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Se cumplió este viernes una jornada provincial de lucha encabezada por organizaciones sociales que dio cierre a una semana de protestas que inició el martes. Ante la falta de respuesta del gobierno provincial, que no habilitó la posibilidad de que se entregue un petitorio, advierten que convocarán a un paro provincial en conjunto con los sindicatos.
Barrios de Pie, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CCC, Nuestramérica y el Movimiento Evita, entre otras, son algunas de las organizaciones que durante cuatro días se movilizaron en San Salvador de Jujuy y otros puntos de la provincia. Reclaman que el gobierno abra una mesa de diálogo para consensuar acciones que resuelvan la grave situación económica y social en Jujuy.
«No conseguimos ningún diálogo ni ninguna respuesta del gobierno», señaló José Surita, referente del Movimiento Evita, en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), y adelantó que están convocando «a una gran asamblea provincial porque esto tiene que terminar con un gran paro de todos los sectores».
Surita remarcó que «este no es, como quiere hacer ver el gobernador, un problema solamente de las organizaciones sociales». Y mencionó la salud, la educación, los pequeños comerciantes, los trabajadores del transporte, las comunidades originarias, las Madres del Dolor y la comunidad LGBTIQ como algunos de los sectores que «están siendo olvidados y maltratados por el gobierno».
Las cuatro jornadas de protesta se desarrollaron en medio de fuertes operativos policiales que impidieron a los referentes acercarse tanto a la Casa de Gobierno como al Ministerio de Desarrollo Humano. Incluso llegaron a labrarse actas contravencionales contra algunas de las organizaciones.
«La forma de amedrentar que tiene el gobierno es sacándole la seguridad al pueblo de Jujuy para proteger la Casa de Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Humano -manifestó Surita-. Las contravenciones también son formas de intimidar, pero lo que más intimida es que te mandan policías de civil que se meten en la marcha e insultan a los automovilistas y a las personas que quizás están molestas por las marchas, y nosotros lo entendemos».
Las manifestaciones de esta semana pusieron en evidencia la diversidad de demandas que suelen expresarse de manera dispersa con protestas sectoriales. Ahora las organizaciones sociales buscan que todos los reclamos confluyan en uno solo.
«Todos los días hay un problema de distintos sectores y espacios. La diferencia es que cuando las organizaciones sociales nos juntamos, somos muchísimos», analizó Surita.
El dirigente aclaró: «Nosotros no pedimos planes. Queremos trabajo. Y queremos empezar a discutir un desarrollo productivo para todos los jujeños y jujeñas», y repasó: «Morales dijo que con Cauchari Jujuy iba a ser una de las provincias más ricas. Y ahora resulta que es la marihuana la que va a dar ingresos a la provincia. ¿Y los puestos de trabajo dónde están?»
«El 60 por ciento de los jujeños estamos debajo de la línea de la pobreza -remarcó-, pero el gobierno niega el hambre mientras la ministra Natalia Sarapura hace campaña política con el hambre de cientos de miles de familias».
Lo que piden las organizaciones es que se conforme una mesa de diálogo social. Si no hay respuesta a esta demanda, advierten que estarán «más tiempo y más gente en la calle».
En principio, van a esperar hasta el martes próximo. En tanto, se mantienen conversaciones con sindicatos con el fin de organizar «un gran paro provincial de trabajadores formales e informales», adelantó Surita.
«Llegó septiembre y nuevamente nos reencontramos con la realidad social de siempre. Salarios bajo la línea de pobreza, mayor desocupación, alimentos inalcanzables, servicios básicos y transporte público carísimos», detalló en un comunicado la UTEP.
El sindicato de la economía popular advierte que la apertura de las restricciones por la pandemia «devuelven un escenario desolador» y que «se percibe en las calles un descontento popular en los diferentes estratos sociales por conflictos salariales, falta de trabajo formal, incremento de inseguridad, falta de respuesta en términos de salud/educación y de acceso a la vivienda y constante criminalización de la protesta social.
