Amnistía Internacional: «Estamos preocupados por la arbitrariedad de la detención de Milagro Sala»

Por Daniel Jatimliansky, InfoNews. Tras casi 7 meses de detención y con 9 causas en su contra (7 de ellas en etapa de instrucción, donde se recopilan las pruebas, y el resto en casación -una referida a un escrache a Gerardo Morales en 2009 por amenazas y daño agravado, y la otra por supuestas amenazas coactivas a una seccional policial- a la espera de que sean elevadas o no a Juicio Oral), continúan los reclamos sobre la imparcialidad del Poder Judicial en Jujuy.

Sobre todo en lo que respecta a las acusaciones contra dirigentes y ex dirigentes de las cooperativas de la agrupación Túpac Amaru, encabezada por Milagro Sala. En ese sentido, la directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, admitió que desde la institución están «preocupados por la situación» en la Provincia.

-¿En qué estado está la «acción urgente» emitida por Amnistía el 19 de enero, donde se pidió la libertad Milagro Sala, y el resto de las denuncias internacionales que hicieron?

-El impacto de la «acción urgente» es que tenga un límite temporal, independientemente de que la causa siga. Sí mantuvimos las denuncias frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y frente al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (de la Organización de las Naciones Unidas, ONU). Es un ida y vuelta entre estos organismos, el Estado y las organizaciones que lo presentamos, en este caso junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (Andhes). El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias estará sesionando el 22 de agosto y una de las expectativas es que sesione sobre el caso de Milagro Sala para, eventualmente, emitir un pronunciamiento.

-Cuando fue detenida por la causa del acampe, Amnistía se pronunció en favor de la libertad de Sala, ¿mantienen esa posición ahora que hay un total de 9 causas?

-Hoy no está más en libertad por la causa primera, que fue la del acampe y que motivó nuestro involucramiento. Sí cuestionamos una detención arbitraria que se subsanó, si querés, con la privación de la libertad en otra causa, en un contexto bastante particular: El día que la excarcelan por el caso de protesta, el mismo juez en otra causa la priva de su libertad y no llega a salir del penal. Eso nos llama particularmente la atención. Además, estuvo 104 días detenida sin un auto de prisión preventiva.

-Pero luego se dicta un auto de prisión preventiva.

-Luego se dicta el auto de prisión preventiva y los argumentos por los cuales continúa esa privación de la libertad son cuanto menos cuestionables. Eso es lo que transmitimos a las instancias internacionales. La prisión preventiva tiene toda la excepcionalidad de la aplicación del derecho penal: uno es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Y, para justificar que una persona tiene que esperar una condena privada de su libertad, el Estado tiene que demostrar que existe un peligro de fuga real o un entorpecimiento de la causa. Tenemos muchas observaciones con respecto al auto de prisión preventiva que se dictó en este caso.

-¿Cuáles son las observaciones?

-La principal es que el primer motivo por el cual se la priva de su libertad es un hecho absolutamente legal. En el sentido de que es protestar, por más que lo llames tumulto o como se llamó en la causa por los delitos que se la imputó («Instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real»). Los dichos, tanto de las autoridades como la causa en sí misma o las comunicaciones que se envían a las instancias internacionales dan cuenta de que el motivo por el cual se la detiene es el acampe. De hecho, ellos en muchas de las comunicaciones la llaman la causa del acampe, más claro imposible.

-¿Quiénes la llamaban así en las comunicaciones?

-La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación muchas veces consulta a la Provincia sobre el estado de situación, porque es quien tiene la información de primera mano. Esas comunicaciones parten de información de la Provincia, información que elabora la propia Secretaría y que después también incorpora la Cancillería. En la Argentina, esos actores intervienen en las respuestas a las instancias internacionales. Son las comunicaciones a las que me refiero.

-¿Y el resto de las observaciones que tiene Amnistía cuáles son?

-La segunda observación tiene que ver con la arbitrariedad de la detención producto de la falta de un auto de prisión preventiva y la falta de un derecho de defensa. Si no tengo un auto de prisión preventiva, básicamente no puedo cuestionar la medida, sin un auto de prisión preventiva Milagro Sala estaba en una situación de absoluta indefensión porque no tenía una medida que cuestionar para ser liberada. Eso ocurrió durante 104 días. Otra cosa que también cuestionamos, en este contexto, es si está protegida la imparcialidad del Poder Judicial. Lo cierto es que muchas manifestaciones de parte del poder político a la hora de haber sido detenida inducían mucho a la Justicia, transmitían información a la Justicia sobre qué es lo que debería hacer. Y, en nuestra lógica de preservación de la división de poderes, eso no es legal.

-¿Se pronunciaron sobre los fueros que tendría por ser parlamentaria del Mercosur?

-En el marco de nuestras comunicaciones internacionales, nos hemos pronunciado diciendo que estaba protegida por esta inmunidad siendo miembro del Parlasur, pese a que nunca pudo asumir. El motivo por el cual no pudo asumir es porque estaba privada de su libertad. El mismo Parlasur se pronunció en este sentido. No hay ningún motivo, hoy, para suponer que esas inmunidades no deben aplicarse.

-¿Están dadas las condiciones en Jujuy para que se resguarden las garantías procesales?

-Básicamente, es lo que exigimos. Es la obligación del Estado Argentino. Hablamos del Estado Nacional y de sus provincias, que es garantizar el debido proceso y las garantías procesales que tienen todas las personas. Parte de las observaciones tienen que ver con que estamos preocupados con respecto a la arbitrariedad de su detención, su posibilidad de defensa y, sobre todo, la imparcialidad de la Justicia. En ese contexto estamos claramente preocupados por la situación en Jujuy.

-De acuerdo con Amnistía, ¿Milagro Sala es una presa política o no?

-Los estándares que tiene Amnistía Internacional para definir un preso político atraviesan un análisis interno que, hoy, técnicamente en términos de lo que Amnistía reconoce, no podríamos decirlo en esos términos. Desde una posición institucional, hoy no estamos en condiciones de decir eso.