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En un nuevo capítulo de los roces diplomáticos por la política migratoria que impuso Mauricio Macri, el gobierno de Bolivia enviará la semana próxima a Buenos Aires una misión especial, encabezada por el canciller Fernando Huanacuni, con la firme intención de revisar el impacto del decreto que estableció un endurecimiento en los controles a los inmigrantes que cometan delitos en el país.
El presidente Evo Morales dijo ayer que «va a viajar a la Argentina una comisión a la cabeza de la cancillería, con algunos ministros y el presidente del Senado, para ver a nuestros hermanos en la Argentina y conocer cuál es el problema que tienen».
Durante un acto de gestión desarrollado en Oruro, el presidente de Bolivia envió un abierto desafío hacia el gobierno argentino. «Nuestros hermanos en la Argentina no son delincuentes, narcotraficantes. Más bien [buscan] cómo mejorar la situación económica familiar, pero también aportando al desarrollo del hermano pueblo de la Argentina», subrayó.
A la vez, Morales apuntó a algunos funcionarios argentinos que, a su juicio, «intentan causar malestar entre ambos países». De esta manera, el jefe de Estado de Bolivia cuestionó, aunque sin nombrarla, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien la semana pasada dijo que «es necesario ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú porque -señaló- el 33% de los presos por narcotráfico son extranjeros». También Bullrich remarcó en ese entonces que a la Argentina «vienen ciudadanos paraguayos y peruanos, que se terminan matando por el control de la droga».
Ayer, Morales dijo, visiblemente molesto, que «la Argentina y Bolivia son parte de la patria grande», y recordó que es obligación de los gobiernos «fortalecer» la unidad regional y no «estar detrás del Norte», en una alusión a la política migratoria expulsiva del presidente norteamericano Donald Trump.
Hasta anoche, fuentes de la Cancillería y de la Casa Rosada no habían confirmado a LA NACION la visita de la misión de Bolivia, aunque -aclararon- el Gobierno no tendrá inconvenientes en explicar los alcances del decreto, que fijó un sistema más duro para la deportación de los extranjeros que cometan delitos en el país y también impone la prohibición de entrar al país a aquellos inmigrantes con antecedentes penales.
La misión de Bolivia que vendrá a la Argentina y que encabezará el canciller Huanacuni se completará con el presidente del Senado, Alberto Gonzales, y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, entre otros.
Anoche, en el Gobierno coincidieron en señalar a LA NACION que las expresiones de Bullrich «no fueron afortunadas». Pero a su vez, tanto en la Cancillería como en el Ministerio del Interior remarcaron que el decreto de Macri no busca expulsar a extranjeros que están trabajando, sino aquellos que cometen delitos. También en la Casa Rosada explicaron que, en respuesta a la misión de Bolivia, se planteará que el gobierno de Morales tiene una política aún más dura que la Argentina en materia de expulsión de extranjeros delincuentes.
«La Argentina no debe copiar la política del Norte…, pero del norte argentino cercano», dijo a LA NACION un funcionario del Gobierno, en referencia al sistema migratorio que tiene Bolivia y que prevé expulsiones inmediatas en caso de que un inmigrante cometa un delito. Así, la Casa Rosada busca despegarse de cualquier tipo de comparación que se quiera hacer con la política migratoria impuesta por Trump en Estados Unidos.
En un intento por poner paños fríos y adelantar la postura que traerá la misión de Morales, el presidente del Senado de Bolivia dijo ayer: «Ojalá pronto, lo que apareció como una manifestación abierta de xenofobia, persecución o estigmatización en contra de nuestra gente, se aclare, que se puntualice».
El malestar de Bolivia se replicó en Paraguay, cuyas autoridades manifestaron por canales diplomáticos su preocupación por los alcances del decreto que firmó Macri. También la oficina de Amnistía Internacional en la Argentina denunció la violación de tratados internacionales de derechos humanos y pidió explicaciones al Gobierno por el decreto de cambios en la política migratoria.
La Nación
