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El proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad a 15 años generó mucha controversia desde su anuncio. En la provincia, hay voces en contra y otras a favor. Los que apoyan, afirman que es necesario los cambios a la norma, mientras los críticos, ya expresaron su rechazo.
La jueza de menores de Jujuy, Pilar Medina, señaló que “esto lo venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Considero que se tiene que bajar la edad de la imputabilidad, pero este elemento solo no va a servir de nada si no va acompañado de medidas indispensables que tiene que ir aparejado con un buen presupuesto para que cada provincia pueda hacer realidad la ley”.
“El presupuesto tiene que establecer a donde irían, porque en este momento los establecimientos que tenemos son muy chicos. Tenemos situaciones al límite y realmente estamos quedándonos con situaciones graves para tener a los chicos. Son lugares que albergan no más de 14 chicos”, detalló.
El titular del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, Sergio Lello dijo que bajar la edad de imputabilidad no es la solución. “No creo que la solución pase por bajar la imputabilidad, no es un tema aritmético. Hace falta una inversión en cuestiones previas, como que los adolescentes sean integrados socialmente”.
Entre los artículos principales del proyecto que debatirán los legisladores sobresale que aquellos menores que cuenten con 15 años sólo se les aplicará el régimen cuando cometieren “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. Se enmarca como delitos graves a homicidios, violaciones o abusos sexuales agravados, secuestros extorsivos o robos con armas de fuego.
El proyecto crea un régimen especial de prescripción de la acción penal e introduce la posibilidad de resolver conflictos a través de la mediación, conciliación o remisión, con un nuevo instituto que declara extinguida la acción y busca darles una solución no punitiva, siempre de acuerdo al criterio de los fiscales.
El artículo 12 establece que “la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible” y que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.
“Hoy no ocurre que los menores sean trasladados a penales”, aclaró Lello y pidió entablar más dialogo con los jóvenes, buscando soluciones alternativas. “Hoy los fiscales tienen un rol menor y quien toma las decisiones es el juez. El fiscal no aplica criterios y con este proyecto se podrá hacer”.
Por su parte, la presidenta de la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, Gabriela Burgos (UCR l Frente Cambia Jujuy) consideró que es “imprescindible avanzar en una reforma del régimen penal juvenil”, al recordar que el sistema vigente “es una ley del año 1980, dictada en la última dictadura militar”. En base a declaraciones a la prensa efectuadas ayer, apuntó que la norma vigente “se ampara en un modelo tutelar que vulnera derechos y garantías” de los menores en conflicto con la ley, aclaró.
Sostuvo que “contar con una regulación acorde a las directivas internacionales en la materia, significaría saldar esta deuda con la democracia y con la ciudadanía”, y aseguró que se trata de “un compromiso que Cambiemos asumió desde el primer día”.
Tras confirmar que se conformó una comisión para continuar trabajando en la redacción del texto, Burgos dijo que se espera “el pronto ingreso” del proyecto en el Congreso, y a partir de allí, “se abrirá la discusión con el objeto de llegar a una ley basada en el consenso que permita el acceso a la justicia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. En ese sentido, sostuvo que “más importante que la cuestión de la baja o no de la edad de imputabilidad un año y sólo para los delitos más graves, como se ha planteado en alguna oportunidad, es la posibilidad de que a los y las adolescentes se les garanticen sus derechos cuando se encuentren en conflicto con la ley”.
La senadora nacional de la UCR, Silvia Giacoppo, apoya al proyecto de ley y agregó que se planteó como una cuestión central en materia de justicia (y que forma parte del programa Justicia 2020 del Poder Ejecutivo Nacional) y que se viene trabajando al respecto, desde hace 2 años con la participación y el aporte de los distintos sectores políticos y diversos actores del sistema”, lo cual, permitió el enriquecimiento del tema para dar forma al proyecto que sería tratado el mes próximo en la Cámara baja a través de una Sesión extraordinaria.
