Para Sapag, la «actividad ilícita» de Vicentin «perjudicó las arcas de instituciones del Estado»

«Estamos en presencia de una actividad ilícita de un grupo empresario internacional que perjudicó las arcas de instituciones del Estado», sintetizó el profesor y contador Guillermo Sapag al analizar la decisión del gobierno nacional de intervenir el grupo Vicentin y enviar al Congreso un proyecto para su expropiación.

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), el especialista consideró positiva la medida tomada por el presidente Alberto Fernández porque será una forma de controlar la fuga de divisas y el funcionamiento de un puerto «del que no se sabe qué sale ni qué ingresa», pero sobre todo porque constituirá «un caso testigo para conocer cómo se manejan las diez multinacionales que en definitiva hacen el gran negocio, porque son las encargadas de exportar».

-¿Cómo analiza la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentin y enviar al Congreso un proyecto para expropiarla? 

-Aquí hay una maniobra de un sector político que prestó plata a una empresa calificada como complicada primero para pedir y segundo para devolver, porque se dice que Mauricio Macri lo obligaba a González Fraga a autorizar los préstamos. Y hay también una maniobra concreta para financiarse y vaciar la empresa. Por un lado, se pedía plata a los bancos, al Nación, al Provincia de Buenos Aires, al Ciudad, al BICE, por 390 millones, además de 500 millones que se les debe a pequeños productores, y otras deudas. Y por otro lado, los dólares que recibía de la liquidación de exportaciones, iban a parar a  otra cuenta. Todo eso para vaciar la empresa y de esta manera perjudicar no solo a los bancos sino al fisco nacional. Evidentemente, un ardid para financiarse antes de entrar en concurso de acreedores. De modo que el Estado tiene mucha plata para reclamar.

-Dicen que el control estatal de Vicentin va a tener efectos positivos en el manejo del mercado de alimentos. ¿Es así? 

-Esto va a ser una forma de controlar la fuga de divisas, en un momento de restricción de moneda extranjera que vivimos permanentemente en la historia; también una forma de control de un puerto del que no se sabe qué sale ni qué ingresa, y finalmente como un caso testigo para conocer cómo se manejan las diez multinacionales que en definitiva hacen el gran negocio, porque son las encargadas de exportar. En síntesis, es algo positivo por muchas razones, pero fundamentalmente para terminar con los negociados de unos pocos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esta decisión sobre una de estas empresas multinacionales que hacen negocios que benefician a muy pocos en perjuicio de mucha gente. Entre esos perjudicados hay cerca de 3000 pequeños productores a los que esta empresa, que era la única que les compra, tiene complicados porque no cumplió tampoco con ellos. Son muchos los desatinos, que le cuestan muchisimo al Estado, a la gente y a los pequeños productores. Además hay que decir, sin revanchismo, que esta empresa fue el mayor aportante a la campaña del macrismo. Y ya sabemos: primero viene el aporte y después llegan los favores.

-¿Qué puede decir sobre las críticas que señalan por ejemplo que se trata de una decisión inconstitucional? 

-El tema concursal es algo muy particular, bastante complicado. Acá los principales acreedores, en términos de números concretos, son los distintos estados. La nación, la provincia, la ciudad, AFIP, Rentas de Buenos Aires. Por lo tanto, acredita una intervención de este tipo, por supuesto aprobada en el Congreso, donde seguro se conocerán más elementos.

-Seguramente habrá también una investigación judicial. 

-Estamos en presencia de una actividad ilícita de un grupo empresario internacional que perjudicó las arcas de instituciones del estado. Eso acredita una reacción. Inclusive también se hablaba de que unos días antes hicieron una operación con las propiedades y empresas más importantes. Por lo tanto, creo que va a merecer una mayor investigación.