Comenzó en Perú el juicio a Fujimori por las esterilizaciones forzadas

Un nuevo juicio al encarcelado expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) y otros exfuncionarios, inculpados por la esterilización forzada de miles de mujeres pobres, muchas de ellas indígenas, fue abierto hoy, luego de la histórica decisión del gobierno de promulgar una ley que permitirá indemnizar a las miles de víctimas que fueron sometidas a esta práctica sin su consentimiento.

Fujimori y los otros inculpados, entre ellos tres exministros de Salud, «hicieron mucho daño con su política», afirmó el fiscal Pablo Espinoza al presentar los cargos en una audiencia a distancia que contó con un traductor de lengua quechua porque algunas de las víctimas son indígenas que no dominan el español.

El fiscal afirmó que los inculpados «jugaron con las vidas y la salud reproductiva de las personas, sin importarles el daño» causado, según la agencia de noticias AFP.

Fujimori -que cumple una condena de 25 años por violaciones de derechos humanos- no participó de la audiencia pues solo está obligado a comparecer por casos incluidos en el proceso de extradición desde Chile, en septiembre de 2007.

El proceso llegó más de dos décadas después de que unas 270.000 mujeres fueran sometidos a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio -y unos 25.000 hombres, a vasectomías- como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, un plan para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder.

La mayoría de las víctimas eran indígenas y muchas padecieron severas secuelas físicas e incluso complicaciones derivadas de la cirugía que las llevaron a la muerte.

No se sabe con exactitud cuántas mujeres murieron por las esterilizaciones forzadas.

Las víctimas también padecieron secuelas psicológicas y muchas de ellas fueron abandonadas por sus maridos al no poder tener hijos.

El Estado peruano reconoció el mes pasado el derecho de las víctimas tras la aprobación de un nuevo texto del Plan Integral de Reparaciones (PIR), un programa para víctimas del conflicto interno que enfrentó a las fuerzas armadas con grupos irregulares entre 1980 y 2000.

La indemnización fue aprobada gracias a una campaña promovida por la excongresista indígena Tania Pariona junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

Entre los otros imputados figuran los exministros de Salud Alejandro Aguinaga (médico personal de Fujimori y actual candidato al Congreso por el fujimorismo), Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. Tambien hay otros dos exfuncionarios locales acusados.

En el proceso, a cargo del juez penal Rafael Martínez Vargas, Fujimori y sus colaboradores están acusados de ser «autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos» contra mujeres quirúrgicamente esterilizadas entre 1996 y 2000.

El magistrado dijo que llevaría adelante el juicio «sin afectar los derechos fundamentales de ninguna de las partes».

El proceso puede demorar varios meses e incluso años.

Actualmente, Fujimori, de 82 años, está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que, amparándose en una supuesta «operación antiterrorista», los militares asesinaron a una veintena de personas.

También recibió otras condenas menores por casos de corrupción, aunque en realidad solo cumple aquella pues en el Perú, en caso de tener más de una sentencia a prisión se cumple únicamente la más larga.

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