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Después del revuelo, los reclamos, la desesperación y hasta una marcha, parecía que el jueves pasado había llegado la solución: la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, prometió ese día que «la semana próxima», o sea, esta que finaliza, aquellos que habían sido despojados injustamente de sus pensiones volverían a recibirlas.
Sin embargo, cumplido ese plazo, apenas 24.600 de las aproximadamente 170.000 personas perjudicadas por esta medida volvieron a gozar de sus derechos.
Según un comunicado de los trabajadores del Ministerio, los trámites para la devolución de las pensiones no fueron cumplimentados, razón por la cual la promesa de la ministra quedó en el aire en la enorme mayoría de los casos.
«Las suspensiones se vienen realizando desde mediados de 2016. Y desde enero de 2017, como denunciamos, el número se incrementó cruelmente», denunciaron los empleados del organismo.
Por otra parte, los trabajadores de la Comisión Nacional de Pensiones del Ministerio de Desarrollo Social advirtieron también las demoras que se producen para el otorgamiento de beneficios desde que se inició el mandato de Mauricio Macri.
«Las pensiones tramitadas durante esta gestión, período 2016/2017, tienen una demora promedio de un año y medio aproximadamente entre el inicio y el otorgamiento», explicaron.
Y reiteraron un hecho que ya había sido denunciado la semana pasada: «Los expedientes acumulados en los pasillos del edificio central de la CNPA fueron trasladados a la sede de Capacitación del Ministerio de Desarrollo Social de la calle Alsina, desconociendo como trabajadores el fin con que fueron enviados a dicha dependencia».
