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Integrantes de la Comisión que investiga hechos de violencia institucional cometidos en Jujuy continúa recibiendo denuncias y testimonios de personas que fueron fueron víctimas de la represión estatal desplegada desde junio de este año en el marco de movilizaciones y expresiones de rechazo al proceso de reforma de la Constitución provincial. Este sábado será la última jornada de trabajo en la provincia.
Se trata de la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional, que fue creada por decreto por el presidente Alberto Fernández, que tiene plazo hasta el próximo 5 de diciembre para emitir un informe que se entregará al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Integrantes de ese cuerpo investigativo están en Jujuy para completar su tarea de recopilación de denuncias. Hasta el momento, recibieron 350, que calculan que al terminar el trabajo llegarán a cerca de 500. El informe final será entregado además a las autoridades de la provincia, a organismos internacionales de derechos humanos y a los abogados de las víctimas.
La Comisión está recibiendo denuncias en San Salvador este viernes en la sede del Cedems (Balcarce 162), entre las 9 y las 21 hs, y este sábado en calle Esteban Echeverría 663, Barrio Gorriti, de 9 a 18 hs.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Leonardo Pérez Esquivel, sociólogo, sindicalista y referente de derechos humanos, detalló: «Hemos estado relevando comunidades en distintas zonas de la provincia y ahora estamos en San Salvador para recoger más testimonios sobre la represión».
Pérez Esquivel relacionó los hechos que investigan con los secuestros y detenciones cometidos en 1976 por el aparato represivo de la dictadura cívico militar en el Ingenio Ledesma, donde se usaron camionetas de la empresa: «Ahora han usado camionetas Amarok con policías con uniformes y de civil, que recorrían haciendo detenciones y entrando en casas sin órdenes judiciales, de forma violenta».
«Estas son situaciones que no deberían ocurrir -continuó-. En su momento dijimos Nunca Más para que pueda haber una convivencia democrática. Y a nosotros nos parece que este informe va en camino de ese objetivo, que haya una reconstrucción de la convivencia democrática, como un balizamiento del camino que indique que la democracia no puede aceptar este tipo de represión o de persecución».
Remarcó luego que estos hechos represivos y persecutorios no ocurrieron solamente en los meses en que se discutía la reforma constitucional, sino que «siguen hasta ahora con sanciones, intimidaciones y muchas contravenciones» con las que, aseguró, «se busca disciplinar».
«La comunidad en algún momento va a tener que componer un espacio de convivencia que no sea persecutorio», agregó.
Más allá de los hechos relacionados con la represión a las protestas contra la reforma, Pérez Esquivel mencionó «reclamos históricos que no están resueltos», y enumeró: «La situación de los docentes, que no se haya terminado el relevamiento de tierras, conflictos de comunidades originarias con emprendimientos empresarios, principalmente mineros, que afectan la provisión de agua».
«Estos problemas son en parte estructurales, pero hay ciertas políticas que el Estado democrático debería asegurar, como es el acceso al agua para beber, para permitir la cría de animales y para riego, porque hay emprendimientos que ponen en cuestión la subsistencia de la gente», señaló.
En este sentido, Pérez Esquivel se refirió también a «otros planos con legítimos reclamos», como los de trabajadores estatales, docentes y personal de la salud que recibieron sanciones por haber participado en medidas de fuerza por demandas salariales. «El Gobierno, si quiere tener una política de convivencia, debiera reconsiderar esas medidas», comentó.
El informe que entregará la Comisión al Poder Ejecutivo tendrá «recomendaciones», indicó quien es además hijo de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1979 y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). «Esperamos que sean escuchadas y que esa convivencia se pueda restaurar», señaló.
«Esperamos que en este 10 de diciembre, que vamos a celebrar los 40 años de democracia, el Nunca Más sea el camino señero, el camino de la convivencia democrática que queremos», completó.
-Como referente de derechos humanos, ¿cómo ve el panorama frente al gobierno que asume el 10 de diciembre?
-Nosotros enfrentamos la dictadura en su momento, con muchas otras personas, con organizaciones de derechos humanos. Ahora hay nuevos desafíos. Sin entrar en discusiones sobre cuánto mercado o cuánto estado debe haber, todos los que trabajamos derechos humanos tenemos muy claro que el mercado no es el asegurador de derechos. La construcción de derechos es un proceso colectivo en el que se construye institucionalidad, se construyen espacios de participación con una referencia ética cultural para que esos derechos puedan canalizarse y puedan realizarse. Eso es lo que plantea la Constitución Nacional y los tratados internacionales que la Argentina ha firmado.
-En el mundo se ve a Argentina como un ejemplo en la materia.
-Así es. La Argentina ha sido durante todos estos años un país de avanzada en cuanto a lo que es la lucha por los derechos humanos en todos los planos. La violencia institucional de la dictadura, los juicios de lesa humanidad, la violencia institucional de las fuerzas de seguridad. Siempre hay nuevos desafíos. Incluso con los derechos económicos sociales, que se tienen que preservar porque el mercado no los resuelve. El alineamiento del desarrollo democrático pasa por estos procesos comunitarios, por la solidaridad, por encontrar formas de unión en la diversidad, porque la democracia siempre tiene que considerar las diferencias que se pueden procesar. Y hay principios éticos que deben asegurarse. Eso es lo que estamos haciendo
‘Gravedad preocupante’
Los cientos de testimonios y relatos que vienen escuchando muestran, según señaló Mariana Katz, abogada del Serpaj, una situación de «gravedad preocupante», y comentó: «Violencia institucional no implica solo que la policía te pegue con una cachiporra; es mucho más amplio, como no atender a personas heridas en un hospital», en referencia a lo ocurrido el 20 de junio en San Salvador de Jujuy, cuando se negó asistencia a quienes presentaban lesiones por el accionar represivo.
«Estamos haciendo un análisis mucho más profundo para ver quiénes dan las órdenes, porque todo esto es vertical y jerárquico”, precisó Katz.
Por su parte, Alicia Montoya adelantó que la semana que viene van a entregar su informe al Poder Ejecutivo, quien se ocupará de elevarlo a la Cámara de Diputados y a la Corte Suprema de Justicia.
Amplían plazo para que Comisión que investiga violencia institucional en Jujuy emita su informe
