Por el hacinamiento, piden medidas para proteger del virus a detenidos en cárceles jujeñas

Hombres y mujeres privados de su libertad en las cárceles de la provincia que padecen patologías o condiciones específicas se encuentran «virtualmente condenados a una pena de muerte de facto». En esas palabras se apoya el pedido para que se disponga de la prisión domiciliaria de detenidos y detenidas en los penales de Alto Comedero y del barrio Gorriti que estén en situación de riesgo sanitario.

Esa estremecedora descripción está desarrollada en el habeas corpus presentado por la defensora oficial María Gabriela Sánchez de Bustamante y la defensora general Ivone Haquim, del Ministerio Público de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal Provincial, a partir de denuncias que recibieron por la situación en las cárceles jujeñas.

Ahora el Poder Ejecutivo, a través de las autoridades del Servicio Penitenciario local, deberá entregar un listado de las personas privadas de la libertad que estén en situación de riesgo.

Las funcionarias advierten en su escrito sobre el «excesivo grado de exposición debido al lamentable estado de hacinamiento en el que se encuentran las personas allí alojadas».

En este sentido, piden que el Servicio Penitenciario informe la nómina de las personas que padecen asma; insuficiencia renal o suprarenal crónica; insuficiencia ponderal; diabetes; cáncer; enfermedades pulmonares o cardíacas; accidente cerebrovascular; HIV sida; artritis o artrosis reumatoidea, «u otra patología que el Comité Médico Forense determine».

En el pedido incluyen además a embarazadas y lactantes.

«Quienes se encuentran con estas patologías de base, se encuentran de mantenerse su situación de encierro virtualmente condenados a una pena de muerte de facto, por vías de hecho», advierten las firmantes.

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la defensora general Ivone Haquim explicó: «Nosotros por ley tenemos la obligación de preservar a toda persona que se encuentra privada de su libertad. El habeas corpus tiene como fin una situación que se ha dado en todo el país y en todo el mundo, que es disponer, mientras dure la cuarentena, prisiones domiciliarias para las personas que estén en alto riesgo».

Consultada sobre la situación de hacinamiento en las cárceles de la provincia, Haquim recordó que el Ministerio de Seguridad dispuso la emergencia carcelaria el año pasado, y precisó que en ese sentido «estamos trabajando para mejorar las comisarías, que no tenían luz ni aire, y fuimos haciendo ventanas y poniendo luz».

Más adelante en el escrito, las funcionarias remarcan que en el caso concreto de la situación de pandemia por Covid-19 «en la cárcel de Jujuy, puede advertirse claramente que no nos hallamos en presencia de reiterados casos aislados de hechos de violencia, sino en una práctica de violencia estructural». Destacan luego que «en los últimos años esa violencia fue mutando hacia la preeminencia de violencia entre internos, muchas veces direccionada o tercerizada o cuanto menos tolerada (cuando no fomentada) por las autoridades encargadas de la prevención de estas situaciones».

«Estamos en presencia por la pandemia –reitero – de un caso de torturas y mal trato colectivo, pues no se trata de una decisión de las autoridades de someter a los internos a la pandemia, se trata que por sus condiciones personales, subjetivas, este grupo de personas se encuentra mucho más expuesto que el resto de la población carcelaria por la depresión de su sistema inmunológico», sentencian.

Otro de los pedidos puntuales vinculados con la pandemia es que se habiliten las comunicaciones telefónicas para compensar la suspensión de las visitas. «Hemos establecido que en cada una de las seccionales y en el Servicio Penitenciario se incorporen teléfonos para que puedan tener comunicación con sus familiares y también con el área de violencia institucional del Ministerio Público de Defensa Penal», detalló Haquim a El Submarino Radio. 

El análisis de la presentación, de los informes del Servicio Penitenciario y los casos puntuales, quedó en manos del juez de control habilitado en la feria extraordinaria por razones sanitarias, Pablo Pullen Llermanos, quien determinará quiénes podrían pasar a cumplir prisión domiciliaria, entre otras medidas alternativas. El magistrado tiene 48 horas para expedirse. El plazo vence este viernes, pero podría extenderse hasta el lunes.

Tanto en los establecimientos penitenciarios de Alto Comedero como en el del barrio Gorriti se encuentran detenidas personas que padecen enfermedades coronarias, mayores de 70 años, con HIV y otras patologías que las ubican en los grupos de mayor riesgo de sufrir daños severos e incluso de fallecer en caso de contagio por Covid-19.

Las personas privadas de su libertad, como es entendible, temen contagiarse y reclaman más seguridad y la provisión de elementos como barbijos y alcohol en gel.

Por ahora, las medidas de prevención que se tomaron en los penales de la provincia se limitan a las restricciones en las visitas y en los elementos que estas pueden ingresar, solo elementos de limpieza y comida. También se están haciendo sobre el personal controles de temperatura y seguimiento de posibles casos gripales o con síntomas compatibles con coronavirus.

A pesar de que había circulado por redes la información de que guardiacárceles iban a confeccionar barbijos, esto fue desmentido por el Servicio Penitenciario.

Por otra parte, está la situación de las personas detenidas sin condena. Ante la suspensión de la actividad en Tribunales a su mínima expresión, no hay chances de que se avance con los procesos y medidas judiciales que podrían resolver esas situaciones por la vía legal, ya que solo se atienden casos urgentes a través de las fiscalías y juzgados de turno.

Esta semana hubo incidentes en varios establecimientos penitenciarios del país, a partir de los reclamos de los internos para que se tomen medidas de seguridad sanitaria. En Santa Fe y provincia de Buenos Aires se dieron los episodios más violentos, con un saldo de cinco detenidos muertos.