La Iglesia pidió «plebiscito vinculante» sobre reforma constitucional en Jujuy

La Iglesia católica, a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, pidió hoy que «se convoque a los jujeños y jujeñas a participar en un diálogo paciente y ordenado» sobre la reforma de la Constitución en Jujuy y que «el resultado de ese diálogo sea sometido a un plebiscito vinculante».

Lo hizo a través de un documento en el que consideró «legítimo que quienes estén en desacuerdo con normas incluidas en esa Constitución» sometida a reforma por el gobierno de Gerardo Morales «reclamen ser escuchados».

La Comisión, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), destacó el llamado de monseñor César Fernández, obispo de Jujuy, quien instó «al diálogo sincero entre las autoridades y los distintos grupos de hermanos y hermanas que se encuentran en conflicto» y dijo que «todo se puede lograr con el diálogo y todo se pierde cuando la palabra cede el paso a la violencia».

Purmamarca

«Pedimos que se convoque a todos los jujeños y jujeñas a participar en un diálogo paciente y ordenado acerca de sus normas y que el resultado de ese diálogo sea sometido a un plebiscito vinculante», enfatizó.

Tras señalar que «la sanción de una nueva Constitución en la provincia de Jujuy ha originado movilizaciones en todas las ciudades y pueblos jujeños» por parte de diversos sectores sociales, incluidas «instituciones de nuestra Iglesia», la Comisión dijo que «el gobierno ha prohibido esas manifestaciones y reprimido y detenido manifestantes, alegando que eran personas que estaban realizando actos de violencia».

«Recordamos que la Doctrina Social de la Iglesia señala que ‘consecuencia característica de la subsidiaridad es la participación, que se expresa, esencialmente, en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece'», advirtió.

Y destacó que «‘la participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común. La participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social, dada su importancia para el crecimiento'».

“Jujuy: una reforma a fuerza de balas”

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), organismo de la Iglesia Católica, dio a conocer una declaración titulada “Jujuy: una reforma a fuerza de balas”, en la que se señala que “a espaldas de las Comunidades Indígenas” el gobierno provincial avanza en una reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy “vulnerando derechos y garantías constitucionales, así como compromisos asumidos por el país a nivel internacional”.

En su declaración, ENDEPA repudió “todo intento de imponer una reforma constitucional provincial sin consulta previa a las comunidades indígenas y con violencia hacia cualquier sector de la ciudadanía que se manifieste en contra”.

Denuncia también que “durante estos días se ha vivido un clima de extrema gravedad institucional” configurado por una situación que se describe como “comunidades indígenas reclamando en defensa de sus derechos y el Estado enviando sus fuerzas para repeler cualquier atisbo de oposición”.

En el documento se señala “la falta de diálogo de las autoridades provinciales” y se recuerda que “las comunidades indígenas de Jujuy hoy reclaman por la falta de consulta a nivel constitucional, pero desde hace años lo vienen haciendo por el acceso a sus derechos territoriales, por el agua, por la contaminación en sus territorios, por las deficiencias en el sistema de salud y educación, por la discriminación constante y el racismo que permea a todas las estructuras públicas, incluidos los tres poderes del Estado”.

Entre otros considerandos ENDEPA pide que se dé “fiel cumplimiento al texto constitucional y a los tratados internacionales” recordando que el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) “impone a los Estados la obligación de realizar el proceso de consulta previa a las Comunidades Indígenas respecto de toda medida administrativa o legislativa que pudiera afectarles, debiendo realizarse de buena fe, a través de mecanismos adecuados culturalmente y mediante las instituciones representativas, entre otros estándares”. Según el organismo católico este proceso ha estado “absolutamente ausente en esta reforma constitucional jujeña”.

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