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El Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidor de Jujuy (Codecuc) rechaza la nueva tarifa del servicio público de transporte urbano de pasajeros, resuelto por el ejecutivo municipal de la capital que está vigente, desde el viernes pasado, así lo informó el titular de la institución, Alejandro Mur.
En la ciudad capital el nuevo incremento es del 3,4%, pasando a costar $983,45, que sumados a los 7 del año pasado superan el 500% en un año.
Este incremento, como los anteriores, es violatorio de la Constitución Nacional en varios artículos, argumenta la entidad, como así también, no existió pedido expreso de aumentos por parte de las empresas concesionarias del servicio; no se dio audiencia pública, ni la debida información ni participación a los usuarios que tienen el derecho de conocer la razón de los incrementos porque son quienes pagan por un servicio que desde muchos años se caracteriza por ser de precio elevado y deficiente.
Todos los incrementos lo resuelven casi en secreto, a puerta cerrada sin trasparencia y legalidad y con la finalidad de beneficiar a las empresas del transporte.
La municipalidad se opone a eliminar el cobro del boleto único para el transporte de pasajeros por colectivo y establezca su fraccionamiento según la distancia por lo menos 3 precios según la distancia a recorrer dentro de la jurisdicción de la Municipalidad, solicitado el año pasado por nota, rechazando el cobro del precio único del boleto por ser injusto que los usuarios paguen el mismo precio cuando viajan 5 cuadras o 10 km, situación que los perjudica económicamente.
La municipalidad también se opone la creación del Ente Regulador y de Control de Transporte (Enrecon) urbano y alternativo de pasajeros en la ciudad capital y zonas de influencia del municipio, solicitado por nota, organismo que tendrá la tarea de regular entre los intereses de los prestadores y usuarios, controlar el cumplimiento del servicio público de transporte, determinar el precio y los eventuales incrementos.
La comuna también se opone a tomar las medidas técnicas administrativas para controlar e intimar a las empresas prestarías del servicio de transporte por colectivo a brindar a los usuarios un servicio con regularidad, eficiencia, rapidez y seguridad, y en caso de incumplimiento le aplicarle sanciones de multas.
