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El fiscal general Sergio Lello Sánchez, titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), fue denunciado penalmente frente al Superior Tribunal de Justicia (STJ) por dos agentes de su área por maltrato laboral, violencia de género, amenazas y otras conductas similares. Se trata de la primera confirmación formal de numerosas situaciones que se venían relatando extraoficialmente sobre el avasallamiento y autoritarismo que el funcionario ejerce sobre las personas que se desempeñan bajo su autoridad.
Finalmente, dos graves denuncias contra Lello Sánchez llegaron a la oficina del STJ, que deberá investigar las acusaciones de misoginia, violencia laboral, humillaciones, denigración, intimidación y maltrato. En tanto, copias del escrito fueron entregadas en la Legislatura. En la sesión ordinaria del jueves pasado, la diputada provincial Débora Juárez Orieta hizo públicas las denuncias penales de los abogados Agustina Aramayo y Mateo Montiel, que se desempeñan en el MPA.
La denuncia de Aramayo es por acoso laboral, humillación, denigración, intimidación y maltratos. En su escrito, relata hechos que se sucedieron desde el 9 marzo del 2016 hasta la fecha. En ese período, además, padeció nueve traslados dentro del organismo.
Hace referencia también a un episodio puntual, ocurrido luego de que participara de una movilización por el Día Internacional de la Mujer, a la que la abogada asistió con su hermana, que se desplazaba en silla de ruedas. Al día siguiente, al llegar a su lugar de trabajo, Aramayo fue avisada de que, por orden del fiscal general, tenía prohibido participar de ese tipo de manifestaciones, «a lo que en mi defensa argumenté que además de revestir el carácter de funcionaria era mujer y participaba en la firme convicción de que la justicia debía acompañar estos eventos para concientizar, aclarando que no lo hice, ni lo hacía bajo ningún partido político», escribió Aramayo.
En tanto, Montiel denunció situaciones de maltrato, insultos, humillaciones y amenazas, además de traslados injustificacos y la imposición arbitaria de una suspensión por cinco días, sin que hubieran sanciones disciplinarias anteriores.
‘Gestión promiscua’
“He sufrido el avasallamiento como diputada de mi domicilio por este funcionario judicial. Hoy vemos denuncias penales que comienzan a transparentar una gestión promiscua de esta persona”, dijo la diputada Débora Juárez Orieta el jueves pasado en el recinto, y agregó: “Hago alusión para que los responsables, a partir de denuncias formales al Superior Tribunal, tomen las medidas correspondientes. Han avasallado al Poder Legislativo con aprietes desde el Poder Ejecutivo y ahora lo hacen dentro del Poder Judicial”.
En diálogo con El Submarino Radio (91.5), Juárez Orieta afirmó: “Le pido a las autoridades judiciales que tomen cartas en el asunto”, y agregó: “Yo creo en la justicia, estoy convencida de que no son todos iguales, que la mayoría son gente de bien”.
La diputada aseguró que las situaciones de abuso y maltrato laboral “son reiteradas”, aunque son pocos los que se animan a denunciar. En este sentido, reveló que se reunió con varias personas que trabajan en el MPA y que le manifestaron que padecen “presión constante y miedo de que les fabriquen causas”.
“Es moneda corriente, y se lo escucha en la calle”, agregó Juárez Orieta.
