El Conicet recomendó no avanzar «en el corto ni mediano plazo» en el voto electrónico

Por Ari Lijalad, en Nuestras Voces. El Ministerio del Interior solicitó un informe al Conicet para que analizara la factibilidad de la implementación del voto electrónico. En el documento, al que accedió Nuestras Voces, se recomendó no avanzar en la implementación de este sistema para emitir el voto. Sin embargo, el Gobierno demoró su publicación más de una semana. Ahora Mauricio Macri deberá decidir si avanzar o no con la aplicación de esta tecnología pese a la evidencia que le aporta el mejor organismo científico de América Latina sobre los riesgos que acarrea.

“Se recomienda no avanzar en el corto ni mediano plazo con la implementación de un sistema electrónico para la etapa de emisión de voto”. Esta frase es parte de las conclusiones de un informe elaborado por el Conicet a pedido del Gobierno y choca de frente con la insistencia de Mauricio Macri de implementar el voto electrónico en todo el país.

El informe de 54 páginas lleva el título de “Análisis de factibilidad en la implementación de tecnología en diferentes aspectos y etapas del proceso electoral”. Pese a que tanto desde el Conicet como desde el Ministerio del Interior intentaron negarlo, el informe reconoce en su primera frase: “Este documento tiene por objeto realizar un análisis de factibilidad de un sistema de voto electrónico que contempla a la boleta única, a requerimiento del Ministerio del Interior”. Es decir, lo pidió el Gobierno, con la esperanza de que el resultado fuera un “ni” que le permitiera argumentar, gracias a su impunidad mediática, que algún científico o especialista en el tema avalaba su capricho. No fue el caso.

Macri ahora tiene un dilema: si, como hasta ahora, desoír la voz de los especialistas, descartar la evidencia de los riesgos del voto electrónico e ir en contra de lo que hacen la enorme mayoría de los países del mundo; o, por el contrario, rendirse a la evidencia que le aporta el mejor organismo gubernamental de ciencia de Latinoamérica.

La realización e incluso las conclusiones de este informe eran un secreto a voces, pero el Gobierno demoró su publicación más de una semana. En el medio, hubo numerosos reclamos públicos de organismos y referentes del mundo de la seguridad informática.

El informe lo elaboró una Comisión Asesora integrada por diez especialistas. La coordinación técnica estuvo a cargo de Jorge Andrés Díaz Pace, del Instituto Superior de Ingeniería del Software de Tandil (ISISTAN), y Dante Zanarini, del Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas (CIFASIS), y los miembros fueron Ivan Arce, Maximiliano Cristiá, Pablo Mandolesi, Hernán Melgratti, Gustavo Uicich, Nicolás Wolovick, Eduardo Zavalla y Federico Bergero.

Se trata de un trabajo a fondo, que analiza los distintos elementos de un sistema de votación y los riesgos de cada uno, “a fin de proveer información y fundamentaciones para la toma de decisiones” al Gobierno en torno al Voto Electrónico.

El informe busca determinar si se pueden satisfacer las propiedades que debe tener el voto: el secreto, la integridad, la capacidad de auditoría y control del proceso electoral, la igualdad de condiciones para todos los partidos, entre otros. También los aspectos que debería tener cualquier sistema de votación: usabilidad, seguridad, auditabilidad, verificabilidad, confiabilidad, robustez, etcétera. El informe parte de un modelo de referencia de cincos fases que podrían ser automatizadas, y luego analiza los problemas de incorporar tecnología en cada una de ellas. Esta son: 1) emisión del voto; 2) escrutinio de la mesa; 3) generación de documentos; 4) comunicación de resultados; 5) procesamiento de resultados y publicación.

El informe califica a cualquier parte del proceso de votación como un sistema de misión crítica, “debido principalmente a los atributos de calidad en juego y a la reducida ventana de operación donde el sistema debe funcionar ‘casi sin fallas’ (…) Estos sistemas son frecuentes en industrias tales como la aeroespacial, aerocomercial, automovilística, de dispositivos médicos, ferroviaria (incluyendo trenes subterráneos), tarjetas inteligentes, o de energía nuclear”. La cuestión es clave: “los aspectos de Seguridad Informática cobran gran importancia en un sistema de misión crítica ya que, en este caso en particular, un error en el sistema que pueda ser explotado por un atacante podría atentar contra algunos de los principios básicos del voto o el resultado de la votación en general. Por tal motivo, el desarrollo del hardware y software debe estar sujeto, como mínimo, a los principios de construcción para sistemas de misión crítica. Además, dado el carácter social y político del sistema de votación de un país, el hardware y software que se desarrollen o utilicen para tal fin deben poder ser auditados por los ciudadanos y las instituciones”, sostienen los especialistas que elaboraron el informe del Conicet.

