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Seis querellas solicitaron este martes que se amplíen las imputaciones para doce de los quince represores que son juzgados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos en cuatro excentros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, y que se incluya el juzgamiento de la apropiación del nieto recuperado número 133, a la vez que destacaron que «estamos en una carrera contra la impunidad biológica».
Se trata del juicio denominado «Brigadas», por los excentros que funcionaron en la Brigada de Quilmes, la de Banfield, la de Lanús y la de San Justo durante la última dictadura militar, debate a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico.
Entre las más 600 víctimas que pasaron por esos cuatro excentros clandestinos están los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices y el de Cristina Navajas, quien fue secuestrada embarazada y dio a luz en cautiverio a un niño que recién recuperó la identidad este 29 de julio último, convirtiéndose en el nieto recuperado número 133.
El TOF 1 juzga al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart, el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci, Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Luis Horacio Castillo y Jorge Di Pasquale.
También juzga a Guillermo Domínguez Matheu, Carlos Fontana, Emilio Herrero Anzorena, Antonio Simón, Enrique Barré, Eduardo Samuel de Lío, Alberto Condiotti y Juan Miguel Wolk.
Durante la audiencia de este martes, la auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal de La Plata, Ana Oberlin, amplió las imputaciones para los acusados: Roberto Armando Balmaceda, Jorge Antonio Bergés, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Alberto Julio Candioti, Federico Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Wolk, Carlos María Romero Pavón y Enrique Augusto Barre.
Durante esta jornada, otras querellas expresaron su adhesión al pedido de ampliación de las imputaciones para 12 de los 15 represores que plantearan la semana pasada la Unidad Fiscal Federal de La Plata y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo.
Las querellas que adhirieron a este pedido fueron la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Justicia Ya, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (Codeseh), el abogado Pablo Llonto, que representa a varias víctimas, y el letrado Germán Camps, que representa a Valeria del Mar Ramírez.
La fiscalía pidió así que se incorporen 16 casos de violencia sexualizada en tanto la querella de Abuelas amplió la acusación contra 7 imputados por la apropiación del nieto recuperado número 133, hijo de Cristina y Julio Santucho.
La abogada querellante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Guadalupe Godoy, expresó la adhesión al pedido de ampliación solicitado la semana pasada por la Unidad Fiscal que juzga delitos de Lesa Humanidad en La Plata por considerar que los hechos juzgados por el TOF 1 «constituyen una unidad de acción y por lo tanto el reproche penal debe realizarse con este alcance para evitar el juzgamiento parcial y la multiplicidad de procesos en el tiempo, para la celeridad y la economía de defensa en juicio».
«La arbitraria fragmentaria de los procesos atenta contra la reconstrucción histórica. No podemos soslayar el paso del tiempo, estamos en una carrera contra el tiempo, contra la impunidad biológica», afirmó.
Remarcó que «es razonable» agotar el juzgamiento de los hechos requeridos y los hechos nuevos surgidos en el debate ya que «respondieron a una unidad final de acción: la de eliminar a un sector de la población que se plasmó en el secuestro, privación ilegítima de la libertar, el homicidio y desaparición».
«No eran conductas aisladas, son conductas conectadas», aseguró y remarcó que se trató de «un hecho histórico integral».
Godoy señaló que «la ampliación se erige como elemento válido contra la impunidad».
La abogada Pía Garralda, de Justicia Ya, expresó su adhesión y remarcó lo que supone para las victimas de violencia sexual relatar una y otra vez en cada juicio lo sufrido. Al solicitar la ampliación de las imputaciones sostuvo que unificar esos delitos a los que ya son juzgados en este proceso «protegerá la intimidad de las víctimas y les evitará un nuevo trauma» al no revictimizarlas.
«Hemos solicitado en reiteradas oportunidades la ampliación por muchos casos que hoy estamos pidiendo su ampliación e insistimos porque las consecuencias son grandes: lleva a la impunidad biológica, los imputados mueren impunes, y muchas víctimas también mueren (esperando justicia)», aseguró.
Consideró que «este tribunal puede revertir parcialmente esa situación haciendo lugar al pedido de ampliación que hemos solicitado».
Josefina Rodrigo, abogada de la APDH, también expresó al adherir a la ampliación de las imputaciones que «el lapso del tiempo nos deja cada vez menos imputados (para juzgar), y víctimas que deben relatar una y otra vez lo padecido».
