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Los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF confirmaron que abrirán un nuevo frente legal tras el fallo que favoreció a la Argentina en Estados Unidos. El fondo Burford Capital, que financia la demanda, anunció que llevará el caso ante un tribunal internacional de arbitraje.
La estrategia tiene dos caminos paralelos. Por un lado, acudirán al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo que depende del Banco Mundial. Por el otro, pedirán que la Corte de Apelaciones de Nueva York revise su propia sentencia. El objetivo es revertir el fallo de hace un mes, cuando la justicia estadounidense dejó sin efecto una condena que obligaba al Estado argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares.
Los abogados argentinos ya fueron notificados sobre el inicio del procedimiento ante el CIADI. La presentación para solicitar la revisión en Nueva York, en tanto, se concretaría antes del 8 de mayo.
Dos instancias para mantener la demanda
La decisión de acudir al CIADI abre un escenario diferente al que se venía desarrollando en los tribunales estadounidenses. Este organismo funciona como árbitro internacional en disputas entre Estados y empresas privadas, con reglas y procedimientos distintos a los de la justicia común.
A diferencia de un tribunal nacional, el CIADI no evalúa si una ley local fue bien o mal aplicada. Su función es determinar si un Estado violó compromisos internacionales de protección a inversores extranjeros. La presentación ante este organismo fue comunicada formalmente ante la jueza Loretta Preska, quien había dictado el fallo inicial en el litigio.
En paralelo, Burford Capital anticipó que buscará que la Corte de Apelaciones reconsidere su propia decisión. Ese pedido de revisión debe presentarse dentro de los plazos procesales, y el fondo ya adelantó que lo hará antes de la fecha límite.
El fallo que cambió el rumbo del caso
Hace un mes, la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la condena contra la Argentina. El tribunal consideró que la interpretación de la legislación argentina realizada en la instancia anterior había sido incorrecta.
El fallo dejó sin efecto la sentencia que ordenaba pagar la multimillonaria indemnización a los ex accionistas que reclamaban compensación por la nacionalización de YPF en 2012. Esa medida había sido impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado recuperó el 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol.
El caso se convirtió en uno de los litigios más relevantes que enfrentó la Argentina en tribunales del exterior. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había expresado su posición en respaldo de la Argentina antes de la resolución, un apoyo que fue considerado clave por los abogados del Estado nacional.