Los investigadores definieron niveles de criticidad a cada etapa de un posible sistema electrónico de votación. Lo hicieron en base a colores símil semáforo: el verde no tiene riesgos o compromisos en el sistema; el amarillo donde no están comprometidos los principios fundamentales del voto y los riesgos pueden corregirse en el escrutinio definitivo; el naranja, donde “existen riesgos moderados de alterar el resultado de la elección, sin que esto pueda ser detectado y/o corregido”; el rojo, donde “existe un alto riesgo de comprometer los principios fundamentales del voto y de alterar de forma indetectable el resultado de la elección”. Ningún aspecto de un sistema electrónico tiene color verde.

El informe identifica riesgo amarillo en la comunicación de los resultados y en la generación de documentos (las actas, certificados y telegramas del escrutinio). El conteo ya tiene un naranja donde, según el informe, se eleva el riesgo si además se vota con computadoras.

La emisión del voto ya tiene un rojo, es decir, un alto riesgo de que se pueda modificar la elección sin que se pueda detectar. El informe es taxativo: “No existe evidencia en la actualidad de que sea factible utilizar un dispositivo electrónico en esta fase del proceso de votación sin comprometer requerimientos fundamentales del voto, en particular, garantizar el secreto”. Por ende, cualquier emisión electrónica de voto violaría la Constitución. “El uso de un dispositivo, con o sin registro en papel, al momento de emisión del voto introduce oportunidades de ataque contra el secreto del voto”, agregan.

El sistema de Boleta Única Electrónica (que, vale aclarar, sólo es un tipo de Voto Electrónico) que ya utilizó el macrismo en la ciudad de Buenos Aires y que pretende diseminar por todo el país entra en la calificación roja. De hecho, tal comocontó Nuestras Voces, ya fue hackeado en las elecciones de 2015, hecho reconocido por el entonces candidato Martin Lousteau.

En las conclusiones del informe los especialistas resumen: “Existen resultados teóricos donde se demuestra la imposibilidad de satisfacer simultáneamente tres de los atributos requeridos para el sistema (secreto, auditabilidad e integridad). Esto genera un compromiso entre estos atributos, que se vuelve crítico durante la fase de emisión de voto si esta fase está mediada por una computadora”.

Luego describen los peligros de cada etapa y las condiciones mínimas que deberían resolverse si se quisiera incorporar electrónica a alguna de ellas. El informe sostiene que para desarrollar cualquier fase del sistema de votación electrónica deberían seguirse estándares internacionales “que las empresas de desarrollo de software comercial, en general, no tienen”. En el caso argentino, el monopolio del Voto Electrónico lo tiene la empresa MSA, cuyos servidores fueron hackeados y cuyo código no fue puesto a disposición de la comunidad de seguridad informática, que pese a todo le encontró numerosas fallas.

Los investigadores no se oponen a la tecnología. Simplemente demuestran que el apuro del Gobierno por implementar el Voto Electrónico pone en riesgo la democracia. “La incorporación de tecnología en las diferentes fases debe realizarse en forma gradual y progresiva, mediante proyectos piloto y a menor escala, evaluando cuidadosamente los pros y contras de cada proyecto piloto”, aseguran. Y plantean que es necesario, además, un fuerte desarrollo académico para controlar el proceso.

A finales de octubre varios especialistas y organismo le reclamaron al Gobierno que no implemente el voto electrónico. Entre ellos, la Asociación Civil por la Igual y la Justicia (ACIJ), Directorio Legislativo, Fundación Via Libre, la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y Poder Ciudadano. Además de varios de los autores del informe del Conicet, firmaron el petitorio Ivan Barrera Oro, Enrique Chaparro, la novel presidenta de Transparencia Internacional Delia Ferreira, Leonardo Martínez, Rodrigo Iglesias, Javier Smaldone y Federico Heinz, entre otros. Muchos de ellos también participaron de los debates el año pasado en la Cámara de Senadores, donde el proyecto de voto electrónico del Gobierno tuvo un freno gracias a sus aportes y demostraciones sobre sus vulnerabilidades. Ahora se suma este informe del Conicet, pedido por el Gobierno que todo indica se queda definitivamente sin argumentos.

Ver el informe completo en Nuestras Voces.