Solicitaron el cese de detención de Milagro Sala, que cumple cuatro años de prisión preventiva sin condena

Hoy, jueves, la dirigente social Milagro Sala cumple cuatro años de prisión preventiva, lo que marca un hito histórico en el Poder Judicial, por lo menos en Jujuy, sin condena firme y en las primeras horas de esta jornada, sus abogados, Luis Paz, Paula Álvarez Carreras, Ariel Ruarte y Matías Duarte, presentarán un escrito en los distintos estrados de la justicia de Jujuy, pidiendo el cese de su detención en las causas Pibes Villeros (ante el juez de ejecución de condena, Carlos Cattan), Luca Arias (ante la Cámara de Casación Penal) y megacausa, (ante el juez de control penal, Isidoro Cruz).

Fue detenida el 16 de enero de 2016, en el marco de un acampe realizado por las organizaciones sociales para reclamar una reunión con el entonces, recientemente electo Gobernador, Gerardo Morales.

También en esta jornada, la Organización Barrial Tupac Amaru, acompañada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala y el Foro por la Democracia y la Libertad de las y los presos políticos levantan el acampe que se instaló en el Obelisco por 24 horas por los cuatro de la injusta y arbitraria detención de la dirigente social Milagro Sala, primera presa política del gobierno de Mauricio Macri y de Gerardo Morales.

Solicitaban que se garantice la continuidad de las fuentes de trabajo para 20 mil cooperativistas de la provincia de Jujuy. Desde ese día, hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” para sostener la privación ilegal de la libertad de la líder social por tiempo indefinido.

A partir de ese momento, la persecución y encarcelamiento a los militantes de la Organización Tupac Amaru, la destrucción de su obra, la ocupación de sus sedes sociales, de sus centros educativos, de sus fábricas, de sus centros de salud y de sus espacios recreativos públicos, se transformaron en símbolos del disciplinamiento social.

Este modelo represivo fue planificado y ejecutado con la complicidad del poder judicial, que fue transformado en una herramienta de persecución a opositores políticos. Para ello Gerardo Morales amplió de 5 a 9 miembros el Superior Tribunal de Justicia, designando a dos diputados radicales, Pablo Baca y Elizaberth Altamirano; al ex diputado nacional por la UCR, Federico Francisco Otaola, y a la jueza Laura Lamas.

Los gobiernos de Jujuy y de la Nación desconocieron desde entonces los pronunciamientos de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos. El 27 de octubre de 2016, el Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas aseguró que la privación de la libertad de Milagro era arbitraria y lo ratificó en mayo de 2017 luego de visitar la provincia de Jujuy. En julio de 2017 intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La escalada internacional dio lugar a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien en noviembre de ese mismo año ordenó al Estado argentino adoptar de manera inmediata las “medidas de protección que sean necesarias” para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala.

La dirigente, sin embargo, fue trasladada el 15 de diciembre de 2017 a la casa del dique La Ciénaga. El arresto domiciliario que cumplió en esa oportunidad era asimilable a las condiciones de detención en la prisión de Alto Comedero, por lo que una vez más el Estado incumplió con la medida establecida por la Corte IDH.

En agosto de 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la justicia jujeña cumplir la decisión de la Corte IDH de noviembre de 2017: Sala no debía estar encarcelada porque su vida y su salud estaban en riesgo. Sin embargo, de manera intempestiva, el juez Pablo Pullen Llermanos ordenó el traslado inmediato de Milagro Sala a una cárcel federal en la provincia de Salta, en horas de la madrugada, al estilo de los traslados de la dictadura. Las denuncias de los Organismos de Derechos Humanos y de líderes mundiales finalmente lograron que Milagro Sala sea trasladada a su verdadero domicilio en donde permanece con prisión domiciliaria.

El 14 de enero de 2019, en un proceso judicial plagado de irregularidades, la causa Pibes Villeros, Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita, fraude y extorsión. Su apelación sigue en un cajón del Superior Tribunal de Justicia esperando un dictamen que no siga avergonzando y deshonrando al sistema jurídico argentino.

Fue juzgada en ausencia durante 45 días y no le permitieron presentar su defensa por una decisión del Tribunal en lo Criminal N°3, que fue conformado por las juezas María Alejandra Tolaba, como presidente y las vocales, Cecilia Sadir y Ana Pérez Rojas, que protagonizaron uno de los mayores escándalos de la justicia jujeña, convertir un juicio oral y público, en un juicio secreto para la prensa.

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