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Julio López: informe especial a siete años de su desaparición

juliolopez 02La fiscalía de La Plata realizó un informe sobre las tareas de investigación, en el cual sostiene la necesidad de que otra fuerza de seguridad se sume a la pesquisa. Siguen 17 pistas y analizan más de 5 millones de llamadas telefónicas.

A pocas horas de cumplirse el séptimo aniversario de la desaparición del testigo Jorge Julio López, la Unidad Fiscal que investiga los crímenes del terrorismo de Estado en La Plata se encuentra abocada al análisis y entrecruzamiento de más de cinco millones de llamadas telefónicas producidas en zonas aledañas al domicilio de la víctima entre el 17 y el 18 de septiembre de 2006, tareas de las cuales se puedan desprender elementos para averiguar su paradero y el de los responsables de la desaparición.

 Este trabajo «genera expectativas reales y concretas de obtener resultados, tanto por el nuevo análisis de las pistas subsistentes como también por la investigación dirigida sobre las personas sospechadas conforme el flujo de comunicaciones existente al momento de la desaparición de Jorge Julio López», señala la Unidad Fiscal de La Plata en un informe remitido a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en el que también se refiere la necesidad de que una nueva fuerza de seguridad se sume a las tareas investigativas que ya realizan las policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria.

 La tarea de análisis de llamados telefónicos, que es la que más tiempo insume, se desarrolla en el marco del seguimiento de 17 pistas -cada una, con diferentes sospechosos- abiertas en torno a la búsqueda del testigo. En tanto, otras 34 pistas fueron cerradas en los últimos cuatro años por no haber conducido a resultados positivos.

 Esta información fue detallada por el fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal platense, Rodolfo Marcelo Molina, en un informe remtido al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, en el que se describe el derrotero histórico de la causa y, principalmente, las tareas realizadas por el Ministerio Público Fiscal desde el 18 de septiembre de 2009, cuando quedó a cargo de la dirección de la investigación.

 Se trata de la misma fiscalía que interviene desde 2002 en todas las instancias en los procesos por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción, con lo cual el caso López se sumó a la ya por entonces enorme tarea vinculada a la tramitación de las causas por los delitos del terrorismo de Estado.

 El informe refiere que, en la causa, la mayor parte de las tareas investigativas están a cargo de la denominada «Comisión caso López» de la Policía Federal Argentina, a la cual se le ha proporcionado una copia digitalizada del expediente «instándola a examinar todas las pistas obrantes en la causa, con la expectativa de que con su nuevo estudio se elaboraran y reconsideraran propuestas de investigación».

 En ese sentido, indica el informe, la Policía «comenzó a efectuar las tareas encomendadas por la fiscalía; todo lo cual se visualiza en la sugerencia de nuevas medidas de prueba, sea con el fin de profundizar ciertas hipótesis investigativas, para evacuarlas simplemente, o para concluir con las  mismas, desechándolas».

 La Unidad Fiscal señala que «si bien la tarea encomendada se está llevando a cabo debidamente por la Policía Federal Argentina, la misma resulta poco ágil dado el escaso personal involucrado en este trabajo».

Cruces telefónicos y de fuerzas de seguridad

 El análisis de los entrecruzamientos telefónicos se vio demorado tras el apartamiento, en 2008, de la Policía bonaerense. La fuerza provincial utilizaba para esa tarea un software denominado VAIC, pero la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria, que comenzaron a intervenir con mayor injerencia tras la salida de la bonaerense, operaban con el programa informático I2.

 De tal forma, se inició un largo proceso de migración de los datos para operar con el nuevo software. «Fue menester entonces recuperar tanto el ‘crudo’ de la información aportada por las compañías telefónicas a la Policía Bonaerense, como los consecuentes análisis, informes remitidos por las empresas telefónicas directamente al Juzgado, todo lo que junto con la información sobreviniente fue incorporándose paulatinamente al nuevo sistema», explica la Unidad Fiscal, y advierte que «para esta tarea, la digitalización del expediente efectuada por la Procuración General de la Nación resultó substancial».

 En ese sentido, la Unidad Fiscal refiere que se reunió «la información recopilada en torno a cada sospechado, todo número de abonado telefónico fijo y móvil habilitado a su nombre durante septiembre de 2006, y toda comunicación entrante y saliente vinculada a su respecto en aquel período; así, en cada hipótesis». La dependencia platense del Ministerio Público Fiscal advierte que en cada caso se investiga a más de un individuo y que cada uno, en general, posee más de un teléfono.

 La reunión de esa información también fue complicada. Las distintas operadoras telefónicas demoraron meses en responder y el representante legal de una compañía celular hasta debió ser intimado y convocado a la oficina de la fiscalía para que cumpliera con el pedido.

 Pero la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria no trabajaron juntas. Cuando la PSA logró procesar toda la información a mediados de 2011, la Federal no había concluido de cargar los datos en el sistema I2.

