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En la jornada anterior, funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura visitó a la Comunidad Indígena Tilquiza del Pueblo Ocloya, para mantener un encuentro con los comuneros.
Los integrantes de la CNPT recorrieron el camino ancestral de uso tradicional, como veedores y testigos de los múltiples obstáculos que se atraviesa hasta arribar al domicilio de la familia de Justo Gaspar.
Durante la reunión, fueron informados por el incumplimiento a la medida cautelar por parte del usurpador de territorio ancestral Daniel Verzini; la situación de detenciones e imputaciones de los miembros de la Comunidad sufrido el 14 de septiembre pasado, donde mujeres y niños padecieron violencia institucional, violencia de género y violencia espiritual; como así también la violación sistemática de los DDHH, derechos constitucionales, tratados internacionales, Convenio 169 de la OIT, Ley 26160, protocolo de abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes.
Los integrantes de la Comunidad manifestaron su preocupación por el desamparo sistemático e inseguridad jurídica que viven en la provincia ya que la Secretaria de Pueblos Indígenas no garantiza los derechos de los comuneros; además solicitan la nulidad del procedimiento irregular y sobreseimiento de imputaciones; como así también la recusación al fiscal Alejandro Maldonado, por no actuar con objetividad, no reconocer al sujeto de derecho colectivo y no agotar instancias de dialogo como lo estipula el protocolo de abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes, obligatorio para todos los fiscales y ayudantes fiscales del Ministerio Publico de la Acusación.
Por lo que se pidió a los miembros de la Comisión Nacional de Prevención contra la tortura su respaldo, acompañamiento y la realización de las correspondientes presentaciones acorde a su competencia, ante organismos provinciales involucrados en la temática, ya que la violencia institucional no es un derecho.
