Atentado a la AMIA: Archivos secretos revelan la responsabilidad del Estado

Por Sonia Tessa, en Página/12. El 18 de julio de 1997, Laura Ginsberg tenía 39 años. Ese día, en el acto por el tercer aniversario del atentado contra la AMIA, se plantó en el escenario: “Yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de consentir la impunidad, de consentir la indiferencia de los que saben y callan, de consentir la inseguridad, la impericia y la ineptitud… Yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de encubrir la conexión local, que sirvió para matar a nuestros familiares”. Su esposo -José Enrique Ginsberg- era uno de los 85 muertos en el ataque contra la mutual.

Aquellas palabras provocaron terremotos. Hoy, tienen confirmaciones. En junio, poco antes del aniversario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado argentino y expresó, con contundencia: “Ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal”.

Ginsberg fue expulsada de Memoria Activa, y se convirtió -en 2002- en una de las fundadoras de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia). En su documento fundacional, reclamaron la apertura de los archivos secretos. La opinión generalizada era que no había tales archivos, pero la historia reciente demostraba lo contrario: la SIDE, el aparato represivo, siempre documenta sus acciones.

Tras una larga lucha, que incluyó un decreto nacional para desclasificar esos archivos que sin embargo no se materializó rápida ni completamente, pudieron llegar a algunos documentos. Y, más allá de la opinión de la propia Corte IDH, o de otras agrupaciones, desde Apemia consideran que no puede limitarse a un archivo de la memoria. “Lo que hay que hacer es tratar de acceder por todos los medios al conocimiento de la verdad”, sostiene.

En el trigésimo aniversario, las primeras certezas serán ventiladas en un acto que se realizará este jueves a las 18 en el Salón de Actos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (Uruguay 485 Planta Baja), con un título elocuente: “Abrir los archivos del Estado para terminar con el pacto de impunidad y la historia oficial”.

Además de Ginsberg y Pablo Gitter, de Apemia, participarán el abogado Martín Alderete, el periodista Alejandro Bercovich y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. “Presentaremos las primeras conclusiones de nuestro trabajo de investigación sobre los archivos secretos del caso AMIA”.

En 1997, los familiares hicieron la primera denuncia contra el Estado por encubrimiento. En tres décadas pasaron tres juicios. “Se llevaron 10 años de nuestras vidas, y cuando digo que atravesamos tres juicios era porque estábamos sentados ahí en las salas y en cada una de las audiencias que se hacían en Comodoro Py. El resultado de esos 10 años es que no hay condenados, no hay acusados. Están todos en libertad y lo que sí se fue construyendo durante todos estos años, que también apareció desde el momento uno, fue lo que nosotros denominamos la construcción de la historia oficial del atentado y de quiénes son los responsables del atentado”.

El atentado a la AMIA fue declarado delito de lesa humanidad en 2006, de modo que la posibilidad de su juzgamiento no prescribe. La principal dificultad para acceder a la verdad ha sido -tal como sostiene Apemia y resolvió la Corte IDH- el accionar del Estado argentino.

“Nosotros siempre dijimos que el crimen de la AMIA es un crimen político y había que abordarlo desde ese contexto», subraya. Y sostiene: «De a poco nos fuimos dando cuenta de que no se trataba de un problema de la política interna de nuestro país, sino que había un contexto internacional, que también era determinante y fue determinante desde el principio”, plantea la activista, que sostiene la falta de pruebas para acusar a Hezbollah y el estado de Irán. Por eso también emitieron un comunicado crítico con el proyecto de juzgamiento en ausencia que presentaron el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

‘El Estado intervino’

Para Apemia, hay mucho más que encubrimiento. “No solamente se trataba de un Estado que encubrió un crimen, sino que se trata de un Estado que intervino en el crimen, que fue una operación de inteligencia”.

