Los padres de Diego Cagliero, asesinado luego de una persecución policial. Foto: Gaspar Galizzi.

Chocobarización policial en el macrismo: un asesinato cada 21 horas 

Por Jorge Elbaum, en El Cohete a la Luna. El último miércoles 3 de julio se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, para hacer visible los múltiples formatos de violencia institucional ejecutados por el actual gobierno. La iniciativa fue organizada por el legislador Horacio Pietragalla y participaron del encuentro familiares de las víctimas, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y referentes de las bancadas de todo el arco opositor.

Entre los familiares estuvieron presentes el primo de Danilo Sansone, una de las víctimas de la masacre de San Miguel Del Monte en la que fueron asesinados cuatro jóvenes; los padres de Diego Cagliero, asesinado luego de una persecución policial; y hermanos de las víctimas de la cárcel de Esteban Echeverría, donde fallecieron por un incendio diez detenidos, como producto de la negligencia policial, el 15 de noviembre de 2018.

La convocatoria realizada por Pietragalla se llevó a cabo ante la permanente negativa del titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Toty Flores (integrante del interbloque Cambiemos), quien desde hace más de un año se rehúsa a citar a los diputados integrantes de la Comisión para darle tratamiento legislativo a los proyectos ligados a su temática.

Durante la conferencia de prensa, Pérez Esquivel fue explícito al denunciar que “este gobierno viola los derechos humanos y el derecho de los pueblos, y esto es un daño enorme en la construcción democrática. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles, cuando se violan los derechos humanos la democracia se debilita y deja de ser democracia. Por eso es bueno que nos podamos reunir diferentes sectores políticos, culturales y sociales y que se realice en el Congreso de la Nación para reclamar al gobierno. Ya basta de represión. Un gobierno que no piensa en los niños es un gobierno que daña el presente e hipoteca el futuro”, señaló.

El trasfondo estructural de las denuncias remite a los datos relevados por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. En ese lapso el aparato estatal, a través de todas sus fuerzas de seguridad, ha asesinado a 1303 personas. Esa cuantificación implica que el 20 % de todos los muertos generados por fuerzas estatales en el actual periodo democrático inaugurado en 1983 (hasta febrero de este año) han sido producidas por el actual gobierno.[1]

Esos datos sugieren que, durante el macrismo, se ha asesinado a una persona cada 21 horas, un guarismo que expresa la situación de desbocamiento de los organismos de seguridad, avalados por un discurso de permisividad represiva. Las características de la letalidad policial (definida por las acciones de agentes de seguridad indiferentes a los protocolos de prevención, y reproductores, por ende, de la violencia social), supone el abuso de la utilización de armas de fuego y la impunidad que suele caracterizar las investigaciones administrativas y judiciales de los hechos en los que las fuerzas de seguridad están imputadas [2].

El contexto que brinda legitimidad a la violencia estatal durante el gobierno macrista proviene de sus más altos exponentes políticos. La interpelación y condescendencia del votante segregacionista, parte del núcleo duro de Cambiemos, les reclama sobreactuar una autoridad fundada en la intimidación social, especialmente dirigida hacia los sectores más vulnerables. La vigilancia en las barriadas populares, la mano dura contra los manifestantes y la amenaza permanente contra los jóvenes se presentan como un modelo de violencia institucional bifronte: alterna la invisibilización genérica de sus estadísticas con la anuencia y el patrocinio de sus victimarios.

Para contribuir a su invisibilización se ha decidido eludir la producción de datos estadísticos públicos y evitar que las organizaciones sociales puedan consultarlos para obtener información fidedigna y poder, de esa manera, exigir rendiciones de cuenta en relación a las acciones policiales. En forma complementaria, con el objeto de ensalzar su sobreactuación, se postulan ejemplos de eficacia únicamente basados en letalidad policial, es decir, en las muertes producidas: llamativamente no ha sido costumbre la premiación pública de funcionarios responsables de haber evitado situaciones de violencia, mediante la inteligencia criminal y/o la prevención.

La tipología que agrupa los diferentes formatos de violencia institucional incluye:

  • La represión de protesta social, los operativos y las razzias, como las que generaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.
  • Las ejecuciones, conocidas como gatillo fácil, como el caso de los jóvenes y niñxs asesinados en San Miguel del Monte.
  • Las muertes producidas bajo custodia policial, en cárceles o en traslados, ya sea por acción, omisión o negligencia, como las sufridas por los detenidos en la comisaría de Estaban Echeverría (Transradio) [3].

El modelo de violencia institucional está dirigido prioritariamente contra grupos vulnerables, cuya consideración social es inferiorizada por los sectores hegemónicos mediante la construcción de etiquetas de peligrosidad y/o anormalidad. Estas estigmatizaciones son retomadas por las fuerzas de seguridad que reconvierten a sus integrantes en destinatarios de maltrato simbólico y material.

