Comando Radioeléctrico: El Centro de Torturas donde ningún policía vio nada

Por Rodrigo Zapana y Esteban Mayorga (Para H.I.J.O.S Jujuy)

Este jueves, se desarrolló la 42° audiencia del sexto juicio por crímenes de lesa humanidad perpetrados en Jujuy durante la última dictadura militar. Atestiguaron Daniel Melenao Calizaya y Ernesto Reimundo Camargo (ex policías), Alberto Guzmán y Carlos Raúl Galian (ex penitenciarios) y el testigo de contexto y profesor de historia, Gustavo Luis Paz, a través del sistema de videoconferencia, desde la Unidad de Derechos Humanos, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Melenao Calizaya, de 76 años de edad, ex policía de la provincia y parte del cuerpo de radiopatrullas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Comando Radioeléctrico, quien manifestó una aguda dificultad auditiva al ingresar a la sala, por lo que debió recibir asistencia del personal del Tribunal Oral para poder leer en una hoja los nombres de los imputados en la causa.

A raíz de esta lectura, logró identificar a los oficiales Juan Carlos Baca, Hugo Armando Ruiz y Armando Raúl Claros que, aunque dijo conocerlos, negó tener datos sobre las actividades que estos realizaban. Posteriormente mencionó al genocida Mariano braga, a quien relacionó con tareas de inteligencia y luego a los represores José Américo Lezcano, que, según el testigo, “comandó durante un tiempo el COP” o Centro de Operaciones Policiales y Juan de la Cruz Kairuz, a quien se refirió como un “médico de la policía”.

“También conocí al militar Juan Carlos Jones Tamayo, porque yo trabajaba como custodia del general Urdapilleta y lo veía cuando mantenían sus reuniones, él vivía en el dique La Cienaga, pero no conozco cuáles fueron sus actividades, solo sé que era parte del área de inteligencia del ejército”, sostuvo.

En referencia a los presos políticos que pasaron por el CCD Comando Radioeléctrico, Calizaya sostuvo: “Yo sabía que a veces tenían gente detenida en la plaza de armas, pero estaban solo un rato y después se las llevaban en un camión furgón del cuerpo de infantería. Se decía que era gente a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional)”.

Luego, declaró Ernesto Reimundo Camargo, ex radioperador en el CCD Comando Radioeléctrico desde el año 1975 hasta el año 1979 aproximadamente. Camargo explicó que su principal tarea consistía en comunicarse con el cuerpo de radiopatrullas que recorrían las calles de San Salvador de Jujuy y de mantenerse en contacto con todas las comisarías y destacamentos de la provincia.

“En ese tiempo estábamos bajo las órdenes del comisario Ernesto Jaig y cumplíamos turnos de 24 por 48 horas. En total, contando a todo el personal de la central de policía, éramos cerca de 70 personas”, explicó el testigo.

Seguidamente, mencionó a los imputados Juan Carlos Baca y Armando Raúl Claros, señalándolos como “los jefes de la base de operaciones y radiopatrullas”, incluso realizó una referencia al genocida José Américo Lezcano, a quien conoció como jefe en un el Departamento Judicial, según Camargo, Lezcano también “se ocupaba de tramitar los expedientes policiales”.

Luego, Alberto Guzmán un ex penitenciario del penal de Gorriti, que ingreso al servicio en el año 1968 y se retiró en el año 2001, “Empecé mi carrera en la División Personal, luego fui jefe de la misma área, un tiempo después me pasaron a División Judicial pero solo estuve un tiempito, y por último me destinaron a servir en la Secretaría General”, detalló.

El testigo aseguró que durante su paso por la División Judicial se dedicó a recepcionar la documentación con la que ingresaban los internos remitidos previamente por la policía. Subrayando que los presos políticos no ingresaban por tal sección debido a que los mismos no contaban con causas judiciales abiertas o imputaciones penales por las cuales labrar legajos.

Guzmán dijo que, dada su condición irregular, tras su detención, los presos políticos eran ingresados directamente a los pabellones 3 o 4 del penal de Gorriti, donde se los separaba de los presos comunes y se veían sujetos a un régimen distinto por las razones políticas de su cautiverio. “Seguramente había un régimen para internos normales, pero no creo que hubiera un régimen para detenidos políticos, también sabíamos que también habían detenido mujeres, pero deben de haber sido muy pocas, no creo que hayan sido muchas”, sostuvo.

Por otro lado, admitió la continua presencia de militares en el penal, los cuales iban cada dos días. Y aunque aseguró no conocer personalmente a ninguno, mencionó por nombre al imputado Juan Carlos Jones Tamayo. “Era un hombre de baja estatura y porte robusto, No sé si ingresaba a los pabellones, pero lo veía caminar por los pasillos. Ignoro a qué iba al penal, peor se lo veía ingresar siempre a la dirección”, indicó.

Más tarde, calificó al genocida Carlos Alberto Ortiz como “compañero”, y subrayó: “Ya declaré dos veces por él y fue condenado, no sé por qué, pero fue condenado”. Agregó que Ortiz se desempeñó como jefe de seguridad interna o externa, asegurando que por tal motivo tuvo siempre acceso a los presos políticos, siempre bajo directiva militar, al igual que su hermano, el genocida Ricardo Ortiz.

