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La dirigente social Milagro Sala fue trasladada esta mañana a dependencias del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para informarle de una nueva imputación en su contra. La acusan de haber instigado a los vecinos del barrio Campo Verde que en marzo pasado protestaron para defender su espacio verde y fueron brutalmente reprimidos por la policía. Por esos hechos, el Estado provincial fue denunciado ante organismos internacionales de derechos humanos.
Sala fue trasladada desde su domicilio en el barrio de Cuyaya, donde cumple prisión domiciliaria. «La están vinculando a la investigación de Campo Verde, como instigadora, como si ella fuese quien mandó a los vecinos a ocupar la cancha», explicó a El Submarino Diario uno de sus abogados, Ariel Ruarte.
«Otra causa más, gracias a Gerardo Morales y Rubén Rivarola», alcanzó a decir Sala en el momento de entrar a la Unidad Fiscal Especializada ubicada en la calle Urquiza de San Salvador de Jujuy.
Los hechos
El 17 de marzo pasado, la policía liberó violentamente el espacio verde donde había una cancha de fútbol, para que una empresa constructora inicie los primeros trabajos para edificar el Colegio Secundario N°39. Los vecinos pedían que la obra se hiciera en otro lugar del barrio, porque en la cancha desarrollaban actividades de contención y recreativas.
El violento desalojo fue con gases lacrimógenos y balas de goma, mientras los vecinos resistían al ataque policial como podían. Actuó también la policía montada.
Ya había habido actos represivos entre 8 y 9 de marzo, cuando en medio de la noche habían llegado camiones y máquinas para iniciar la obra, con una fuerte custodia policial.
A partir de esos hechos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le envió al gobierno provincial una nota interiorizándose de la situación. La respuesta sorprendió: desde el área de Derechos Humanos de Jujuy aseguraron que no hubo represión sino que fueron los vecinos quienes se violentaron. «La verdad que no esperábamos una respuesta en ese sentido», afirmó Mariano Przybylski, Director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, de la SDHN.
Por otro lado, los vecinos del barrio Campo Verde, apoyados por la Coordinadora contra la Represión y la Criminalización de la Protesta, presentaron una solicitud de audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el recrudecimiento de la violencia institucional en la provincia, tras lo ocurrido en el mes de marzo.
Campo Verde: Un barrio sitiado por policías y con vecinos devastados por el miedo
