Schulman: «El presidente Fernández tiene el deber institucional de defender a los presos políticos»

Organizaciones de derechos humanos visitarán este lunes a Milagro Sala y el resto de los y las presas políticas de Jujuy, y al día siguiente mantendrán una reunión con representantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia. El reclamo urgente es la libertad de los detenidos y detenidas en prisión domiciliaria. Además, esperan que el gobierno nacional se pronuncie y se involucre.

Estarán en Jujuy referentes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y una decena de otras organizaciones, nucleadas en la Mesa de Unidad de Organismos de Derechos Humanos.

El secretario nacional de la LADH, José Schulman, detalló en diálogo con el programa Día 6 las actividades previstas para la visita.

El lunes 11, la delegación visitará a Milagro Sala, Graciela López, Patricia Cabana, Adriana Condorí, María Condorí, Javier Nieva, Iván Altamirano, Miguel Sibila y Mirtha Guerrero, que están con prisión domiciliaria. «Queremos ir a abrazarlos, decirles que seguimos solidarios y defendiendo esta causa», señaló Schulman.

«Para nosotros, esta causa tiene múltiples implicancias. Individuales, porque hay una cantidad de personas que la han pasado y la pasan muy mal; familiares, porque no hay manera de que las familias no sufran, y otras mucho más generales», analizó.

Sobre estas últimas, el referente de derechos humanos afirmó que, dada esta situación, «no hay manera de que se sostengan las garantías constitucionales», y consideró: «No se pueden defender los derechos humanos un poquito sí y un poquito no; no se puede respetar las garantías constitucionales un poquito».

«El constitucionalista Eduardo Barcesat una vez me dijo que un derecho no cumplido ni siquiera es un derecho, no es nadan no es una promesa. Y acá hay mucha idea de que alcanza con cumplir un poquito, una parte, pero no es así», completó.

En este sentido, advirtió que «en la medida en que se comenzó la cacería y la persecución en Jujuy, irremediablemente el estado de derecho en la Argentina quedó seriamente dañado y no se recuperó, a pesar de que llevamos dos años de un gobierno que conquistamos nosotros con nuestra lucha y buena parte de esa lucha se legitimó en la lucha por la libertad de Milagro y los otros compañeros».

Los supremos

Luego de visitar a los presos y presas políticas, los representantes de las organizaciones de derechos humanos van a reunirse el martes al mediodía con el Superior Tribunal de Justicia (STJ de Jujuy, «que tiene una enorme responsabilidad en el diseño, la aplicación y la preservación de esta política de persecución», comentó Schulman.

La intención, adelantó es «abrir un diálogo que termine con esta situación que, aunque algunos no lo perciban así, está causando un daño increíblemente grande a toda la provincia de Jujuy».

En el encuentro, van expresarles la necesidad de reparar la situación de los detenidos que están en condiciones técnicas de recuperar su libertad. «Exigiremos que se respeten los procedimientos, las normas elementales que permiten que una persona recupere la libertad cuando cumple determinadas condiciones, los términos de la condena, los plazos, aun cuando se mantengan causas que son absolutamente injustas», indicó Schulman.

«Esperamos que más allá de lo estrictamente técnico haya un diálogo para encontrar un camino. Nosotros vamos abiertos a cualquier idea -agregó-. Se necesita salir de esta especie de beligerancia absoluta, porque no podrán eternamente estar fuera de la ley».

También presentaron pedidos de audiencia con el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello, y con el juez de ejecución penal, Emilio Cattan, pero aún no recibieron respuesta de ninguno de ellos.

El deber del presidente

En las últimas semanas, Milagro Sala expresó reiteradamente su decepción y enojo con el gobierno nacional por no llevar adelante acciones para revertir la situación de injusticia en Jujuy. La Mesa de Unidad de Organismos de Derechos Humanos tuvo más de una oportunidad para plantearle la cuestión al presidente Alberto Fernández.

La primera entrevista fue el 21 de febrero de 2020, en la Casa de Gobierno. «Allí le presentamos el pedido por la libertad de los presos y presas y yo aproveché para explicar que esto de ‘presos políticos’ no es lo que a uno se le canta, sino que hay un cierto consenso internacional», relató Schulman.

En ese encuentro, le leyó a Fernández la resolución 3000 de la Asamblea de la Unión Europea, que considera que preso político es toda persona privada de su libertad cuya condición jurídica ha sido modificada por su condición política. «Nosotros no decimos que en todos los casos las y los presos políticos están absolutamente eximidos de toda responsabilidad de cualquier acto, sino que decimos que si a una persona, por su condición política, se le modifica su igualdad ante la ley, es un preso político -continuó-. Eso motivó una discusión con el presidente, sobre todo con el que era el jefe de ministros, y desde ahí empezaron las tratativas. Esto se repitió dos veces más en reuniones con el presidente y la discusión fue la misma».

Para Schulman, la única respuesta válida del presidente sobre el tema es la que ha hecho pública, «porque cuando uno asume una responsabilidad política tiene que entender que lo que dice en privado o cuando habla con un amigo en un café no tiene gran importancia».

En este punto, hizo referencia a los dichos del presidente en el sentido de que esperaba que lo resolviera la propia justicia. «Nosotros desde el primer día dijimos que no estábamos de acuerdo con eso, porque el nivel de compromiso, el nivel de involucramiento y la gravedad de los delitos cometidos por los jueces y las juezas, por las cortes y los tribunales, es tan grande, que aceptar haberlo hecho implicaba aceptar un nivel de culpa que no veíamos que hubiera la menor posibilidad de que lo acepten», precisó.

Y agregó: «Acá hay una cantidad de personas que han tomado decisiones de una gravedad tal, que en un país donde primen las garantías constitucionales irían presos. Entonces, cuando yo digo de abrir un diálogo con el Superior Tribunal de Justicia, es que estoy dispuesto a impulsar un diálogo que implique que sus miembros no vayan presos».

«A mí me llama mucho la atención cuando compañeras y compañeros o expertos en derecho hablan como si la Constitución, las leyes y los acuerdos fueran voluntarios -reflexionó-. Pero el presidente Fernández no tiene opción de defender o no a los presos políticos, es su deber institucional. Para eso juró ser presidente y el Estado argentino firmó convenciones internacionales donde dicen que el presidente está obligado a defender los derechos y garantizarlos».

Schulman remarcó que «la defensa de los derechos humanos no es una opción sino que es un deber institucional», y recordó que la reforma constitucional de 1994 «dejó claro que el primer deber de los jueces y juezas es defender los derechos humanos y que eso debía ser considerado en el proceso de selección de los jueces, algo que por supuesto no se hizo».

«Me parece importante que nosotros dejemos claro que, al menos el orden legal, en la Argentina, incluye la defensa de los derechos humanos. Y en una discusión seria, nadie puede sostener que el orden judicial en Jujuy es compatible con la Constitución argentina», completó.

La entrevista completa

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