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En medio de la jornada de paro, con alto acatamiento, los dirigentes de la Intersindical de Trabajadores Estatales (ITE) anunciaron que no tomarán medidas de fuerza durante enero y que pedirán una audiencia con el gobernador Eduardo Fellner, en la que insistirán con los reclamos sobre la liquidación del medio aguinaldo, la ayuda extraordinaria y un salario inicial de 8.500 pesos para la administración pública.
Respecto del medio aguinaldo, demandan que no se incluyó en el cálculo el aumento de 300 pesos otorgado en septiembre. Reclaman además que la ayuda extraordinaria sea de 2.000 pesos, en lugar de los 1.300 que dio el gobierno en tres cuotas: una de 500, que ya se pagó, y dos de 400, que se abonarán en enero y febrero. Finalmente, los sindicatos de la ITE quieren 8.500 pesos de salario inicial, tal como se le dio a la Policía provincial el 9 de diciembre, más allá de que existen rumores acerca de la posibilidad de que el gobierno desconozca el acuerdo firmado bajo extorsión, como ya anunciaron algunas provincias.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Fernando Acosta, confirmó que no tomarán medidas de fuerza durante este mes: «Debido al inicio del período de ferias y vacaciones, que lleva a que muchos sectores estén totalmente cerrados durante enero, no vamos a hacer medidas de fuerza como Intersindical», aunque aclaró que podría haberlas por sector: «Por ejemplo en los municipios donde no han pagado como corresponde, o en algún sector con un problema en particular”, explicó.
Acosta dijo que pedirán audiencia al gobernador «para empezar a definir la política salarial para este año», y que allí van a demandar «lo que el Ejecutivo ha decidido como salario de bolsillo para los policías, reconociendo que eso es lo mínimo que debe ganar un trabajador».
«Tenemos respuestas y argumentos para sostener ese reclamo y queremos comenzar a discutirlo ahora, para que no llegue el mes de febrero y digan que iniciamos huelgas de golpe”, agregó el dirigente.
Marcha atrás
Algunos gobiernos provinciales, como los de Chaco y Entre Ríos, desconocieron el acuerdo alcanzado en materia salarial con las policías locales, y en las últimas horas trascendió que Jujuy podría ser una de las provincias que se sumen a esa decisión, con el respaldo del Gobierno nacional.
El fundamento para dar marcha atrás es que el convenio se firmó para mantener la paz social, en medio de la conducta extorsiva de los uniformados, pero que en realidad el gobierno de Jujuy no tiene ninguna posibilidad de cumplir con el pago de esos montos, y mucho menos extender la mejora salarial a otros sectores de la administración pública.
Ante ese posible nuevo escenario, Acosta afirmó: «Nosotros planteamos esa cifra, 8.500 pesos, pero no nos basamos en el acuerdo con los agentes policiales sino más bien en estudios económicos y sociales, locales y nacionales, que actualizaron los montos en base a los datos de la Dippec local respecto al real costo de vida en Jujuy”.
Víctor Aramayo, de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap), señaló que el lunes van a pedir una audiencia formal al Ejecutivo, con carácter de urgente, para tratar las paritarias 2014, y que remitirán una copia de la solicitud al Obispo de la Diócesis de Jujuy “para que sepa cómo van las negociaciones”.
