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Durante una conferencia de prensa, celebrada este miércoles pasado, la vocal de la Comisión Municipal de Yala, Paola Angelina y el vocal electo, en el mes de octubre, Facundo Vargas Duran denunciaron que un tarifazo en los impuestos y servicios, “costean los aumentos del sueldo del comisionado de Yala, Santiago Tizón y su equipo de trabajo”.
Angelina explicó que en la sesión extraordinaria del lunes 15 de enero fue presentado sobre tablas un proyecto de regulación del sueldo de los funcionarios que Tizón hizo aprobar entre gallos y medianoche.
“Después de analizar esa ordenanza vemos que, para los miembros de su gabinete, es decir los funcionarios que el comisionado designó, hay un 100 por ciento de aumento del básico y un 100 por ciento de aumento del adicional por representación, además de una cláusula gatillo que permite la movilidad y actualización del sueldo de acuerdo a como lo determine el gobierno provincial”.
En cuanto al sueldo de Tizón, Angelina señaló que “tiene un aumento del 100% del básico, el 30% de adicional por sesión y un 35% sobre el bruto del monto a cobrar. Según señaló la vocal, esto representaría un incremento del 50% del sueldo del comisionado.
En tanto, la vocal secretaria Romina Onder tendrá un aumento del 100% del básico, más un 30% de adicional por sesión y un 20% de adicional sobre el bruto, lo que significaría un aumento del 35% de su sueldo. “Estos aumentos, comparado con que a los empleados municipales se les congela el sueldo, nos parece una barbaridad”, expresó Angelina.
Los incrementos salariales son costeados por el aumento de la tasa de la recolección de residuos, “en Yala existen tres categorías tributarias en esta tasa: económica, común y suntuosa. En los dos primeros, hubo aumento, mientras a la suntuosa, alrededor de un 80 por ciento y aquellos vecinos de Yala con mayor poder adquisitivo, se les redujo el impuesto.
“Esto significa que el comisionado va a hacer pagar a los sectores que menos tienen la baja los más ricos y además esto le va a proporcionar el dinero para el aumento de sus sueldos”, denuncio Angelina y Vargas Durán.
La vocal de la oposición denunció además que esta ordenanza impositiva presenta puntos inconstitucionales ya que establece una tasa general de inmuebles, que no se debería cobrar, ya que se está pagando un impuesto inmobiliario a la provincia y no puede haber una doble carga tributaria.
En este sentido denunció además la llamada ‘tasa por pedido de información pública’, a la calificó como un hecho “gravísimo”, ya que según la ley provincial 5886, la información pública es libre y gratuita, y es un derecho humano.
Tizón estaría cobrando $200 por cada nota de informe que presente cualquier vecino, a lo que se sumarían otros $200 pesos ya que sería necesario presentar otra nota de ‘pronto despacho’, ya que, como según indicó la vocal, “nunca responden los pedidos de informe”.
