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Proyecto sobre cannabis medicinal: Autocultivo, venta de semillas y producción nacional

Por Flor Alcaraz, en Latfem. El debate por el uso medicinal del cannabis vuelve al Congreso. Una nueva iniciativa no solo buscara un marco regulatorio integral para acompañar necesidades terapéuticas, sino también generar las condiciones para el desarrollo productivo, científico, tecnológico e industrial de la planta y sus diferentes usos. La autora es la diputada nacional Carolina Gaillard. La iniciativa cuenta con el apoyo de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, la Red de Cannabis Medicinal del Conicet (Racme) y la Cámara Argentina de Cannabis.

A tres años de la sanción de la ley 27.350 en Argentina que reguló el uso medicinal del cannabis y mientras se espera una nueva reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, el debate sobre su uso vuelve al Congreso Nacional. Una nueva iniciativa no solo buscará un marco regulatorio integral para acompañar necesidades terapéuticas, sino también generar las condiciones para el desarrollo productivo, científico, tecnológico e industrial de la planta y sus diferentes usos. La autora es la diputada nacional del Frente de Todxs Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

LATFEM tuvo acceso al texto de la propuesta que pone el acento en despenalización de todas las acciones vinculadas al cultivo, producción y comercialización de cannabis para la salud. Esta iniciativa, superadora a la que ya está en vigencia, brindaría garantías para los procedimientos penales, bajo el principio pro usuario de cannabis medicinal. La apuesta a un equilibro justo entre quienes cultivan y la producción nacional.

Es decir, de aprobarse, las personas podrán tener sus propias plantas, cultivar de manera colectiva y con ayuda de otras personas. Pero al mismo tiempo se promoverá la industria nacional, garantizando que ambos objetivos se articulen sin tensiones.

“Se trata de garantizar el acceso efectivo al cannabis para tratamientos de salud como derecho humano fundamental entendiendo que se necesita un marco legal integral que no posee la ley existente”, explicó Gaillard a LATFEM. Y señaló que con este proyecto integral lo que se busca es que las y los usuarios finalmente puedan acceder al uso medicinal en sus distintas formas, sino que además se generan las condiciones para el desarrollo de una industria de cannabis para la salud considerando es una fuente de generación de empleo genuino y potencialmente de ingresos de divisas a nuestro país.

Una nueva reglamentación sigue siendo una deuda pendiente. La ley 27.350 recién se reglamentó en septiembre de 2017 pero con ciertos límites: porque no permite el autocultivo (todavía penado con hasta 15 años de prisión) y Argentina no produce ni importa cannabis. Además solo está pensada para una única patología: la epilepsia refractaria. Y lo cierto es que está demostrado que el cannabis mejora la calidad de vida en múltiples dolencias. A su vez, la legislación actual solo permite el uso de aceite de cannabis con CBD, que es una molécula natural de la planta que no genera psicoactividad como el THC, pero hay muchísimos relatos e historias que señalan y comprueban que el THC sirve en diversas patologías.

Las organizaciones, desde entonces, siguieron pidiendo autorización para autocultivo hogareño, producción en laboratorios públicos y ampliar la diversidad de patologías autorizadas, entre otras cuestiones. Esta nueva iniciativa transversal recoge esos reclamos y cuenta con el apoyo de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, la Red de Cannabis Medicinal del Conicet (Racme) y la Cámara Argentina de Cannabis.

“Nuestro presidente Alberto Fernández asumió junto al Ministerio de Salud el compromiso de modificar la reglamentación de la primera ley y vamos rumbo a eso. Fue un gran avance, que lo celebramos junto a las organizaciones, aunque reconocemos que aquella ley tiene limitaciones por lo que desde el Congreso se busca crear un marco legal acorde a las necesidades de todo el país para su desarrollo, de manera de permitir el cultivo, la producción, la comercialización y exportación”, dijo Gaillard.

Alrededor de 25.000 personas por año son criminalizadas en Argentina por las fuerzas federales por tener escasa cantidad de sustancias para su propio consumo, principalmente cannabis. En 2019 se cumplieron 30 años de la entrada en vigencia de la Ley 23.737 de estupefacientes en la Argentina, una ley cuya aplicación vino acompañada de criminalización, violencia institucional, encarcelamiento masivo, penas desproporcionadas, entre otras vulneraciones a los derechos humanos.

A su vez se cumplió una década de un fallo histórico sobre el tema, el fallo Arriola. En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina resolvió por unanimidad declarar la inconstitucionalidad de la criminalización de las personas que consumen drogas.

Entre otras firmas, acompañaron este nuevo proyecto: Cristina Álvarez Rodríguez (FDT), Mara Brawer (FDT), Martin Soria (FDT), Gabriela Cerruti (FDT), Marcela Campagnoli (JxC), Monica Macha (FDT), Cecilia Moreau (FDT), Fernanda Vallejos (FDT), Jimena López (FDT), Blanca Osuna (FDT), Graciela Landriscini (FDT), Gabriela Lena (FDT), Pablo Carro (FDT), Lucila Masin (FDT), Leonardo Grosso (FDT), Nicolás Rodríguez Saá (FDT).

Desarrollo científico, federal y con perspectiva de género

La nueva ley de cannabis medicinal promueve un circuito integral que se dinamiza entre la investigación, producción, acceso universal y comercialización. De esta forma se estimulará el desarrollo científico tecnológico nacional y la industria del cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal.

El proyecto insta además a crear un Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCA) que funcionará como autoridad de aplicación de la Ley, articulando con todos los órganos estatales, científicos, académicos y de la sociedad civil que convergen en la temática.

También se buscará promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico del cannabis para la salud, considerándolo una política de Estado, a través de programas de estímulo que serán coordinados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el Conicet y las Universidades Nacionales. Una característica fundamental en este sentido es la promoción de este desarrollo científico, tecnológico y la industria del cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal y desde la perspectiva de género.

En lo que refiere a la producción se propondrá regular el autocultivo garantizando el acceso universal para todos los pacientes que lo necesiten; de esta forma se crearían figuras como la de “cultivador/a solidario/a”, los clubes de cultivo y el cultivo con fines de producción y/o comercialización de cannabis para la salud.

Además, se creará un sistema único de licencias para autorizar el cultivo, producción, comercialización, importación y exportación de cannabis para la salud, y productos que lo contienen, las mismas son gratuitas para autocultivo y cultivo solidario. Mientras que desde el Instituto Nacional de Semillas (Inase) se creará un Banco de Semillas que buscará garantizar un precio justo y razonable para su acceso.

Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, dijo que “como madres cultivadoras vemos necesaria una nueva ley que abra el juego a la sociedad civil y a las organizaciones proponiendo también la regulación del cultivo en red, reconociendo el trabajo colectivo que venimos llevando a cabo, sin importar nuestras capacidades productivas, sino mirando el beneficio que generamos, de abajo hacia arriba desde la horizontalidad de las prácticas en torno a lo terapéutico, empoderando a les usuaries y fortaleciendo lo comunitario”.

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