A horas del inicio del juicio a Milagro Sala, recusaron a la presidenta del Tribunal por haber reprobado dos concursos

Esta mañana los abogados defensores de Milagro Sala presentaron una recusación en contra de las juezas que integran el tribunal que a partir de este martes juzgará a Milagro Sala y otros integrantes de la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales en la causa que se conoce como “Pibes Villeros”. Fue tras tomar conocimiento que la magistrada que presidirá el tribunal, Alejandra Tolaba, no carece de los conocimientos suficientes para garantizar un juicio independiente y justo.

La jueza reprobó los dos concursos a los que se presentó para integrar el Tribunal Criminal. De hecho, en el último examen directamente no fue considerada en el orden de mérito.

Pero los concursos reprobados no son los únicos motivos por los que la defensa de Sala recusa a la jueza. El 29 de junio pasado el Tribunal emitió una resolución en la que rechazó toda la prueba documental y pericial ofrecida por la defensa, y solo habilitó 15 de los 57 testigos que había presentato. En las últimas horas se reveló que el escrito en el que fundamentan ese rechazo, copiaron de manera textual, sin referencia de cita alguna, los votos de otros magistrados en diferentes causas: puntualmente del juez Mariano Borinsky, de la Cámara de Casación Penal, en la causa conocida como “Acro” y que no tiene relación alguna con la que comenzará a debatirse a partir de este martes.

«Estamos en estado de indefensión absoluta más allá de que Milagro y los cooperativistas tengan una defensa técnica apropiada; porque el derecho a la defensa no es solo contar con abogados sino también contar con pruebas. Y de un plumazo y sin fundamentos se rechazaron todas. O mejor dicho con fundamentos aparentes, podría decir, porque vemos que gran parte de la resolución en la que nos rechazan ha sido copiada y pegada de otra resolución de otro juez de otra jurisdicción, que no tiene nada que ver con lo que se va a sustanciar mañana. Porque las juezas han copiado una resolución de rechazo de una causa por un asesinato», afirmó el abogado Luis Paz en diálogo con El Submarino Radio (91.5).

Por su parte, el abogado Matías Duarte aseguró que el pedido de recusación está fundado porque «existe un temor objetivo respecto a la imparcialidad de las magistradas que deben intervenir en este juicio». Y adelantó que «en caso de persistir, esto llegará a la Corte Suprema de la Nación y eventualmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», adonde plantearán «la responsabilidad del Estado argentino por el hecho de sustanciar procesos penales en los que se priva a una de las acusadas a producir pruebas esenciales para esclarecer los hechos y, fundamentalmente desincriminarse, porque nuestra defendida tiene derecho a que los hechos se esclarezcan y obtener una absolución en el marco de este juicio».

Reprobada

Según la investigación periodística publicada en El Cohete a la Luna el pasado jueves, Alejandra Tolaba se presentó a dos concursos para integrar la Cámara del Crimen. En el primero obtuvo una calificación de 15/40 y en el segundo de 16/40 en lo que se conoce como “Prueba de Oposición” y que consiste en el análisis de un caso concreto, que evalúan docentes de la Universidad Nacional de Tucumán.

Si bien Tolaba ingresó quinta al orden de mérito en el primer concurso, gracias a la prueba de antecedentes y a una entrevista con el Tribunal Evaluador que integran distintos jueces -entre ellos los nombrados por Gerardo Morales de la noche a la mañana en el Superior Tribunal de Justicia-, en el segundo -tras la modificación del reglamento de concursos- ni siquiera fue considerada en la terna elevada al Poder Ejecutivo, debido al bajo puntaje obtenido en el principal examen.

A la hora de evaluar los exámenes presentados por Tolaba, el Tribunal Evaluador consideró, entre otras cosas, que “la concursante no ha dado debido tratamiento a situaciones fundamentales para la solución del caso”.

En este marco, los abogados de Sala indicaron que las críticas realizadas por los docentes se vieron reflejadas en la primera intervención de la jueza. “En efecto -señalaron en el escrito de recusación-, la resolución del Tribunal de fecha del 29 de junio de 2018, referida a la admisibilidad de la prueba y a la resolución de las excepciones planteadas por las partes en la audiencia destinada a tal fin, adolece, justamente, de escasa fundamentación y de suma liviandad en sus conclusiones, al tiempo que no responde planteos de las partes”.

