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Diego Suárez, el funcionario imputado por las represiones en Purmamarca y la Legislatura en junio del año pasado, podría recibir una condena de unos diez años de prisión si es encontrado culpable en el juicio oral que podría iniciarse «en breve», según estimaciones de allegados a la causa.
El entonces secretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de la provincia está acusado de los delitos de
privación abusiva de la libertad y usurpación de autoridad. En la acusación, el fiscal Rodrigo Fernández Ríos describe la conducta de Suárez en el marco de las protestas contra la reforma de la Constitución de Jujuy.
De acuerdo a la acusación, el 17 de junio de 2023, en el cruce de las rutas 9 y 52, acceso a Purmamarca, y tres días después en el centro de San Salvador de Jujuy, el funcionario «abusando de sus funciones […] ordenó de manera ilegítima y arbitraria la privación de la libertad de los ciudadanos presentes en las inmediaciones del corte de ruta, estuvieran o no causando disturbios, careciendo de la facultad para ello». Y además, «excediendo las funciones otorgadas legalmente careciendo de estado policial […] se arrogó facultades correspondientes al escalafón policial […] y de manera ilegítima dio órdenes e instrucciones al personal policial».
Como pruebas, el fiscal cita en su escrito videos registrados en esas jornadas por la agencia Télam y La Izquierda Diario, además de una veintena de testimonios e informes del SAME.
La abogada Alejandra Cejas representa a varias de las víctimas de la represión. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), sintetizó: «Aparentemente, este funcionario le habría dado órdenes a la policía sin tener autoridad. La verdad que es rarísimo. A mí me encantaría pararme frente a los policías y darles órdenes, y que las acaten».
«Se iniciaron varias causas por la represión que hubo en la provincia de Jujuy desde el 16 de junio en adelante -repasó la abogada-, algunas armadas por el Estado a través del Ministerio Público de la Acusación contra la ciudadanía, y por otro lado hay una serie de denuncias presentadas por quienes fueron afectados».
En este sentido, recordó que hubo personas que «perdieron la vista, perdieron la salud, fueron injustamente maltratados, vejados y de alguna manera violentados en procesos de detención que fueron conocidos y muy publicitados a nivel nacional».
Una de estas causas se inició a instancias del entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, por la actuación de la policía de Jujuy en las manifestaciones del 17 de junio en Purmamarca y del 20 de junio en San Salvador de Jujuy. Tras la investigación penal preparatoria, surgió la imputación. «Vemos que para el gobierno de Jujuy, para el Ministerio Público de la Acusación, el responsable de todo lo sucedido sería el señor Diego Suárez», ironizó Cejas.
En 2023, Suárez se desempeñaba como secretario de Relaciones con la Comunidad, dependiendo del Ministerio de Seguridad, Guillermo Corro. El 7 de diciembre fue notificado de la imputación. Tres días después asumió Carlos Sadir la gobernación de la provincia. Actualmente, Suárez es secretario de Desarrollo Industrial y Comercial en la cartera de Producción. Es decir que la nueva designación le llegó cuando ya estaba confirmada la acusación en su contra.
«El señor Suárez es polirrubro, ha pasado por distintos cargos con un amplio acompañamiento y respaldo gubernamental», definió Cejas.
Finalizada la investigación, ahora las abogadas que representan a las víctimas de la represión, que son Cejas, Silvana Llanes y Mariana Vargas, se incorporarán a la causa a los efectos de participar del proceso. «Es por lo menos una mirilla abierta para ver qué pasó realmente en esos días, quienes fueron los autores intelectuales y quiénes fueron los autores directos», señaló Cejas.
En este marco, las abogadas convocan a las víctimas de la represión para que den su testimonio. «Va a fortalecer la causa conocer quiénes fueron los afectados, de qué manera lo vivió cada uno de los que participaron, ya sea en defensa de sus derechos o incidentalmente, porque muchos fueron atrapados al voleo», expresó.
Todo indica que se pedirá la elevación a juicio antes de la feria judicial de julio. Reiniciada la actividad, pasarán unos dos meses para el comienzo del proceso oral, salvo que la defensa presente algún recurso que demore el trámite. De ser encontrado culpable, Suárez podría recibir una pena cercana a los 10 años de prisión.
Para Cejas, las responsabilidades van mucho más allá de este funcionario. «Yo desde el año pasado vengo solicitando que el gobierno me informe cuánta plata destinó para los operativos, porque se le pagó a la policía de manera directa, y hasta el día de hoy no logramos tener esa información. Esos recursos con los que se pagó a la policía salieron del Ministerio de Economía, y el ministro en ese momento era el actual gobernador, Carlos Sadir. Entonces, habría que preguntarse quién del radicalismo, del gobierno, está ajeno a esta situación o no es responsable».
«Hay muchos implicados, y acá en Jujuy nos conocemos la mayoría», afirmó la abogada, y reveló que las personas que estaban manifestándose en ambas protestas se están animando a declarar y contar lo que vieron. «Las víctimas, quienes fueron sobre todo vejados, golpeados, van reconociendo a sus agresores. Y sus agresores son muchos», afirmó.
En este sentido, Cejas consideró que se está dando «un proceso de recuperación de la memoria que quizás ayude a entender la dimensión y la cantidad de personas involucradas en haber generado tanto dolor en la ciudadanía».
«Nosotros pagamos impuestos, servicios, decimos que vivimos en estado de derecho, y es inadmisible que salga un grupete de empleados o funcionarios públicos a agredirnos, a tirarnos piedras, a dispararnos, porque no compartimos sus ideas acerca de cómo tiene que ser la vida en sociedad», analizó.
Sobre las víctimas de aquellas jornadas trágicas, la letrada remarcó: «Han quedado muchas secuelas. Hay muchos heridos que van a ser crónicos, hay muchas familias que tienen que sostener a un familiar con estrés postraumático, ataques de pánico. Fueron casi 100 detenidos. Ha sido realmente una masacre para lo que es Jujuy y se ha tratado de minimizar».
Para Cejas, «no quieren que hablen los que vieron, los que estuvieron detenidos en lugares que se armaron como centros clandestinos donde, donde los golpeaban, los amenazaban, los vejaban».
«Eso es lo que se está ocultando, la voz de quienes saben y vieron a los responsables, que es justamente lo que estamos desandando. La idea es que puedan hablar y que estén seguros. Hay todavía quienes estuvieron detenidos en esos días que fueron presionados por la policía, haciendo seguimientos y hostigando en las casas de estas personas», contó la abogada, y adelantó que en los próximos días van a hacer presentaciones de «por lo menos diez querellas».
Cejas cree que el objetivo del gobierno provincial y del MPA es acelerar el trámite y llegar cuando antes al juicio oral contra Suárez. «Y lo declararían inocente, nadie se enteraría y terminaría libre. Y en Jujuy no pasó nada», reflexionó.
Los videos incluidos en la acusación del fiscal
