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Este martes 31 de marzo, a última hora, las autoridades de Jujuy decidieron disponer el traslado de un grupo de personas migrantes de manera compulsiva, arbitraria e irregular, denunciaron Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref). Las tres organizaciones presentaron un habeas corpus «para garantizar que el traslado resulte seguro y las condiciones de recepción previstas para este grupo».
Se trata de 60 personas originarias de Perú, Venezuela y Colombia que habían ingresado a la Argentina para radicarse aquí o habían llegado hasta La Quiaca para abandonar el país, justo antes de que las fronteras fueran cerradas.
Entre ellas hay personas solas y familias con niñes, que se encontraba en La Quiaca y San Salvador de Jujuy desde mediados de marzo. Esta mañana fueron subidas a un micro de larga distancia sin que se les informara con precisión hacia dónde se dirigían. En el proceso, además de la desinformación, sufrieron requisas.
Muchas de las personas trasladadas tienen necesidades de protección internacional, razón por la que ingresaron al país durante marzo con la intención de radicarse en alguna provincia. Casi 40 de ellas se encontraban hospedadas en alojamientos y comedores comunitarios de La Quiaca, y cumplieron con las medidas de aislamiento social, obligatorio y preventivo establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, como consecuencia del Covid-19.
Sin embargo, la provincia decidió enviarlas, sin ninguna justificación ni regulación que lo avale, hacia la ciudad de Buenos Aires.
Las organizaciones denunciantes aseguran que el traslado compulsivo dispuesto por la provincia «afecta la libertad de circulación, forzando a las personas a desplazarse sin información suficiente sobre las condiciones de ese desplazamiento ni el lugar preciso al que se las está llevando ni cuál será el dispositivo previsto para su recepción en medio de una gran ciudad en pleno aislamiento social obligatorio».
Además, agregan, las obliga a cumplir con una medida desaconsejada para el cuidado de la salud. «Las políticas sanitarias vigentes en el país que restringen la circulación no implican, ni avalan, este tipo de medidas», afirman.
Por estas razones, las tres organizaciones presentaron un habeas corpus ante la Justicia Federal de Jujuy para conocer las razones del desplazamiento, el dispositivo dispuesto para garantizar que el traslado resulte seguro y las condiciones de recepción previstas para este grupo.
«Esperamos que la Justicia analice esta situación que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad ambulatoria así como una transgresión de todas las normas nacionales vigentes que preservan la salud pública en el contexto del Covid-19», señalan.
⚠️Esta mañana, la provincia de Jujuy subió a un grupo de personas migrantes que estaban en La Quiaca a un micro con dirección desconocida.
❌Es un traslado compulsivo que no está avalado por las medidas sanitarias vigentes.https://t.co/xAFs0TmQs4
— CELS (@CELS_Argentina) April 1, 2020