Al tomar la palabra la abogada de la querella de H.I.J.O.S. Jujuy, Paula Álvarez Carreras, Guzmán se vio obligado a referirse nuevamente al día del golpe de Estado de 1976, recordando una anécdota que contó en detalle: “Yo iba caminando ese día desde mi casa de San Pedrito, y cuando paso por la seccional 6ta me sorprendió mucho escuchar una marcha militar y ver un uniformado verde en la puerta, me llamó la atención, pero continué con mi camino hasta llegar al portón del penal de Gorriti, ahí vi a más soldados, me pidieron que me identifique, me vieron con mi uniforme, me palparon y me dejaron ingresar, cuando llegué a la oficina, ya estaba el nuevo interventor Vargas a cargo”, contó.

Ante la insistencia de la defensa, el testigo debió referirse nuevamente al genocida Juan Carlos Jones Tamayo al que describió nuevamente como un hombre de baja estatura y siempre vestido de uniforme militar que mantenía una estrecha relación con el interventor del penal Antonio Orlando Vargas y los imputados Carlos Ortiz y Orlando Ortiz. “Nunca crucé palabras con él, si lo hacía me arrestaban porque teníamos prohibido hacerlo”, mencionó.

El cuarto en testimoniar fue Gustavo Luis Paz, testigo de contexto ofrecido por el ministerio público fiscal, profesor de historia e historiador, participó en la redacción del capítulo 1 del libro “Ledesma, una Empresa Argentina Centenaria”. Cabe destacar que el libro encubre la historia de la empresa Ledesma porque afirma que: “Las acusaciones sobre la responsabilidad de la empresa Ledesma en Crímenes de lesa humanidad, durante la última dictadura militar, son “infundadas”.

La presentación del libro se iba a llevar a cabo durante el año 2012, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de San Salvador de Jujuy, y tras el pedido de la Corriente Estudiantil Popular Anti Imperialista (CEPA), quienes también pidieron declararlo “Persona no Grata”,  se realizó un debate en el Consejo Académico de dicha institución, en el que participó el rector, el decano, las unidades de investigación, docentes y estudiantes, y se resolvió repudiar el libro en la casa de altos estudios, gracias al aporte realizado por familiares de víctimas y detenidos desaparecidos y sobrevivientes de la provincia de Jujuy que fueron secuestrados durante la Noche del Apagón, en la ciudad de Libertador Gral. San Martín, Calilegua y El Talar.

En cuanto a la declaración testimonial, molesto y con expresiones verbales y tono de la “alta alcurnia”,  frente a la pregunta de Marina Cura sobre el trabajo de investigación realizado por el historiador, si tuvo acceso a archivos de la empresa Ledesma, Paz evitó involucrar a la compañía azucarera en su activa participación durante el terrorismo de Estado, sólo habló de cuestiones superfluas y descontextualizadas, como archivos de balances financieros, contratación, mano de obra, salarios, y además precisó que los archivos más importantes del trabajo de investigación, eran los que certificaban el origen del Ingenio Ledesma, que datan desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

Seguidamente, Marina Cura, le preguntó al testigo Paz, si existía alguna constancia que vincule a la empresa Ledesma con la policía de la provincia, y  el abogado Rodríguez Vega interrumpió la declaración testimonial, argumentando que no pregunten sobre Ledesma, tratando de defender, lo indefendible, el presidente del Tribunal Federico Díaz no hizo lugar a la maniobra intempestiva de Rodríguez Vega, argumentando que ya se había resuelto la cuestión, por lo tanto en pos de la verdad, la memoria y la justicia, y para esclarecer los vínculos de la Empresa Ledesma con la dictadura militar.

El quinto testimonio fue el de Carlos Raúl Galian, quien trabajó en el servicio penitenciario de Gorriti desde el año 1970, se desempeñó en seguridad interna, luego en seguridad externa y en el año 1976 estuvo en el departamento judiciales, allí realizaba legajos de detenidos penados y procesados, redactaba autorizaciones y salidas de los internos: “La documentación provenía del tribunal superior de justicia de la provincia, y era llevada por la policía de Jujuy a la guardia interna, y desde ahí al departamento judiciales del penitenciario de Gorriti”, describió.

El testigo negó haber trabajado con expedientes de ex presos políticos: “Eso lo manejaban en otro ámbito”, y cuando la fiscalía le preguntó cuál era el ámbito en el que trataban con el tema de los presos políticos, mencionó al ejército, y agregó que había presas políticas detenidas,  que estaban alojadas en el pabellón N° 4 y presos políticos en el pabellón N° 2, también dijo que los presos sacados “en comisión” (traslados definitivos) no pasaban por el departamento judiciales, no se hacían registros.

Sobre los imputados en la causa dijo: “Armando Herrera era mi jefe en judiciales, él firmaba los ingresos y egresos de los detenidos, Carlos Alberto Ortiz era director del penal, Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez estaban adscritos al ejército, y se encargaban de los traslados de los presos políticos, Juan Carlos Lucero era oficial del servicio penitenciario. Osvaldo Caraballo era personal subalterno”.