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Un Perú bajo estado de emergencia vive este jueves otro día de tensión, con una movilización nacional en apoyo al destituido expresidente Pedro Castillo y una audiencia judicial para definir si sigue preso, en medio de protestas que dejaron varios muertos.
El juez Juan Carlos Checkley escuchaba los argumentos de la defensa de Castillo a favor de que sea liberado por haber pasado ya en prisión preventiva los siete días que marca la ley, así como los de la Fiscalía de que extienda su detención por 18 meses.
El fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay dijo al juez que existía peligro de fuga de Castillo, que está acusado de rebelión y conspiración desde su detención por haber intentado disolver el Congreso de manera ilegal, el miércoles pasado. En una audiencia transmitida en vivo por el canal de TV del Poder Judicial peruano, el fiscal recordó que el exmandatario de izquierda fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México y que ese país manifestó la voluntad de darle asilo si lo pedía.
Más temprano, la emisora RPP informó de una novena víctima fatal por las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y en exigencia de elecciones inmediatas: un manifestante que murió ayer atropellado en un corte de ruta en el norte de Perú.
También hoy, el Congreso tenía previsto reunirse para definir la fecha de las elecciones, luego de que Boluarte especulara con adelantarlas a fines de 2023 después de que una oferta anterior de celebrarlas en 2024 no lograra erosionar las manifestaciones.
El estado de emergencia empezó a regir hoy en todo Perú por 30 días, lo que permite restringir el derecho a la movilización y desplegar al Ejército y la Policía para «mantener el orden y la seguridad», dijo ayer el ministro de Defensa, Alberto Otárola, al declararlo.
En tanto, otro aeropuerto, el de la ciudad central de Ayacucho, suspendió sus actividades para hoy luego de que el Ejército advirtiera que manifestantes tenían previsto ingresar en él, informó Aeropuertos Andinos del Perú, la empresa que lo opera. Los aeropuertos de otras tres ciudades, Cusco (en la región de Cusco), Juliaca (Puno) y Arequipa (Arequipa) se encuentran clausurados por las protestas.
Además, la ciudadela inca de Machu Picchu, en la región de Cusco y una de las principales atracciones turísticas del país, anunció su cierre para los turistas.
Más de 70 personas han sido detenidas y más 200 policías han resultado heridas, en las protestas, según dijo anoche el ministro del Interior, César Cervantes. El Ministerio de Salud dijo que 171 personas fueron atendidas y que una veintena seguían hospitalizadas.
Castillo fue detenido luego de que intentara disolver el Congreso antes de que este votara, por tercera vez desde su asunción, en julio de 2021, una moción para destituirlo. Las Fuerzas Armadas no lo apoyaron y el Congreso, dominado por la oposición de derecha, votó su destitución. Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, asumió la Presidencia en su lugar.
Las manifestaciones, sin una convocatoria formal y con reclamos disímiles, parecen coincidir en un reclamo de elecciones inmediatas y cierre del Congreso, aunque algunos sectores piden la renuncia de Boluarte o la vuelta de Castillo al poder.
En desafío al estado de sitio, está anunciada para este jueves un masiva marcha por el centro histórico de Lima, donde ya llegaban en la mañana representaciones desde diferentes puntos del país a participar, y manifestaciones en numerosas regiones.
Sometida a creciente presión, Boluarte dijo ayer que las elecciones podrían adelantarse a diciembre de 2023, luego de haber dicho inicialmente que completaría el mandato de Castillo, hasta 2026, y, después, que los comicios se adelantarían a abril de 2024.
El Congreso unicameral debe definir la fecha de elecciones y, consecuentemente, el recorte de los mandatos de la presidenta y los legisladores. Aunque Boluarte habló de un posible adelantamiento de los comicios a 2023, hasta ahora solo existe el documento con la primera propuesta del Gobierno de que se realicen en abril de 2024.
Como se trata de una reforma constitucional, el cuerpo necesita una mayoría calificada de 87 votos. La medida tiene que ser ratificada por referendo. Está convocado para la sesión el ministro de Justicia, José Tello.
Castillo, que desde hace tiempo denunciaba intentos de destituirlo ilegalmente, ha condenado su detención y afirma que sigue siendo presidente. Los Gobiernos de Argentina, México, Colombia y Bolivia le manifestaron apoyo y han pedido su libertad.
