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Integrantes de la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional entregaron al Obispo de la Diócesis de Jujuy, César Fernández, y al secretario de Seguridad de la provincia, Jorge Zurueta, el informe sobre casos de violencia institucional en la provincia relevados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En el informe se destaca la necesidad de sumariar y apartar a policías involucrados y establecer protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad.
En el informe se mencionan los casos relevados a lo largo del año 2013, así como las insuficientes respuestas institucionales que recibieron las víctimas. Las prácticas violatorias de derechos humanos de parte de efectivos de la policía provincial, explicita la nota, “se sostienen en el tiempo, evidenciando la ausencia de control político sobre las fuerzas de seguridad, y la connivencia e indiferencia de la justicia provincial ante estos hechos de violencia institucional”.
La máxima autoridad eclesiástica de la provincia mencionó que está al tanto de la problemática ya que le llegan con frecuencia casos de este tipo, por parte de fieles que se acercan con angustia y desesperación. En este sentido, solicitó orientación para saber dónde derivar los casos y cómo tratarlos. Señaló también que conoce la realidad de San Pedro y Libertador, lugares donde la Mesa realiza un seguimiento de casos de violencia institucional.
Se solicitó la colaboración del obispo dada la importancia de su rol en gran parte de la comunidad jujeña, para lograr generar consciencia sobre ésta problemática y brindar claridad sobre el concepto ya que muchas veces los medios de comunicación y algunos políticos lo abordan confusamente.
Se conversó también sobre las prácticas de tortura propias de la época de la dictadura que se siguen reproduciendo en las comisarías. El obispo señaló que si bien el gobierno nacional ha avanzado mucho en derechos humanos, aún quedan «focos oscuros».
En un mensaje esperanzador mencionó que si bien esto existió y perdura, “no implica bajar los brazos. Si bien es difícil, hay que sumar voluntades para crear conciencia social porque no se puede permitir que esto siga pasando».
Posteriormente los representantes de la Mesa Coordinadora se reunieron con Jorge Zurueta, titular de la Secretaría de Seguridad y durante el encuentro, se trataron temas específicos sobre los casos que la Mesa sigue en San Pedro de Jujuy y otros lugares de la provincia.
Se remarcó en consonancia con la nota del CELS y la Secretaría de DDHH de la Nación, la necesidad de tres medidas ineludibles: la iniciación de los correspondientes sumarios administrativos para el esclarecimiento de los hechos ocurrido respecto de los policías intervinientes en los hechos de violencia; el apartamiento preventivo de los oficiales que fueran reconocidos y mencionados repetidas veces por parte de las víctimas y por último, el desarrollo de protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad a los fines de que haya un criterio transparente sobre qué conductas comprende el accionar regular de un oficial de policía.
También se conversó sobre las condiciones e irregularidades en el servicio penitenciario como la existencia de celdas de castigo y las pésimas condiciones ambientales, como la proliferación de chinches y pulgas con las que conviven los presos.
El Secretario de Seguridad por su lado compartió los cambios en marcha en el área, particularmente emprendimientos para mejorar las condiciones de detención en comisarías.
Solicitó a su vez, copia de los expedientes de las causas judiciales que la Mesa Coordinadora lleva e informes sobre casos que todavía no han adquirido ese rango. Todo eso con el fin de tomar mayor conocimiento del tema e intervenir en ellos.
Pidió la colaboración de los presentes para empezar a tratar posibles protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad con el fin de evitar abusos, excesos o cualquier delito de violencia institucional.
¿A qué se llama violencia institucional?
Se entiende por violencia institucional a la aplicación de prácticas que resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas llevadas a cabo por agentes estatales en uso de las facultades otorgadas en el marco de un estado de derecho. Las mismas conforman violaciones a los derechos humanos.
