Las razones que dio Claudio Lozano para defender la estatización de Vicentin

Por Cristian Carrillo, en El Destape. Más de 400 millones de dólares en deuda con banca pública, la posibilidad del despido de miles de trabajadores, productores colgados y que todo se resuelva vendiendo todos los activos de la empresa a manos extranjeras, ya es un costo para el Estado.

El presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, explica que la expropiación de Vicentin permitirá contar con una empresa que ingrese de manera directa divisas, sea testigo tanto del mercado cambiario como agropecuario y con una alta potencialidad para imponerse como un jugar fuerte en el concentrado rubro alimenticio.

En una entrevista con El Destape, el funcionario, quien denunció ni bien asumió el fraude realizado por empresa y las autoridades macristas en la banca pública, insistió en que la expropiación es el único camino contra el avance de la extranjerización en el sector.

«La intervención va a ponerla en marcha, permitirle a los productores y a la banca pública una perspectiva de recuperación de crédito otorgado y evitar que un coloso agropecuario que tiene participación significativa en el comercio exterior de granos termine en manos extranjeras», afirmó Lozano.

Respecto a la críticas sobre el costo que podría afrontar el Estado por hacerse cargo de una empresa con deuda, contestó: «Cuando tenés más de 400 millones de dólares en deuda con banca pública, la posibilidad del despido de miles de trabajadores, miles de productores colgados y que todo se resuelva vendiendo todos los activos de la empresa a manos extranjeras, el costo ya lo tenés».

-¿Por qué la intervención de Vicentin?

-Con aval de la banca pública (Nación, Provincia, Ciudad, BICE, entre otros) durante la gestión anterior, conformó, en el marco de un crecimiento exponencial, un fraude, una verdadera estafa a los trabajadores, a los pequeños productores, a los acopiadores y al Estado. En ese contexto, además del default planteado por Vicentin el año pasado y con un concurso de quiebra que se seguía posponiendo, lo que se tenemos es un proceso de párate de las plantas productivas, perdidas de posiciones de Vicentin en el comercio internacional de granos y un avance creciente de las operaciones por parte de las grandes transanacionales del sector para quedarse con Vicentin, como Glencore, Dreyfus y Cargill.

-¿Qué objetivos plantea la intervención?

-Tiene varios objetivos: ponerla en marcha, permitirle a los productores y a la banca pública una perspectiva de recuperación del crédito otorgado y evitar que un coloso agropecuario que tiene participación significativa en el comercio exterior de granos termine en manos extranjeras. A partir de acá hay que dar los pasos necesarios tanto en la intervención como en  los criterios de la expropiación para que el costo sea el menor para el Estado sobre la base de avanzar en aquellos elementos donde queda en evidencia el fraude de Vicentin. Puede, además, establecer precios razonables a los productores porque es una empresa de interés público, que no piensa en maximizar su beneficio a costa de los productores.

-También es una empresa estratégica para el Estado en el mercado cambiario, porque es uno de los principales generadores de divisas.

-Sí, hay una parte de las divisas que van a entrar de manera directa, pero también es estratégica para blanquear ese mercado, el comercio exterior y potenciar a Vicentin como una empresa pública en materia alimentaria. Vicentin ocupa un lugar importante en la consecución de divisas. Está en el orden de los 3000 a 4000 millones de dólares al año aproximadamente. Pero también permite tener una empresa que opera en el sector, a la entrada, porque es acopiador, y  a la salida, porque tiene puerto. Esto nos va a permitir una mayor actividad de contralor en el mercado.

-¿Se puede estimar cuánto eludió en retenciones la empresa con la triangulación?

-Vicentin sacaba una parte importante de sus exportaciones, vía una subsidiaria en Paraguay. En Paraguay tenía una oficina con seis empleados, pero era el segundo exportador de soja de ese país, con 200 millones de dólares anuales. Los barcos bajaban vacíos por el Paraná, paraban en San Lorenzo, y ahí los llenaba Vicentin y seguía su ruta, con lo cual Vicentin exportaba 200 millones de dólares menos y eso generaba menor ingreso de divisas y menor recaudación por retenciones. Las operaciones comerciales de Vicentin son operaciones prácticamente fantasmas tanto en Paraguay como en Uruguay con empresas con sede en Panamá. Esperemos que ante este conjunto de delitos los dueños de Vicentin respondan con su patrimonio.

-¿La idea es operar con Vicentin también en la cadena alimentaria?

-Está la posibilidad de que, con lo que ya tiene Vicentin, en el mercado de alimentos (líder en harinas y aceites) y una reorientación de la firma ir hacia una empresa pública y potente que sirva de referencia para evitar maniobras abusivas en el mercado.

-¿Cuál es el horizonte de cobro de los acreedores y proveedores?

-La banca pública puede cobrar ya sea que se transforme en socio de la compañía, o porque YPF le emita algún bono para que la banca lo coloque en el mercado. Al mismo tiempo los productores saben que la empresa va a seguir funcionando y que el gerenciamiento va a estar en manos de gente especializada, como Gabriel Delgado, con vasta experiencia desde el INTA. Las cooperativas productoras pueden capitalizar deuda y participar de las utilidades. En el caso de la deuda con los extranjeros, se irá manejando a partir de la puesta en marcha de la empresa.

-¿Cuál es el costo para el Estado?

-Ya estamos en una situación de costos. Cuando tenés más de 400 millones de dólares en deuda con banca pública, la posibilidad del despido de miles de trabajadores, miles de productores colgados y que eso redunde en que todos los activos de la empresa termine en manos extranjeras, eso ya es un costo. Lo que viene es un proceso de definiciones de la intervención que tienda a aminorar lo más posible el costo que implica tomar una empresa que tiene deuda.