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La jueza Ana María del Huerto Sapag ordenó a Daniel Verzini que retire el candado y la tranquera que impedía el paso de la comunidad indígena Tilquiza, de Ocloya, por el camino ancestral de acceso a su territorio. «Ha triunfado el buen vivir», dijo el cacique Néstor Jerez, y alertó sobre las imputaciones que aún pesan sobre integrantes de la comunidad, acusados de turbación de posesión.
La decisión de la magistrada se conoció minutos después de la conferencia de prensa que dieron Jerez y otros integrantes de la comunidad junto a las referentes locales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y el Inadi, además de Andhes.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Jerez detalló: «Acaba de sacar un proveído la jueza Ana María del Huerto Sapag donde se retrotrae y ordena a los usurpadores del territorio, a Daniel Verzini, a sacar el candado que impedía el paso por nuestro camino ancestral».
La comunidad Tilquiza reclamaba la apertura del camino que utilizan para ingresar a sus territorios, que había sido bloqueado en el cerrado por Verzini, un empresario maderero de la zona. La jueza Sapag había avalado al empresario y ordenado el desalojo de la protesta, que se llevó adelante con un operativo policial al que Jerez describió como «arbitrario y desmedido». En el procedimiento fueron detenidas nueve personas.
Detalló que «eran más de 12 móviles policiales, fuerzas especiales, infantería, canes, todos con armas largas», y denunció en particular la poca cantidad de personal policial femenino. «El personal masculino de la policía arrastraba a nuestras mujeres para llevarla detenida, y han detenido a mujeres con niños», aseguró.
«Pedimos el cese de las amenazas de muerte e intentos de homicidio por parte de Daniel Verzini, como así también que se garantice la libre circulación que hoy ha ordenado la jueza. Y que se retrotraiga la imputación de turbación de posesión contra hermanos y hermanas», señaló Jerez.
Sobre el cambio de parecer de la jueza y la orden para que se libere el paso, el cacique destacó que «es logro gracias a la lucha pacífica que hemos llevado adelante, también a nivel nacional, con organismos e instituciones».
Jerez señaló a Sergio Lello, titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a quien acusó de incumplir con el protocolo que está vigente en ese organismo para abordar las situaciones vinculadas con las comunidades originarias. «Es otra violación sistemática en el ámbito penal. Él se comprometió a que no iba a haber desalojos de comunidades indígenas preexistentes mientras esté vigente la ley 26.160, pero sistemáticamente ese protocolo ha sido violentado», afirmó.
El conflicto entre la comunidad Tilquiza y el empresario Verzini es de larga data. Los hechos de los últimos días y la decisión de la justicia de avalar el reclamo comunitario no sería el final de la historia. Para Jerez, lo inmediato es lograr que la justicia anule las imputaciones que pesan sobre los integrantes de la comunidad.
Pero no sólo eso. «Necesitamos respuestas concretas. Esperamos que el fiscal general Lello retrotraiga las medidas tomadas contra la comunidad indígena Tilquiza. Y está claro que la paz social que pregona Gerardo Morales no es de todos, es para unos pocos, para los usurpadores del territorio», indicó Jerez.
«El gobierno está claramente identificado en este hecho de violencia institucional y violación de nuestros derechos», agregó. Y completó: «Instamos al señor gobernador a un diálogo sincero, donde podemos demostrar que el camino es el buen vivir de los pueblos milenarios, que hemos sabido convivir en armonía y equilibrio como guardianes de los bienes naturales que son la garantía de vida de toda la humanidad».
Intimidación policial y racismo judicial
La conferencia de prensa de esta mañana se realizó en la sede de la delegación Jujuy de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde también funciona el Centro de Acceso a la Justicia. La delegada Anabel Yacianci reveló que desde temprano se apostaron efectivos policiales enfrente, afuera y en las oficinas. «Se retiraron cuando se lo pedimos, pero no deja de ser un acto intimidatorio», advirtió.
Laura Álvarez Carreras, referente en Jujuy del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, expresó la particular preocupación por la situación de las mujeres detenidas en el marco del desalojo de la comunidad Tilquiza.
Por su parte Walter Soriano, titular del Inadi Jujuy, se refirió al «marcado racismo» que se advierte en el Poder Judicial de la provincia, que «sólo aplica la ley a un sector», afirmó.
«Poner un candado en una puerta es un despojo indirecto», aseguró Betiana Martínez, abogada integrante de Andhes, quien enfatizó que «la justicia debe velar por los derechos de los pueblos indígenas e incorporar la perspectiva indígena y los principios del buen vivir y la cosmovisión de los pueblos».
A su turno, Anastasia García, referente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, reiteró el apoyo de esa oficina a la comunidad de Tilquiza, como «obligación legal y estatal pero también porque nos hacemos eco de los reclamos y acompañamos a los hermanos».
