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Preocupado por la posibilidad de no contar con una foto de Cristina Fernández de Kirchner paseándose por los tribunales en pleno año electoral, Cambiemos salió a cuestionar la decisión de la Corte Suprema de postergar de hecho el comienzo del primer juicio oral contra la expresidenta previsto para el 21 de mayo. «La verdad que es un fallo muy inusual con un condimento político muy grande, preocupa. Esto lo que hace es impedir la realización de un juicio oral, que es el momento donde los fiscales acusan y las partes acusadas se defiendan», aseguró el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien salió a criticar al máximo tribunal en coro con funcionarios como la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso o el diputado y consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli.
El oficio emitido ayer por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Higton de Nolasco, enfureció al macrismo. Los supremos, con la excepción de Carlos Rosenkrantz, solicitaron «con carácter de urgente» el expediente al TOF 2 para analizar las intervenciones de la Cámara de Casación durante el proceso y determinar si los planteos hechos por los acusados son admisibles.
«La revisión de la Corte o de las Cámaras son después de hecho el juicio y dictada la sentencia, en ningún lugar del mundo se producen antes de la decisión de los casos, eso también es muy peculiar de nuestro sistema que ha servido para generar impunidad o demoras de entre 10 y 13 años», se quejó Garavano, quien remarcó que la Oficina Anticorrupción había solicitado que igualmente se realice el juicio.
«Esperamos que los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, den inicio al juicio de Obra Pública el 21 de mayo porque saben perfectamente que pueden hacerlo y que ni siquiera esta alocada decisión de la Corte lo suspende», sostuvo por su parte Alonso. La funcionaria, que semanas atrás reconoció que durante su gestión no impulsará acciones judiciales contra el gobierno de Mauricio Macri, aseguró que la de ayer es «una escandalosa resolución con olor a (el exjefe de Gabinete) Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex presidenta». «Es una vergüenza republicana», se escandalizó.
Tonelli, uno de los integrantes de la mesa judicial del Gobierno, fue un poco más diplomático que su compañera. Sostuvo que la decisión de los magistrados «parece una especulación en un año electoral». Agregó que le llamaba «la atención» y que le parecía «muy rara» la decisión. «No me gustó», concluyó.
En esa causa están procesados, además de la ex mandataria, el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido y el empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido desde 2016, entre otros imputados. Entre los pedidos de prueba que formuló Cristina Fernández en la causa, y que no fueron realizados, figuran una auditoría sobre todas las obras públicas que se ejecutaron durante los doce años de los gobiernos kirchneristas.
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