La Cámara de Senadores aprobó la prórroga por cuatro años de la ley de tierras indígenas, que vence a fines de noviembre, y que impide desalojos de comunidades sometidas a procesos judiciales. Ahora pasa a Diputados.
El Senado debatió en una sesión especial la prórroga de la suspensión de desalojos de tierras indígenas. La ley 26.160 dispone la suspensión de los desalojos de tierras ocupadas por comunidades indígenas hasta que se realice un relevamiento de esos terrenos. La votación fue unánime, con 62 votos a favor y cero en contra, y extendió la emergencia hasta 2021.
Si bien la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y, entre varios derechos, reconoce el derecho a la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, la Carta Magna no se cumple.
«No queremos más campañas con periodistas pintados de amarillo para desinformar sobre las causas reales de este conflicto», dijo el senador Fernando Solanas condenando el lobby mediático impulsado por Cambiemos.
Con respeto a las dilaciones intencionales que buscaron sacar a los indígenas la propiedad de sus tierras sostuvo: «Hubo un pedaleo constante del tema central, que es darle la titularidad de esas tierras a los pueblos originarios».
«Para las comunidades indígenas la tierra tiene un valor distinto al valor mercantil del hombre blanco: es tierra sagrada», subrayó Solanas.
Por su lado, el senador del FpV, Marcelo Fuentes dijo: «La intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria».
El reclamo en todo el país
Por su parte, integrantes de comunidades indígenas de Jujuy reivindicaron hoy su lucha «en reguardo del territorio y en defensa de la vida» en el marco del reclamo por la prórroga de la ley nacional 26.160, que es debatida por el Senado de la Nación.
«Nos movilizamos pacíficamente, como a nivel nacional, como única forma de defender los derechos consagrados en la Constitución Nacional, convenios internacionales y leyes concordantes», dijo a Télam el referente del Consejo de Comunidades Indígenas Llankaj Maki, Fabián Cruz.
Kollas y guaraníes con sus caciques marcharon por el centro de San Salvador de Jujuy por la prórroga de la ley 26.160, que contempla «la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país» y que suspende «la ejecución de sentencias».
Los manifestantes se apostaron frente a la Legislatura «para garantizar que la ley pueda ser tratada».
«Si no se llega a prorrogar la ley quedamos desamparados totalmente, cuando hay muchas órdenes de desalojo que están recibiendo las comunidades», señaló Cruz.
En la asamblea realizada esta mañana en la plaza de los Inmigrantes, las organizaciones instaron al Gobierno a avanzar en el relevamiento técnico, jurídico y castastral de los territorios ancestrales que reclaman.
Advirtieron que, de no prorrogarse la ley, «el 70 por ciento de las comunidades estarán en riesgo de desalojo y la tierra podría pasar a manos de extranjeros».
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