe militar, porque el penal se tiñó de verde”, describió, en clara alusión a que el ejército se había hecho cargo del penal.

En este punto de su testimonio, López desmintió a uno de los acusados, Antonio Orlando Vargas, quien había dicho que asumió el cargo de interventor de la cárcel el 24 de marzo de 1976, pues lo ubicó en ese puesto con anterioridad al golpe de estado. “Me torturó y me golpeó, y uno de sus golpes fue un puntapié en mi cabeza, donde todavía tengo una maldita marca que no me quiero hacer revisar por ningún médico, por las dudas”, explicó el testigo-víctima.

Al igual que muchos de los testigos que declararon en el primer juicio, López involucró a la iglesia jujeña y la acusó de complicidad con la dictadura. Aseguró que obispo de Jujuy, monseñor Miguel Medina –ya fallecido–  “bendecía las torturas y decía que la vida de cada uno de nosotros dependía de él, que tenía un rango como general del ejército”.

Dijo que en un momento de su detención ilegal llegó a ver a su cuñado, Pedro Torres Cabrera, quien le dijo que su mujer Juana también estaba en el penal. “Pero nunca la pude ver”, afirmó, y recordó que “Pedro temía por su vida porque estaba amenazado”.

Las fuerzas represoras sacaron del penal a los hermanos Pedro y Juana Torres Cabrera el 10 de junio de 1976. Nunca más se supo de ellos.

En el momento de la detención de Juana, la hija de ella y Heriberto, Laura, de un año de edad, estaba internada por problemas respiratorios. Fue entonces el abuelo quien se hizo cargo de ella, que recién pudo reencontrarse con su padre en 1982, cuando fue liberado de su detención en la cárcel de Villa Las Rosas, en la provincia de Salta.

Además de al acusado Antonio Vargas, Heriberto López identificó al teniente José Eduardo Bulgheroni, quien era el jefe de cárcel.  “Me engañó cuando me informó que Pedro y mi mujer estaban bien y fuera del país”, relató. Bulgheroni fue sentenciado este año a prisión perpetua, en el primer juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy.

López recordó también los traslados de presos políticos, que cada vez “éramos menos” en el penal, “entre cuatro y cinco, no más”.

Más adelante recordó que, en ocasión de la visita al país de la organización Amnistía Internacional, denunció los vejámenes que estaban perpetrando los militares. “Eso casi me cuesta la vida, Bulgheroni decía que mentía, que iba ser viejo cuando saliera porque las fuerzas armadas iban a gobernar por largo tiempo”.

Cómo sigue

La próxima audiencia será el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. Aún no se conoce la lista de testigos que prestarán su declaración ante el Tribunal.