La corrupción de lo mejor es lo peor

Por Resistencia Universitaria. La sentencia que sirve de título, retomada de Jerónimo de Estridón, ha sido utilizada por notables autores ante diferentes acontecimientos que vulneraban la imprescindible ética política. Estimando que estamos en presencia de uno más de ellos, ninguna expresión podría ser más apropiada para valorar la iniciativa del Rector de la Universidad Nacional de Jujuy de alterar de manera arbitraria, autoritaria, cínica y oportunista el calendario para la elección de las distintas autoridades de la institución.

Arbitraria es su propuesta al Consejo Superior porque no presenta ningún motivo sustantivo que justifique dicha perturbación en la vida política de la comunidad. Esta valoración se materializa en los considerandos de la  Resolución CS N° 125/21 que no brindan ninguna razón fundada para fijar un calendario electoral que arranca el día 7 de Junio de este año -con sufragio entre 17 y 20 de agosto- cuando los mandatos de los ejecutivos del Rectorado y de las Facultades terminan en Mayo del año 2022. Merece especial atención la redacción del segundo considerando: “Que el mencionado Calendario introduce previsiones relativas a la eventual vigencia de medidas de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio ordenadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica por el COVID-19, minimizando el riesgo de suspensión por el tiempo que se mantuvieran aquellas condiciones.” La clarividencia del rector se asemeja más a la de un oráculo que puede prever las condiciones en las cuales nos encontraremos en el tercer mes del año entrante – fecha en que se debieran realizar las elecciones-, que a una provisoria predicción sustentada en al campo de las ciencias que, a la inversa, permitiría conjeturar una mejor situación por el avance de la vacunación.

Y es autoritaria, porque en una institución democrática correspondería someter a discusión pública una propuesta que involucra la participación de todos y cada uno de los sujetos comunitarios. Tanto las autoridades ejecutivas como los órganos colegiados representan a los distintos claustros de la comunidad universitaria y, para ser respetuosos de la voluntad de sus votantes, debieran considerar cualquier proyecto extraordinario abierto a debate e implementar mecanismos de consulta y discusión. La violencia que subyace en toda práctica decisoria inconsulta lleva implícita la falta de consideración de los distintos agentes de la universidad y de las minorías políticas.

Y es cínica, por utilizar las normas como convenciones sin fundamentos a las que siempre es posible manipular en beneficio propio.

Y es oportunista porque, como es sabido –y no sólo por los miembros de la institución universitaria-, el Lic. Rodolfo Tecchi tiene legítimas aspiraciones de disputar su candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Jujuy en las elecciones nacionales.  La legitimidad se agota en la singularidad de su deseo individual y no puede ser extrapolada para inducir a los órganos democráticos de gobierno a ser cómplices de una propuesta totalmente improcedente salvo la conveniencia, para la propia autoridad rectoral, de mostrar un balance en la disputa provincial.

Los comportamientos democráticos se ven así vulnerados por un uso abusivo y personalista del poder. Y esto en una institución educativa es doblemente criticable: no sólo es condenable la injusticia del hecho en sí, sino también el riesgo de reproducción de esas prácticas de gerenciamiento de poder en aquellos jóvenes que transitan su formación en esta institución. La transparencia y democratización de todas nuestras prácticas, es tal vez el arma más importante –y quizá la única que tengamos- para mantener vivos espacios de libertad y justicia al interior y desde nuestra institución. Las autoridades y los docentes estamos obligados, de acuerdo al preámbulo de nuestro Estatuto, a trabajar por:  “ la formación de hombres y mujeres con elevado sentido ético, socialmente comprometidos y conscientes de los deberes y obligaciones que como ciudadanas y ciudadanos con formación universitaria les incumbe en la comunidad, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto a los derechos humanos, al ambiente, a las Instituciones de la República y a la vigencia del sistema democrático.”. Cualquier práctica política que no considere la ética como su médula es sólo negocio, por más hábil que éste sea. Y esa experiencia de “lo peor”, toma por asalto a la imaginación y al deseo de “lo mejor” desvirtuando la labor que debemos a la sociedad.

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