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La Agrupación ATE Verde-Blanca expresó en un documento su solidaridad con la comunidad Tusca Pacha y condenamos el accionar del gobierno de Jujuy y la empresa Sucre.
El texto
En el día de ayer, el gobierno de Jujuy, volvió a cometer un abuso de autoridad en contra de la comunidad de Tusca Pacha de los Alisos de Palpalá y en favor de los intereses económicos de funcionarios-empresarios.
A través del fiscal Walter Hugo Rondón y el ayudante de fiscal Martín La Villa y apoyados por decenas de efectivos de la policía de la Provincia, se realizó un nuevo desalojo de una comunidad originaria, se destruyó el trabajo la producción de huertas, de alimentos de la comunidad y se detuvo a la compañera Rosa Gutiérrez, por defender el derecho comunitario y reclamar la orden para semejante atropello.
Una vez más, el interés económico de una empresa de funcionarios, en este caso la empresa Sucre y el funcionario Javier Gronda, pasan topadoras sobre los derechos de la comunidad, derechos por ser originarios, por estar desde hace muchas décadas viviendo, trabajando y cuidando el lugar, todo eso protegido por acuerdos de la OIT, la Constitución Nacional, leyes y acuerdos nacionales; además de la vigente ley nacional 26.160 (de emergencia de posesión y tenencia de la tierra de comunidades indígenas) y el Protocolo para el Abordaje en Conflictividades de Tierras y las Comunidades Indígenas del Ministerio Público de la Acusación.
Esta situación ya había ocurrido en octubre del 2020, también con detenciones y abusos por parte del gobierno y en la actualidad está judicializada y sin resolución.
Sin embargo, el gobierno de Morales y/o la empresa Sucre utilizaron los servicios del cuestionado fiscal Rondón y la policía provincial para violentar derechos, destruir el trabajo de una familia y avanzar en los negocios de funcionarios-empresarios
Por tal motivo, exigimos el cese de los abusos y atropellos a la comunidad Tusca Pacha, el respeto de los derechos de los Pueblos Originarios y Campesinos, la reparación del daño ocasionado a la familia Maraz por la empresa y el gobierno.
Asimismo, exigimos el cese de la persecución judicial a quienes no se dejan avasallar y reclaman, como es el caso de Rosa Gutiérrez quien, si bien ya fue liberada, quedó imputada por defender sus derechos.
