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La ministra de Salud, Carla Vizzotti, ratificó este miércoles que «se ha visto una disminución» del crecimiento de casos de coronavirus en todo el país como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas en todas las jurisdicciones. Lo hizo al exponer en el Senado durante en un plenario en el que se buscará aprobar el proyecto del Gobierno sobre criterios epidemiológicos ante la pandemia.
«Recién ahora en la semana 17 se registra una disminución que todavía hay que ver la tendencia, pero por primera vez en todo el país y también en el AMBA se está intensificado esa tendencia de dejar de aumentar el número de casos todavía con tensión en el sistema de salud», explicó la funcionaria ante los senadores de las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales.
El proyecto de ley oficial sobre criterios epidemiológicos para combatir la pandemia de coronavirus en todo el país comenzó a ser debatido esta mañana en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara de Senadores, con el objetivo de llevarlo al recinto la semana próxima.
La reunión comenzó poco después de las 10:00 y mediante el sistema de videoconferencia, de acuerdo con lo conversado entre los presidentes de las comisiones de Salud, Mario Fiad; y de Asuntos Constitucionales María de los Ángeles Sacnun.
También participó la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien consideró que «es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos» en medio de una pandemia y destacó la importancia de contar con apoyo del Congreso para sancionar una ley que reglamente los parámetros sanitarios para establecer las medidas para mitigar la expansión del virus.
Ibarra declaró que el Gobierno acude al Congreso «con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco previsible y que cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo con la situación en que viven».
La intención del oficialismo es emitir dictamen este miércoles, con el objetivo de llevar el tema al recinto la semana que viene y que Diputados lo convierta en ley antes del 22 de mayo, cuando caduca el actual Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández y que faculta a los gobernadores a adoptar restricciones, según el riesgo epidemiológico de los distritos.
El jefe bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, señaló ayer que la idea es que tras el tratamiento en comisión se le dé “el despacho favorable” para “tratarlo la semana que viene” en el recinto de la Cámara alta, “una vez que se cumplan los siete días y pasarlo para Diputados” para completar su proceso parlamentario.
La iniciativa dispone un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus y tiene como finalidad «proteger la salud pública» y «establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país».
El proyecto reúne los criterios sostenidos en los DNU firmados por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, y hace hincapié en las reuniones sociales, el teletrabajo y el dictado de clases presenciales, aunque cada restricción debe ser consensuada con autoridades provinciales.
El senador Alfredo Luenzo (Chubut somos Todos) aseguró el martes que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para establecer un criterio federal respecto a las medidas restrictivas ante el coronavirus «es un modo de estandarizar qué es lo que cada uno debe hacer, siempre respetando la decisión de cada uno de los Gobiernos provinciales».
Luenzo exhortó al Congreso a tratar la iniciativa de manera urgente, dado que «hay más de 500 argentinos que se mueren todos los días en Argentina» en el medio de «picos de contagios en una segunda ola, donde el mundo lleva un aprendizaje constante de qué hacer y cómo enfrentarlo», remarcó.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que el proyecto «no otorga ninguna clase de superpoderes» al Ejecutivo sino que incluso implica una «delegación legislativa», a la vez que «cumple con las exigencias argumentales» establecidas por la Corte Suprema de Justicia sobre la autonomía de los distritos.
El lunes, tras el envío de la normativa al Congreso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó que busca «definir con criterios objetivos las diferentes instancias epidemiológicas» y «parámetros» que permitan que la actividad económica continúe en las distintas jurisdicciones del país.
Cafiero también le respondió a Juntos por el Cambio por su rechazo al proyecto oficial y sostuvo que «si ellos tienen que cumplir con algún mandato desde Miami, es un problema que lo tendrán que resolver con su conciencia y con el pueblo argentino».
La Casa Rosada insiste con la posibilidad de que el debate parlamentario genere cambios en el proyecto, en el marco de un «diálogo siempre buscado» con la oposición.
El proyecto
La propuesta del Ejecutivo propone «reglas generales para todo el país en las que se incluyen medidas de prevención, como uso obligatorio de barbijo, ventilación; y luego, la segmentación por riesgo epidemiológico».
En las zonas de bajo riesgo «se aplican las conductas generales de prevención» y luego, de acuerdo con diversos criterios sanitarios, que contemplan -entre otros puntos- la incidencia de casos, se va subiendo en la escala de las medidas.
En lugares designados como «riesgo medio», aparecen otras restricciones como las reuniones en casas particulares.
En aquellos que estén en «alto riesgo, se agrega por ley, la prohibición de las reuniones familiares, el cierre de salones de fiesta y de salones gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos, reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación».
«También se plantea medidas adicionales por parte de los gobernadores. Si las medidas no funcionan tras 21 días, se da potestad al Gobierno nacional para tomar medidas para evitar pasar a alerta», señalaron las fuentes.
El estado de «alarma» es caracterizado por la cercanía de una saturación del sistema sanitario.
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