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El exministro de Salud de Jujuy, Víctor Urbani, expuso a favor del proyecto de IVE.

El debate por aborto legal: Cómo fue la segunda jornada de exposiciones en Diputados

Con argumentos mayormente teñidos de moral religiosa de parte de expositores celestes y, del lado verde, reafirmando que se trata de dar solución a un problema de salud pública, y tiene respaldo constitucional: así siguió la segunda jornada de audiencias públicas en la reunión conjunta de las cuatro comisiones de la Cámara de Diputados que debaten los proyectos de despenalización y legalización del aborto.

Este miércoles por la mañana expusieron 12 oradorxs: seis a favor y seis en contra de la regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. “La salud no se puede alcanzar descartando otro ser humano”, consideró el obispo Gustavo Carrara, auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de Buenos Aires. “He visto morir a muchas mujeres por aborto y nunca vi a una criminal: vi víctimas”, afirmó el exministro de Salud de Jujuy, Víctor Urbani.

La reunión conjunta de las comisiones -que deben dictaminar sobre el tema- estuvo encabezada por el presidente de Acción Social y Salud Pública, el diputado tucumano Pablo Yedlin. Por la tarde, siguió otra tanda. Siempre, cuidadosamente alternados, a favor y en contra.

Lxs invitadxs celestes hicieron hincapié en que la vida comienza desde la concepción, que el feto se trata de una persona, y que se estaría avalando el derecho a matar a la madre; cuestionaron que no se incluya la objeción de conciencia institucional, rechazaron que se cree un reproche penal para quienes se nieguen a realizar un aborto, y sostuvieron que avanzar con la despenalización y legalización del aborto sería anticonstitucional.

De los seis celestes, cinco fueron varones. Entre lxs verdes, expusieron tres mujeres y tres varones: dieron evidencias científicas de cómo se reduce la mortalidad materna cuando se descriminaliza la práctica, dieron fundamentos para sostener que se trata de una ley constitucional y defendieron la autonomía de las mujeres.

La abogada Soledad Deza, profesora de Feminismos jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán, fue la primera. Se explayó sobre los abusos en el uso de la objeción de conciencia de parte de profesionales de la salud para impedir los abortos legales o denunciar, incluso, a las mujeres que enfrentan abortos espontáneos, como sucedió en Tucumán con Belén, de quien Deza fue representante legal luego de que la joven fuera denunciada en el hospital adonde fue a atenderse por dolores abdominales y terminó condenada injustamente y sin pruebas por el delito de homicidio agravado a 8 años de prisión. Deza pidió que se incluyera en el proyecto que “jefes y jefas de servicio no puedan ser objetores” para garantizar las prácticas.

Nicolás Laferriere, doctor en Ciencias Jurídicas, especialista en bioética, persona y familia, apeló a chicanas como decir que en el proyecto del Ejecutivo “el aborto está permitido hasta el nacimiento” y “se impone” el aborto a las mujeres que consultan por un embarazo. “Lo único que les ofrecen es el aborto en las primeras semanas de embarazo”, afirmó, desconociendo el alcance del proyecto que crea el Plan de los 1000 días.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez defendió la constitucionalidad de una ley de IVE. “No existen objeciones constitucionales y provenientes de los tratados sobre DDHH que invaliden el proyecto de ley. Mantener la penalización implica avalar la apropiación estatal del cuerpo de las mujeres y personas con capacidad de gestar y castigar el goce de la mujer mientras los hombres seguimos gozando sin ningún obstáculo”, expresó.

Como en la primera jornada, otra vez el sector celeste aportó voces que argumentaron desde la religión. Aníbal Bakir, presidente del Centro Islámico de la República Argentina, explicó la postura del islam frente al aborto. Solo lo permite, dijo, hasta los cuatro meses de gestación si se afecta la salud de la madre, si tiene el feto malformaciones congénitas incurables, o si el embarazo es producto de una violación. Y después de ese plazo, “si se afecta gravemente la salud de la madre”. Pero no avala la IVE en otras circunstancias, sostuvo.

