El día que Milagro Sala cumple 559 días de detención en el penal de Alto Comedero, se enteró por teléfono de que Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió finalmente la cautelar a su favor y dispuso que el Estado argentino, por ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debe otorgarle la libertad, tal como había solicitado el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
El organismo internacional aclara en su resolución: “0, en su defecto, concederle la detención domiciliaria o la libertad vigilada por medios electrónicos». Exige además al Poder Ejecutivo que respete los tratados internacionales que tienen rango constitucional y son derecho vigente en la Argentina.
En la Resolución 23/16, la CIDH recorre a lo largo de 17 páginas los antecedentes de las presentaciones y dictámenes acerca de la situación de la dirigente social, detenida desde el 16 de enero de 2016. La cautelar había sido presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Aministía Internacional y Andhes.
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La cautelar aceptada por la CIDH contra el Estado argentino es la primera de este tipo en toda la historia del organismo de derechos humanos.
El titular del CELS, Horacio Verbitsky, destacó en conferencia de prensa que el pronunciamiento de la CIDH se da «en función a las irregularidades que el Estado ha cometido» y explicó que los integrantes del organismo internacional se limitaron a una recomendación debido a que están «imposibilitados de pronunciarse sobre cuestiones de debido proceso» a partir de una cautelar.
Minutos después de que se difundiera el dictamen, el gobierno nacional le pasó rápidamente la pelota al gobierno de Gerardo Morales, a través de un comunicado del Ministerio de Justicia en el que afirma que «comunicará dicha solicitud a las autoridades judiciales y administrativas de Jujuy para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales”.
Al respecto, Verbitsky dijo: «Celebramos que el Gobierno Nacional respete el sistema interamericano de derechos humanos, pero se ratifica cumpliendo las resoluciones».
La CIDH consideró en la resolución que la dirigente «se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable», según constataron durante la visita que realizaron el pasado 16 de junio.
Además, advierte sobre el riesgo de la criminalización del liderazgo social y señala que la prisión preventiva «debe estar limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. La prisión preventiva es una medida que no debe ser punitiva».
El Estado nacional tiene 15 días para comunicar de qué manera dará curso a la resolución del organismo internacional.
El punto 45 de la resolución remarca: «El Estado Argentino de conformidad con sus obligaciones internacionales se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detencion Arbitraria (GTDA) de la ONU, que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata».
Alejandro Garfagnini, referente de la Tupac Amaru, señaló que «este es un gran triunfo del equipo de defensores de Milagro, que desde el primer momento han denunciado la ilegalidad de la detención y el agravamiento del hostigamiento en el penal y por parte del Poder Judicial que en Jujuy responde al Poder Ejecutivo».
«También es el triunfo de los organismos de derechos humanos que nos han acompañado denunciando al mundo este verdadero atropello a la legalidad. Y, por supuesto, un gran triunfo del CELS, de Amnesty, de Andhes y del Comité por la Libertad de Milagro Sala que han sostenido todo este tiempo que se han violado las garantías constitucionales y se ha suspendido el estado de derecho en Jujuy con el aval de Mauricio Macri».
«Nuevamente los organismos internacionales vienen a hacer justicia frente a las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país en el caso de Milagro, así como sucedió durante el terrorismo de Estado», declaró Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados de Sala, y agregó: «La Comisión entendió que el caso de Milagro cumplía con los estándares de urgencia, gravedad e irreparabilidad, y que la concesión de esta cautelar está vinculada con salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad física entendiendo que parte de esta detención está vinculada a que Milagro es una lideresa social, es mujer e indígena».
A su vez, desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala destacaron que «a pesar de intentar poner todos los palos en la rueda, formalmente fue el Estado nacional el que dijo haber invitado a la CIDH a Jujuy, de modo que ahora no pueden hacerse los distraídos con esta resolución», y recordaron que el titular del organismo, Francisco Eguiguren, «fue muy claro respecto a este punto cuando salió del penal y expresó que la Comisión entiende que sus recomendaciones son para que el Estado las cumpla».
En la medida cautelar emitida hoy por la CIDH, el organismo solicita al Estado nacional que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Milagro Sala en el contexto de detención preventiva en el que actualmente se encuentra».