El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Más de 200 organizaciones sociales, sindicales y políticas de la provincia de Jujuy enviaron una carta al presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, con un pedido estremecedor “estamos desesperado” y solicitan intervención sanitaria.
A continuación, la nota remitida a la presidencia de la Nación:
Excmo. Señor presidente de la Nación Argentina:
El pueblo de Jujuy en su totalidad, encarnado en la representación social, gremial, legislativa, asociativa, profesional y política que cada uno de los firmantes ejercemos, venimos a solicitar su intervención directa e inmediata en nuestra Provincia para asumir la conducción del sistema de salud pública que ha colapsado frente a la pandemia, por absoluta y exclusiva responsabilidad del Gobernador Gerardo Morales, motivo por el cual nos encontramos expuestos a un contagio desenfrenado del Covid-19 con la consecuente pérdida culpable de vidas humanas que se multiplicarán en forma exponencial por la duplicación semanal de casos a los que el sistema sanitario ya no puede brindarle la más mínima asistencia.
En tan solo 45 días hemos pasado de 6 infectados a casi 3.000; de un fallecido a más de 66; el plantel de médicos, reducido de por sí, está diezmado como el propio Gobernador reconoció al clamar a Nación el urgente envío de terapistas; tenemos 3 enfermeros fallecidos y más de 300 contagiados que, sumados a los que se encuentran sometidos a cuarentena, suman más del 30% de esa planta de personal; lo mismo ocurre con mucamas, choferes, radioperadores, agentes sanitarios y policías; se agotó la capacidad de internación en terapia intensiva y, a la gran mayoría de los pacientes de baja y media complejidad, se los aloja en las inseguras condiciones de sus domicilios particulares atendidos por un ficticio control online de telemedicina que deja librado a las manos de Dios a los que por algún agravamiento demanden asistencia directa, personal e inmediata de un terapista.
El peligro de introducción de la pandemia en Jujuy estuvo presente desde el primer día porque los estragos que generó el virus en Bolivia necesariamente repercutirían en nuestra provincia, lo que finalmente ocurrió por obra de dos custodios del gobernador Morales que, en su presencia, cruzaron a la Nación vecina.
Conscientes del peligro, todos los estamentos reclamamos desde el primer día, la adopción de las medidas necesarias para enfrentar el virus. Por la mayor conciencia sobre la endeblez del sistema y por el grave riesgo que se cernía sobre todo el personal de la salud, el Colegio de Enfermeros promovió un amparo en el que se condenó a la Provincia el 11 de mayo pasado a “reponer en forma temporánea, continua, eficiente, eficaz y adecuada a los enfermeros y enfermeras de la Provincia de Jujuy, colegiados en la entidad actora, de todos los elementos de protección personal, conforme los protocolos referenciados”.
Y el Estado Nacional, por su parte, aportó el cien por ciento de los fondos que le fueron requeridos por el Gobierno Provincial. Pero a pesar de todo ello, escasearon los elementos de protección personal sometiendo a los efectores de la salud a masivos contagios; se construyeron hospitales de campaña que en los hechos no son tales, desde hace más de cuatro meses se retienen los sueldos de centenares de enfermeros incorporados precariamente al sistema y no se rinde una sola cuenta que permita justificar la paupérrima situación por la que atravesamos.
La culpa por la catástrofe sanitaria que hoy vive Jujuy por la expansión descontrolada del virus, por la pérdida masiva de efectores de la salud y de personal policial, por la impotencia sanitaria absoluta para enfrentar la duplicación semanal de casos partiendo de los casi 3.000 que hay en este momento, constituye un verdadero atentado contra los derechos humanos fundamentales a la salud y la vida, a cuya garantía y defensa está llamado en primer término el Estado Nacional por las indelegables obligaciones asumidas en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales incorporado a nuestra Constitución Nacional y por una pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que así lo establece.
Señor presidente: no es esta una cuestión partidista, política ni judicial, porque ya no hay tiempo para discursos ni demandas. Se trata de una cuestión de vida o muerte que debe asumir el Estado Nacional como único garante de los derechos humanos fundamentales.