Recuerdan además que Tolaba es jueza con competencia en lo correccional, y que solo se encontraba ‘habilitada’ para intervenir en la causa Pibes Villeros, en la que tomó el rol de Presidenta. «En consecuencia, podemos afirmar que no era la jueza natural para el caso», concluyen.

Por otra parte, advierten: «La circunstancia comprobada de que desaprobó todos los exámenes para el cargo en el que ‘interinamente’ se encontraba cumpliendo funciones, da cuenta de que no reúne la idoneidad o competencia requerida para el cargo.»

«De ser confirmada la Dra. Tolaba en su cargo, Milagro Sala, quien ya desde un principio tiene motivos fundados para mostrarse escéptica respecto a la independencia del Poder Judicial provincial –tres organismos internacionales calificaron como arbitrario su accionar-, será expuesta a ser juzgada por una persona cuyos dos antecedentes conocidos en la resolución de casos penales  reflejan una total falta de preparación para la labor que se le ha asignado por vía de habilitación”, completan los abogados.

«Si les queda decencia, deberían apartarse; y que se nombren nuevos jueces para que se lleve adelante el juicio», afirmó Paz, y agregó: «Nosotros somos los principales interesados en que se lleven adelante estos juicios. Desde la acusación dictaminada por el ministerio hasta el rechazo de la totalidad de la prueba, estamos en presencia de un proceso que tiene su sentencia dictada. Hemos presenciado durante este años y medio la verdadera intención del Poder Ejecutivo, en connivencia con el Poder Judicial, de engañar a la opinión pública y a los organismos que han venido a presentarse».

En este sentido, Paz recordó que en enero de 2017, previo a la visita de organismos de derechos humanos, se revelaron conversaciones entre el fiscal de Estado Mariano Miranda, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Clara Langhe de Falcone y el estudio Gil Lavedra en Buenos Aires a los efectos de engañar a la Comisión Interamericana, «entonces todo el desarrollo de esta persecución política legal contra Milagro y la organización Tupac Amaru tiende condenar, tanto a Milagro como la organización».

Ctrl C / Ctrl V

En relación a la investigación del periódico El Expreso, que dio cuenta que en diferentes partes del resolutorio al que se hizo mención se copió de modo textual los votos de otros magistrados en otras causas, los abogados señalaron: «El plagio supone que las magistradas recusadas no han realizado la labor intelectual propia de su función jurisdiccional, pues los juicios de valor realizados sobre la actividad de las defensas, sus planteos y las razones de su rechazo son los realizados por el Dr. Borinsky en la causa ‘Acro’; consecuencia lógica de este hecho comprobado es la ausencia de labor intelectual de las magistradas recusadas en los párrafos transcriptos e indebidamente plagiados”.

“Este escándalo jurídico impide que sean estas magistradas las que dicten una sentencia judicial, que puede implicar una condena penal. A los temores de Milagro Sala sobre la independencia del poder judicial, se suma el de ser juzgada por tres magistradas que para rechazar los agravios violatorios a sus garantías constitucionales, copian y pegan párrafos de otras resoluciones, haciéndolos propios”, indicaron.

«Al menos hubieran tenido la delicadeza de decir ‘citamos este fallo que pertence a tal persona’, proque los jueces suelen citar fallos para llevar a razonamiento a una causa similar», comentó Paz.

Secreto

Además de las graves irregularidades por las que fue recusada la presidenta del Tribunal, la defensa de Milagro Sala reclamó que a horas de iniciarse el debate las juezas no informaron si se autorizará o no el ingreso de la prensa a la sala. “Está claro que ante el desconocimiento del derecho penal de las magistradas, del que nosotros ya sabíamos por las resoluciones que emitieron a lo largo del proceso, pero que en estos últimos días tomaron estado público, las juezas no quieren exponerlo abiertamente”, señalaron desde la Tupac Amaru.

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