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Denuncian que dispararon balines de plomo contra manifestantes en la marcha del 25N en Jujuy

Un grupo de personas que participó días atrás de una marcha que recorrió el centro de San Salvador de Jujuy denunció haber sufrido un ataque con balines de plomo disparados con un arma de gas comprimido, advirtió la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de la provincia norteña.

A raíz de los disparos, tres personas padecieron «una pequeña inflamación» en los lugares del cuerpo donde impactaron los balines, mientras que una integrante de la organización indígena Llankaj Maki debió ser atendida en un hospital tras sufrir una herida en el brazo izquierdo a raíz de que el proyectil de plomo le quedó incrustado.

Según un comunicado, la Multisectorial presentó una denuncia penal en la Seccional Segunda de la policía local, a la vez que exigió al Estado provincial que «individualice a través de las cámaras de seguridad de Casa de Gobierno al responsable o los responsables de tal ataque, que no puede permitirse en democracia».

El 24 de noviembre pasado se llevó a cabo una multitudinaria marcha en la capital jujeña, convocada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy con motivo del «25N- Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer» y bajo la consigna «Ni un paso atrás con nuestros derechos».

Dos mujeres y dos varones que se manifestaban sufrieron impactos de balines de un arma de gas comprimido que habría sido disparada desde algún sector de la Plaza Belgrano, en la capital provincial.

«Las mujeres y la ciudadanía toda tienen el derecho constitucional a manifestar y nadie puede atacar dicho derecho en razón de ideas antidemocráticas, misóginas, racistas y/o fascistas», explicó la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

El comunicado de prensa destacó que «aunque algunos entiendan que la nueva situación política, con el nuevo gobierno electo, habilita estas acciones violentas, sostenemos que en las elecciones no se votó terminar con la democracia ni habilitar estas acciones antidemocráticas, ni desde el Estado ni desde ningún sector que se arrogue tal derecho».

«El Estado debe perseguir en forma inmediata a quienes realizan estas acciones intimidatorias, porque no pueden ser toleradas,», agregó la Multisectorial, cuyos integrantes pidieron una entrevista inmediata con el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello.

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