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La causa iniciada por la denuncia por abuso sexual contra el entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Pablo Baca, quedó paralizada sin que se haya dictado ninguna imputación. Hernán Elías, el abogado de la denunciante, Ana Juárez Orieta, consideró que «hay alguna orden para que no se investigue».
Juárez Orieta denunció que Baca abusó sexualmente de ella en agosto de 2019. A comienzos de marzo pasado, ratificó y amplió la denuncia.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), su abogado cargó contra el fiscal Carlos Ariel GIl Urquiola: «Su función es investigar y descubrir la verdad de los hechos que se denuncian», afirmó, y agregó que si la causa llegara a caer por prescripción «tendremos que pedirle las respuestas necesarias».
-¿En qué estado se encuentra la causa por la denuncia contra Pablo Baca?
-La mala noticia es que está totalmente paralizada. Así quedó después de una testimonial que presentamos nosotros. Ese fue el último acto procesal. De ahí en más, absolutamente nada.
-¿Esa fue la testimonial de Ana Juárez Orieta, u otra?
-No, fue otro testigo, la persona que tiene contacto con Ana una vez que ocurrieron los hechos. Declaró de manera presencial unos días antes que se declarara la cuarentena ante el fiscal Gil Urquiola, que es quien llevaba en ese momento la investigación. Ocurre que como somos parte denunciante y no se había hecho todavía imputación, aún estaba en etapa de investigación, no pudimos consituirnos como querellantes. Y después se paralizó todo y todavía no pudimos. Es una locura, pero así estamos con esta y otras causas. Es lo que pasa en el MPA; algunas causas caminan muy rápido y otras están paradas.
-¿Cree que la causa contra Baca está cajoneada?
-Esa es la duda que tenemos. Por ejemplo, yo tengo una causa contra la diputada Débora Juárez Orieta, de quien también soy su abogado, que camina rapidísimo. Y la otra, en contra del expresidente del Superior Tribunal, está paralizada. No queda más que pensar que está cajoneada.
-¿De qué se trata la causa contra la diputada?
-Es una falsa denuncia presentada en su momento por la venta de unos terrenos en Fraile Pintado, que son de su propiedad. Se denunció como que eran negocios incompatibles con la función pública, porque dicen que fue electa concejal de Fraile en 2012, pero ella fue electa en 2013. A raíz de eso hubo denuncias de vecinos de ese barrio, todos empleados municipales que responden al actual intendente Iván Poncio, y se inició una causa en la que se produjeron una serie de desaciertos procesales, como el allanamiento a la casa de una diputada sin siquiera tomarle indagatoria, que es el paso previo que pide el Código de Procedimientos de la Provincia. Una serie de irregularidades que apelamos y estamos esperando que resuelva la Cámara de Apelaciones, y a la vez presentamos un recurso en el Superior Tribunal.
-¿En la causa contra Baca hicieron alguna presentación?
-No tuvimos ningún tipo de respuesta aún. Yo intenté comunicarme con el fiscal y nunca pude hablar. Los edificios del Ministerio Público de la Acusación están cerrados, se hace todo digital, pero no me pude comunicar ni tuve respuesta del fiscal.
-¿Hay riesgo de que prescriba o se caiga la causa?
-La promoción de la investigación depende exclusivamente del fiscal. Si llegara a pasar eso, tendrá las responsabilidades correspondientes. Su función es investigar y descubrir la verdad de los hechos que se denuncian. Si fuera así, tendremos que pedirle las respuestas necesarias. Porque no sabemos por qué no se ha producido ningún otro acto procesal en la investigación.
-¿Qué lectura hace de esta situación?
-Definitivamente, hay alguna orden, no sabemos de dónde, para que no se investigue. No queda otra posibilidad. Se denunció, se presentó el testigo clave, que es quien estuvo con Ana minutos después de los hechos. Hay elementos de sobra para hacer una imputación y hasta la fecha no ha pasado.
