El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, rechazó el pedido de detención inmediata contra la expresidenta que habían presentado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firmes las condenas en la causa Vialidad.
La jugada de los fiscales no sorprendió, pero sí expuso, una vez más, la dinámica de un Poder Judicial que hace rato dejó de disimular su papel de jugador político y se somete a los poderosos.
La respuesta de Gorini fue tan escueta como previsible: ratificó su decisión de que todos los condenados se presenten en Comodoro Py en un plazo de cinco días hábiles.
Sin excepción, deberán hacerlo de forma presencial, incluso aquellos que, como los exfuncionarios santacruceños José López, Mauricio Collareda y Juan Carlos Villafañe, intentaron esquivar el viaje a Buenos Aires. La orden es clara: en persona.
En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner pidió cumplir la pena bajo arresto domiciliario en su departamento del barrio Constitución, alegando razones de seguridad, su edad de 72 años y el intento de magnicidio de 2022. La Fiscalía aún debe expedirse y el tribunal resolver.
Mientras tanto, Gorini solicitó al Ministerio de Seguridad que informe qué dependencias podrían alojar a los condenados, considerando las condiciones especiales que requiere la ex mandataria. En la Argentina judicial, la política se disputa también en los pasillos de Comodoro Py, más conocido como Comodoro PRO.