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No hubo novedades en una nueva audiencia judicial entre las partes que están involucradas en el incremento de la tarifa del servicio de transporte público de pasajeros, en el tribunal que preside Alejandro Domínguez, durante este jueves.
El Tribunal Contencioso Administrativo no produjo ningún dictaminó, para que entre en vigencia o no, el decreto de necesidad y urgencia que firmó el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge (UCR) y su gabinete.
Vale resaltar que el municipio capitalino se adelantó a los plazos estipulados por la justicia y presentó su descargo ante el Tribunal Contencioso Administrativo en feria, contra las entidades vecinalistas y sociales por las medidas cautelares presentadas en contra del aumento del boleto de colectivo.
En su presentación, la Muni no insistió en justificar el aumento, sino que se centró en cargar contra las organizaciones que hicieron el reclamo a la justicia porque, asegura, no cumplen los recaudos de una medida cautelar. En este sentido, se refirió en duros términos a los denunciantes, el Frente Unidos y Organizados (Fuyo), vecinos autoconvocados y asociaciones de defensa de los consumidores.
El texto presentado por la Municipalidad señala que «no está acreditado el daño» y que «una organización política no puede arrogarse la representatividad de los usuarios, sobre todo cuando hay gente que no acredita ser perjudicada en el aumento del precio, porque andan en camionetas de alta gama”. Curiosa argumentación, si se tiene en cuenta los vehículos promedio en los que se movilizan los funcionarios comunales, a los que difícilmente se los encuentre a bordo de un colectivo.
En el documento remarca el peligro que existe en dejar sin servicio de transporte a los pobladores “por la demora de aumentar el costo del boleto”, lo que veladamente alude a la posibilidad de que los empresarios del sector vuelvan a realizar un lock out.
Destaca que hay un daño concreto sobre quienes hacen uso del servicio del transporte público de pasajeros y que los mayores perjudicados son los sectores más vulnerables, porque la municipalidad garantiza el traslado gratuito a personas discapacitadas, jubilados o mayores de edad, el BEGU, todos contemplados en la reglamentación del servicio.
