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Diputados del Frente de Todos impulsarán en los próximos días un proyecto de ley para incorporar al Código Penal la figura del lawfare con la intención de fijar una pena de hasta diez años a los jueces y magistrados que actúen con «malicia» y que afecten los derechos políticos de las personas.
La iniciativa es elaborada por la diputada Gisela Marziotta y el titular de la comisión de Seguridad Interior, su par Ramiro Gutiérrez, también del FDT, quienes la presentarán esta semana al bloque oficialista con el objetivo de reunir el consenso de todo el bloque oficialista, señalaron los autores de esta propuesta.
El primer avance en la elaboración del proyecto tuvo lugar el jueves pasado en una audiencia pública organizada por Marziotta en la que intervinieron especialistas para evaluar las posibilidades de legislar en la materia: junto a expertos en derecho constitucional participaron Gutiérrez y la secretaria parlamentaria de bloque, Paula Penacca.
Consultado por la iniciativa, el diputado Gutiérrez contó que su tratamiento en el bloque ocurrirá esta semana; hasta entonces continuará la tarea de actualizar y mejorar el delito de prevaricato (artículos 269, 270, 273 y 274 del Código Penal).
Y agregó que eso permitiría incorporar «acciones no previstas, basadas en la malicia y con la finalidad de cercenar el libre ejercicio de los derechos constitucionales políticos», adelantó en declaraciones a Télam.
«Para todos estos casos se establece la pena de cárcel (hoy es multa e inhabilitación), para establecer congruencia y proporcionalidad con otras figuras de igual gravedad previstas en la ley penal», añadió.
En relación a la eventual figura penal del lawfare, el legislador señaló que abarcaría tanto «al juez, fiscal, asesor o funcionario encargado de emitir dictamen ante la autoridad judicial que actúe maliciosamente».
Por su parte, Marziotta justificó la presentación del proyecto al plantear que el lawfare constituye un «vacío legal» para el funcionamiento de los poderes del Estado, lo que representa un «peligro».
«Es un peligro, no solamente para los gobiernos y líderes populares, sino para todo el sistema democrático que ve que, si hay lawfare, no hay democracia», puntualizó la diputada.
«El peligro que encierra es más enorme y está sucediendo a nivel regional, no nos pasa solo a nosotros. Hay un plan detrás del lawfare», amplió en declaraciones periodísticas.
Por esa razón, explicó, «la idea es convertirlo en un delito penal, tipificándolo para que sea penalizado».
En la misma línea, la legisladora del FDT remarcó que «no se puede aceptar que se utilice el poder judicial de un magistrado en forma maliciosa para afectar los derechos políticos de los demás ciudadanos».
Desde el oficialismo reconocieron que es poco probable que un proyecto de estas características avance en el recinto, dada la extrema paridad entre FDT y JxC: de todas formas, señalaron que el primer objetivo es instalar el debate en la agenda pública.
En los últimos tres años, el FDT no pudo hacer avanzar ninguna reforma de la Justicia ya que los cambios por el oficialismo no solo son rechazados por JxC sino que tampoco los acompañan el interbloque Federal y la mayoría de los bloques provinciales.
Esto sucedió cuando el FDT quiso avanzar en la reforma de la justicia, del Ministerio Público Fiscal y en los cambios en el Consejo de la Magistratura.