La filósofa feminista Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de Caba, aclaró que “habilitar el aborto no obliga a nadie”, en cambio, su penalización “sacrifica la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino”. Y destacó que si la mujer o persona con capacidad de gestar decide continuar con un embarazo “el Plan de los 1000 días” la protegerá y “si decide interrumpirlo esta ley la amparará”. Y subrayó que “quienes estamos a favor (del proyecto que regula la interrupción voluntaria de embarazo) defendemos la vida”.

María Angélica Gelli, directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, afirmó que “la defensa de la vida comienza con la concepción”, dijo que en ningún tratado de derechos humanos “aparece el derecho a abortar”, pidió que se incluya la objeción de conciencia institucional, además de la individual, y consideró que “el aborto está pensando como un método de control de la natalidad como política de Estado”.

La médica infectóloga Leda Guzzi contó que cambió la mirada que tenía hace veinte años sobre este tema “al ver morir a tantas mujeres” por abortos inseguros, “muchas mutiladas”. “Más allá de las visiones religiosas, es un problema de salud pública”, señaló y pidió a lxs diputadxs que se oponen “ser más empáticos más allá de cualquier ideología”. “El aborto inseguro es la principal causa de mortalidad materna y está relacionada obscenamente con la pobreza y la baja educación”, afirmó y consideró que despenalizarlo y legalizarlo “es un acto de justicia social”. También se refirió a la política uruguaya de reducción de riesgo y daño relacionada con la interrupción de embarazo que logró “una reducción dramática de la mortalidad por aborto”.

Gustavo Carrara, obispo titular de la antigua sede de Tasbalta y auxiliar de Arquidiócesis Metropolitana de Buenos Aires, insistió con la idea de que “la vida comienza desde la concepción”. “Cuando una mujer se va a hacer una ecografía no dice vengo a ver un montón de células, sino que dice vengo a ver cómo está mi hijo”, afirmó. Y consideró que con el proyecto de IVE “lo que está en juego es el valor de la vida humana”. “La salud no se puede alcanzar descartando otro ser humano”, agregó.

El exministro de Salud de Jujuy Victor Urbani volvió a describir el problema del aborto desde una perspectiva de salud pública. “Por cada mujer que muere hay miles que llegan a ser atendidas en los hospitales. He visto morir a muchas mujeres por aborto y nunca vi a una criminal: vi víctimas”, señaló. Y precisó que en países donde el aborto es legal se registra una muerte cada 100 mil procedimientos abortivos, mientras que un estudio realizado en 2012 en el país mostró que en Jujuy se producían 112 cada 100 mil abortos, y 350 en el NOA y NEA. También destacó que en los últimos años las internaciones bajaron a partir del uso cada vez más extendido del misoprostol para abortar. Contó que hay tutoriales en la web para informarse cómo usar las pastillas para interrumpir un embarazo. Pero, se preguntó: “¿Cuántas mujeres en el norte argentino pueden acceder a esos tutoriales? Solo pueden recurrir a métodos atroces”, alertó. “Esta ley es justicia social. Dejemos de lado los dogmas. Hay que moverse con el dolor ajeno. Eso es doctrina católica”, afirmó.

El médico Martín Olivera, especialista en ginecología y obstetricia, hizo hincapié en que el feto “es una entidad distinta de la madre” y en que “los médicos respetamos la vida desde la concepción”. También objetó que se trate de un problema de salud pública: dijo que el aborto es la causa N° 70 de muerte femenina.

La jurista Aída Kemelmajer De Carlucci, exintegrante de la corte mendocina, confirmó que lo que dicen los tratados internacionales no contrarían una Ley que regule la IVE. “Si no aprueban esta ley –les dijo a lxsdiputadxs– no respetan la autonomía de las mujeres ni la igualdad ni un mínimo de solidaridad social”, sostuvo.

El abogado Néstor Sagüés, catedrático titular en Derecho Constitucional, consideró que el proyecto “parte de la negación de la persona por nacer” y habilita “el derecho a matar de la madre de acuerdo con su voluntad”.

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