Entre los colectivos estigmatizados, cuya probabilidad de ser agredidos aparece como más alta, figuran, en términos etarios, los adolescentes y los adultos jóvenes. En su articulación con el género, los agrupamientos que se encuentran en peligro son los pertenecientes a los diferentes colectivos LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales) y las mujeres, víctimas prioritarias de la lógica patriarcal imperante en las fuerzas de seguridad. En referencia a su pertenencia étnica, los afrodescendientes y los inmigrantes de países como Perú, Bolivia o Colombia son los destinatarios de los etiquetamientos más despectivos. Entre los tres conjuntos, compuestos por identificaciones de género, condición social y étnicos, se encuentran más del 90 % de las víctimas.

Para que la violencia institucional pueda implementarse se requiere un marco de legitimación simbólica capaz de naturalizarla, de convertirla en algo normal y de alguna manera deseable. Esa precondición requiere instituir un miedo social capaz de habilitar la utilización de la fuerza ante los peligros reinantes. En este marco, toda pacificación social es contraproducente a la segmentación que exigen los programas de exclusión social. La violencia empieza a ser funcional y necesaria para escenificar una batalla contra los enemigos precatalogados como tales. Y las fuerzas de seguridad inmediatamente habilitadas para darle persecución y, de ser necesario, garantizar su eliminación o exterminio.

Frente a este escenario de una ejecución diaria (muchas veces tergiversada por las propias versiones policiales de sus ejecutores o sus protectores), el Centro de Estudios Legales y Sociales ha elaborado un conjunto de recomendaciones, entre las que figuran:

  • La cantidad de personas muertas por las fuerzas de seguridad no puede ser un indicador de eficacia de una política de seguridad ni de la actuación policial.
  • La necesaria implementación de programas de formación y reentrenamiento continuo de las fuerzas de seguridad, para dar cuenta de los nuevos fenómenos delictivos y su abordaje más eficiente, capaz de reducir lesiones y muertes.
  • Se debe adecuar la respuesta judicial a los compromisos internacionales que establecen el deber de garantizar un investigación objetiva y exhaustiva de estos crímenes, dada la responsabilidad estatal de quienes los cometen.
  • Se deben promover fiscalías especializadas en violencia institucional, acompañadas por voluntad política de conceder suficiente autonomía para interceder y acceder a la información que las corporaciones policiales esconden para proteger a sus integrantes.
  • Impedir que las fuerzas policiales brinden defensas jurídicas corporativas a los involucrados en casos de ejecuciones y agilizar los procesos penales para evitar la caducidad de pruebas.

La violencia institucional tiene componentes que no son letales. Las lógicas de encierro expresadas en la superpoblación carcelaria y las condiciones de hacinamiento y falta de oportunidades laborales o educativas (en contextos de encierro) solo reproducen conformaciones de agresividad social que tarde o temprano se volcarán en contextos de reinserción. En ese marco, no deja de llamar la atención que las Unidades Penitenciarias de mayor nivel de superpoblación sean aquellas en las que se encuentran detenidos los presos políticos.

La violencia del hacinamiento carcelario

El problema de la violencia institucional es estructural. Las fuerzas de seguridad han reiterado, con mayor o menor aquiescencia de sus mandos políticos, desde 1983 a la actualidad, una impronta militarista que se resiste a ser restringida o limitada. Sin embargo, la gran mayoría de las administraciones gubernamentales han visualizado y tematizado (con menor o mayor énfasis e inversiones) sus efectos como un problema de políticas públicas. La excepción ha sido el actual gobierno, que ha instituido la celebración de la muerte como un beneficio social digno de ser valorado y a la vez como un ejercicio pasible de ser galardonado por las máximas autoridades de un Estado.

La violencia que proviene del Estado es doblemente perniciosa y peligrosa. Quienes la ejercen desde sus instituciones son (paradójicamente) quienes se presentan e instituyen como los encargados de evitarla. Y quienes la celebran son los que deben comunicar los recurrentes asesinatos como algo digno de ser celebrado. Algo así como una reminiscencia eufemizada del “Viva la Muerte” pronunciado por José Millán de Astray en 1936, frente a Miguel de Unamuno.

[1]. CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) Archivo 2018: Cada 21 horas el Estado asesina a una persona. Archivo 2018. Disponible en: http://bit.ly/2FOIgDl

[2]. VVAA:  Muertes naturalizadas. Letalidad policial sin control y sin justicia. Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS, CABA, 2018. Disponible en: http://bit.ly/2KYuen7

[3]. https://www.elcohetealaluna.com/caretas-ajustes-y-balas/

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