 Fue en este contexto que por decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación dejó de actuar la PSA. La Unidad Fiscal puntualiza en su informe que esa determinación «aparejó numerosos inconvenientes» porque además de la «pérdida de colaboración por parte de una fuerza criteriosa al momento de investigar como la PSA, quedó demorado el curso de la investigación».

 La Unidad Fiscal señala que, de tal forma, debió requerir a la fuerza aeroportuaria toda la información que tenía para remitirla a la Federal. Recién en marzo de 2012 la Policía Federal terminó de cargar los datos, pero una vez que ello ocurrió empezó con inconvenientes técnicos que no le permitían operar el sistema.

Etchecolatz y otras pistas

 Por otra parte, la Unidad Fiscal agrega que, por fuera de la causa judicial sobre la segunda desaparición de Jorge Julio López, ha procurado la detención de todos los funcionarios policiales denunciados en los cuatro testimonios judiciales que brindó el testigo entre 1999 y 2006. Ello se logró recién en agosto del año pasado, aunque algunos imputados oportunamente por López lograron la libertad porque se les dictó falta de mérito.

 Por otro lado, la fiscalía informa que en otro de los legajos realiza tareas destinadas a localizar en el país a una persona que -de acuerdo con información recogida- podría aportar elementos a la causa.

 La representación del Ministerio Público Fiscal agrega que en la causa hubo «sucesivas presentaciones del condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz», quien solicitó declarar porque, según dijo, «tenía información y prueba para aportar». Pero Etchecolatz no declaró nunca, porque en varias oportunidades se negó a ser trasladado. Así, se le sugirió que virtiera sus manifestaciones por escrito pero sólo aportó información que ya había sido publicada por los medios.

 Finalmente, otra de las investigaciones en curso tiene en foco a un ex integrante del Ejército, cuyos antecedentes están siendo estudiados con información requerida al Ministerio de Defensa, pero, indica la fiscalía, «los resultados aun no se han completado, dado que los envíos de legajos -desde la cartera ministerial y desde el Ejército- se efectúan de manera esporádica». La Unidad Fiscal refiere que «no ha podido acelerar la tarea pese a los insistentes reclamos» porque sobre todo ha quedado «a merced de los tiempos que la mencionada institución castrense (el Ejército) imprime, con la preocupación que esto entraña».    

 El volumen y la historia

 La causa que tramitó ante la justicia provincial cuenta con cuatro cuerpos principales y cuarenta cuerpos de anexos. En tanto, la investigación federal se compone de 42 cuerpos principales, a los que a la fecha se le agregan 57 legajos, «en los que se persigue una hipótesis investigativa autónoma en cada uno de ellos, y 64 anexos integrados principalmente por transcripciones de intervenciones telefónicas; legajos y anexos que a su vez se distribuyen en otros tantos y numerosos cuerpos de actuaciones que han sido y siguen siendo analizados por esta Fiscalía, sin hacer mención de las hipótesis perseguidas en la causa principal».

 De los 57 legajos con pistas de investigación, 34 ya fueron cerrados, dado que «se han logrado evacuar la totalidad de diligencias de prueba posibles» sin llegar a un resultado positivo. De los 23 restantes, hay, actualmente, 17 legajos abiertos con pistas autónomas de investigación. Ese número surge de de «la acumulación de algunos de ellos, la remisión (de otros) a otras jurisdicciones por cuestiones de competencia», como también porque «se han hecho las denuncias correspondientes en los casos de encontrar irregularidades, que amén de constituir presuntos delitos autónomos, han logrado en algún punto obstruir o entorpecer la investigación, poniendo en peligro así la pesquisa».

 El expediente tuvo su origen el mismo día de la desaparición de López, el día 18 de septiembre del año 2006, y la investigación de los hechos estuvo, en el comienzo, a cargo de la justicia provincial de La Plata con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 del Departamento Judicial de La Plata.

 El 14 de diciembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la solicitud de la Unidad Fiscal de La Plata y dispuso que que la investigación quedaría a cargo del juzgado federal. Así, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, cuyo titular era por entonces Arnaldo Corazza.

 Hasta el año 2008 la Policía bonaerense actuó en la causa como principal encargada de llevar a cabo las tareas investigativas, hasta que la Cámara Federal de La Plata ordenó su apartamiento de esa función y calificó los hechos que afectaron a López como «desaparición forzada».

 La delegación de la causa en la Unidad Fiscal ocurrió luego de que se inihibiera Corazza, y que remitiera las actuaciones a su par, Manuel Humberto Blanco, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de la capital bonaerense. Blanco resolvió delegar en la fiscalía la dirección de la investigación en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, que otorga discrecionalidad a los jueces de instrucción para delegar las investigaciones en el Ministerio Público o continuar ellos mismos con la dirección del proceso. 

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