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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó hoy por segunda vez por inconstitucional el proyecto de la Ley de Defensa de la Dolarización, presentado por el presidente saliente Lenín Moreno, que pretende privatizar el Banco Central, informó la legisladora Ana Belén Marín.
Con cuatro votos a favor de siete miembros, el CAL decidió devolver el proyecto, basándose en un informe de la Unidad Técnica Legislativa.
La asambleísta por el partido Cotopaxi y primera vocal del CAL, Marín, explicó que el proyecto presenta 14 inconstitucionalidades.
“No permitiré que una ley que, por más compromisos que se tenga con organismos internacionales, transgreda la constitución”, enfatizó la funcionaria, citada por el diario El Comercio.
Según Marín, con el proyecto pretende privatizar al Banco Central del Ecuador (BCE).
Esta es la segunda vez que el Legislativo le rechaza el documento al presidente Moreno, luego de presentarlo por primera vez el pasado 10 de febrero, días después de los comicios presidenciales y en medio de la incertidumbre poselectoral por quién pasaría al balotaje con el correísmo.
En aquel momento, la iniciativa también fue devuelta argumentando problemas de forma.
La última gran apuesta económica de Moreno, un proyecto de ley para hacer independiente al BCE, es una medida que algunos especialistas advierten condicionaría al próximo Gobierno y que ya fue denunciada por el ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz, como «una privatización».
La iniciativa, que contempla 84 reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, forma parte de las metas incluidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de agosto de 2020 y su aprobación permitiría el desembolso en mayo próximo de otros 400 millones dólares al país.
Según afirmó el Gobierno, uno de los objetivos del proyecto es dotar de autonomía al BCE para «evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado».
No obstante, hay expertos que advierten sobre la «mal llamada» independencia del BCE y sus consecuencias en la maltrecha economía ecuatoriana, cuya situación ha empeorado drásticamente con la pandemia.
La reforma genera también controversia por darse en un contexto de transición de poder, en el que el Gobierno de Moreno -con la popularidad por el suelo y tras una derrota total de su partido en las elecciones- busca garantizar la continuidad de sus políticas económicas más allá de su mandato presidencial y de quién lo suceda.
