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El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recibirá este lunes en Ginebra, de manos del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, un informe en el que advierte sobre los discursos del odio, cuestiona la actuación del Poder Judicial y critica al gobierno de Mauricio Macri. Será en el marco de la reunión en la que Argentina rendirá su Examen Periódico Universal (EPU).
El contenido del documento, cuyo escrito se presentó en el organismo internacional a fines de octubre del año pasado, se conoció este sábado y fue fuertemente cuestionado por los principales referentes de Juntos por el Cambio.
En un título «Cuestiones emergentes: principales desafíos», el informe elaborado por la SDH le hace un «llamado de atención» a la ONU por los «discursos del odio» que han proliferado y advierte sobre lo que implican para la convivencia democrática.
«Han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner», señala el documento.
Según el informe, «se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional».
«Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’. Desde el actual gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare –impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático– constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública», subraya el documento.
Sobre las causas que involucran a la titular del Senado, la Secretaría señaló que «se violan garantías fundamentales del Estado de derecho bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción».
«Se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal», agrega.
Además, el informe asegura que las causas penales se impulsan «únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares», mientras que «los poderosos se mantienen en la impunidad» Y cita como ejemplo a quienes permitieron o avalaron el “endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”.
La presentación de Pietragalla Corti ante el Consejo de Derechos Humanos está prevista para las 14.30 hora de Ginebra, las 10 de la mañana de Argentina. Según adelanta la periodista Luciana Bertoia en Página/12, el secretario tiene previsto dar dos nombres para ejemplificar la persecución política por vía judicial: el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el de la dirigente social Milagro Sala, que esta semana cumplió siete años de detención y le reclama al Presidente que firme el indulto que le devuelva la libertad.
La exposición de los funcionarios argentinos se extenderá durante tres horas y media. Después del discurso, habrá más de 100 preguntas por parte de los Estados miembros y los funcionarios de Naciones Unidas.
La delegación estará encabezada por Pietragalla y dos funcionarios de la SDH, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional, Andrea Pochak, y el jefe de gabinete, Nicolás Rapeti. Estarán también Federico Villegas Beltrán, presidente saliente del Consejo de Derechos Humanos y representante permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, y Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos de la Cancillería.
Las sesiones en el Consejo se extenderán hasta el 3 de febrero. Para entonces, se conocerán las recomendaciones preliminares que harán desde ese órgano de Naciones Unidas al país. A finales del gobierno de Macri, el relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, ya había alertado sobre las prácticas sistemáticas contra quienes no comulgaban con el gobierno de Cambiemos.
Rechazo de JxC
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio repudió el informe en un comunicado en el que expresa: «Insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera, la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista».
El principal frente opositor del país afirma que «es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
«Repudiamos el accionar de los representantes del gobierno y pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de derecho, cuando hace exactamente lo contrario mientras el gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia con un ridículo pedido de juicio político», indicó Juntos por el Cambio.
El juntosporelcambismo dice que el Gobierno nacional le miente a las Naciones Unidas «respecto de lo que denomina un ‘criminal endeudamiento del gobierno anterior'», y recuerda que la deuda con el FMI contó con la aprobación del Congreso «y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales».
Más adelante ponen en duda la existencia de «una supuesta ‘lawfare’, y afirman que se trata de una «excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior Administración de gobierno». E interpretan que, en cambio, el objetivo «es justificar ante la comunidad internacional la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción».