La hipótesis fue construida en 30 años, en base a la experiencia que atravesaron en los juicios, en la actividad política, en los debates y en un seguimiento minucioso de la información pública. “Tener acceso a esos documentos que estuvieron escondidos durante 30 años, es muy importante porque es la manera que vamos a tener para corroborar esta hipótesis de la responsabilidad del Estado nacional”, estimó Ginsberg.

El 18 de julio de 1994, la democracia tenía poco más de diez años. El aparato represivo del Estado estaba intacto, fresco. “Si nos paramos hoy y miramos para atrás, decimos que, cuando ocurrió el atentado hacía muy poco que habíamos empezado a transitar la vida en democracia. Y por eso sostenemos que la bomba en la AMIA ha sido una especie de bisagra en la historia de nuestro país, porque se pudo llevar a cabo porque se mantenía -se mantiene hasta el día de hoy-, un vínculo directo con el aparato represivo del Estado que funcionó durante toda la dictadura militar, secuestrando, torturando, matando compañeros y eso no se esfumó el 10 de diciembre del 83”, describe Ginsberg.

Ese aparato “siguió funcionando” y “los elementos descompuestos y no tan descompuestos -porque seguían en actividad-, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, de los servicios de inteligencia, estuvieron al servicio de cometer este crimen. Por eso decimos que fue una operación de inteligencia donde el Estado argentino tiene su responsabilidad”.

Continuidad

La continuidad del aparato represivo es remarcada por Apemia. “Cuando analizamos los documentos de SIDE es muy notable, es muy fácil de establecer. Nosotros cuando todavía no teníamos los documentos, decíamos qué pasó en nuestro país que recién empezaba el período democrático y en tres años tuvimos tres bombas. La embajada de Israel (el 17 de marzo de 1992), la AMIA y la explosión de Río Tercero (3 de noviembre de 1995), donde volaron un pueblo entero. Y no me van a decir que la responsabilidad de la bomba en Río Tercero fue de Irán, porque es imposible. A partir de ese período, la Argentina empezó a jugar un papel determinado en el contexto internacional, que arrancó porque en el año 97 la Argentina fue incorporada como miembro extra OTAN”, hila Ginsberg las complejidades de un entramado que destruyó la sede de Pasteur 633.

Una actuación internacional con continuidad. “Después del atentado a las Torres Gemelas de septiembre del 2001, Argentina comenzó a jugar un papel fundamental como desarrolladora de las políticas regionales de la lucha contra el terrorismo internacional. En nombre de los atentados que vivió nuestro país, cuando todavía el terrorismo internacional no existía, Argentina sirvió como una especie de laboratorio de preparación de esas políticas que vinieron no mucho tiempo después”, desgrana.

Y plantea que “el atentado la AMIA fue a la vez una bisagra y una continuidad, no solo por el mantenimiento de sus fuerzas represivas y de inteligencia, que se extendieron y participaron en el crimen mismo, sino también porque de alguna manera se fue orientando en qué tipo de democracia íbamos a vivir”.

Por eso, Ginsberg cuestiona que los organismos de derechos humanos “nunca consideraron el atentado a la AMIA” como un reclamo propio. “Creo que es para ponerse a pensar por qué”, afirma, y cree que existe “un debate pendiente”.

Así como cree que el Juicio a las Juntas fue un hito, también cuestiona que no se haya tomado de la misma manera los juicios por la Amia. “Sobre todo el primer juicio, que empezó en el 2001 y terminó en el 2004, en el que se ventilaban los primeros eslabones de la conexión local del atentado a la AMIA, también fue un hito en el sentido de que se estaba poniendo en juego el funcionamiento de la justicia en democracia», expresa Ginsberg sobre el proceso terminado el 2 de septiembre de 2004, con la absolución de todos los acusados. «Nos fue mal, ese juicio fue una farsa y trajo todas las consecuencias que conocemos hasta el día de hoy”, enfatiza.

Sobre el acto de esta tarde, Ginsberg aclara: “No estamos en condiciones de decir quién fue o por qué se hizo, pero en los documentos hay un escenario, un contexto más general que permite entender en qué contexto ocurrió la segunda bomba en Buenos Aires”.